Por Jorge Falcone
A mediados de agosto la Red de Estudios Ambientales Bonaerenses de Mar del Plata (REAB MDP – CONICET), presentó uno de los informes de revisión realizados en el marco de la Sub-área: Contaminación de aire, suelos y agua del proyecto: Relevamiento del estado ambiental en la Región y detallaron sobre la presencia de agrotóxicos en las diferentes matrices ambientales. El informe se suma a los cientos de alertas sobre sus consecuencias para la salud y la vida. Ese tipo de alarmas a veces da la impresión de sorprender a La Calle reclamando migajas en la cubierta del Titanic, para no pasar revista siempre a la desatención que les presta El Palacio.
Durante el mismo mes, en apenas una semana, el influyente Consejero de Seguridad Nacional estadounidense Jake Sullivan pasó de tratar de tomarle el pulso a nuestra realidad nacional a justificar ante la opinión pública global la retirada de la OTAN de Kabul. El gran interrogante es hasta dónde pueden converger los intereses de su país en Argentina con la pretensión de nuestro gobierno de crecer dos años seguidos al 8% o más y recuperar lo perdido no solo con la pandemia sino también con el devastador cuatrienio macrista.
La negociación con el Fondo Monetario, a grandes rasgos, ya está cerrada desde hace más de dos meses. Los últimos avances los trajo Sergio Massa de Washington – el niño mimado de aquella administración en el Frente de Todxs -, que negoció en secreto con el Nº2 de Kristalina Georgieva, Geoffrey Okamoto, y con segundas líneas del Tesoro que hasta ese momento no habían abierto aún el diálogo con Martín Guzmán. La última oferta del organismo es un programa de Facilidades Extendidas que incluye refinanciación de la deuda a 10 años con cuatro de gracia, eliminación de la sobretasa de interés para países hiperendeudados y una cláusula paralela que establece que, si el Fondo modifica sus estatutos y habilita programas a plazos mayores, lo firmado se extendería automáticamente. El borrador también establece un “sendero de convergencia fiscal” que apunta al déficit cero en 2025.
A la hora de explicar por qué no se cerró el acuerdo para evitar turbulencias financieras preelectorales si la decisión es acordar igual después de noviembre, las versiones divergen. En Casa Rosada y en Economía argumentan que fue Cristina Fernández de Kirchner quien exigió aplazarlo para después de las elecciones por lo impopular que habría sido defender en el Parlamento los compromisos que deberá asumir el Gobierno en materia de gasto público y regulaciones estatales. En el Congreso, en cambio, apuntan hacia Guzmán: “El que lo demora es él, para durar, porque sabe que esto se cierra y él se va”.
Del otro lado la decisión es de Estados Unidos, amo y señor del directorio con su 16,5% de las acciones y su poder de veto para decisiones clave, como la reforma estatutaria en marcha que habilitaría programas hasta a 30 años de plazo. Según el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, amigo íntimo del Presidente y antiguo vecino de Massa en el barrio Isla del Sol en Rincón de Milberg, Biden -quien bajó siete puntos porcentuales, al 46%, luego de la victoria de los talibanes- está dispuesto a ceder más que en otro contexto porque necesita recuperar el terreno que cedió Donald Trump en Nuestra América. Y también porque la región le ofrece cada vez menos interlocutores confiables y estables. La propia crisis migratoria norteamericana no es ajena a la cuestión: los exiliados afganos no llegan al río Bravo pero los salvadoreños, los colombianos y los peruanos sí, y de a miles por día.
Si el staff del Fondo no opone resistencia a un pacto como el que ofrece Biden es porque considera que el ajuste fiscal ya está hecho. Lo reconocen con algo de vergüenza en el gabinete económico y hasta los popes de la coalición gobernante. Lo denuncia el informe que publicó el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la CTA que conduce Hugo Yasky, candidato oficialista a renovar su banca en noviembre, mientras Alberto Fernández recorta el déficit primario del Sector Público Nacional (ingresos menos gastos sin contar intereses) del 7,4% del PBI en el primer semestre de 2020 al 1,1% del PBI entre enero y junio de este año. Si su idea era revertir el gasto extraordinario que generó la pandemia, se pasó de largo: el déficit primario “casi cero” del primer semestre es inferior al de los primeros semestres de 2016 (-2,7%), 2017 (-2.7%) y 2018 (-1,5%)
Otra exigencia habitual del FMI a quienes le solicitan ayuda es que “apaguen la maquinita”. Pero el Banco Central también se maneja con prudencia después de la asistencia récord al Tesoro del año pasado. Entre la inflación y la aspiradora de pesos que encendió Miguel Pesce, el circulante en los primeros 7 meses de 2021 fue un 3,8% inferior en términos reales al del mismo lapso de 2019. Tan seca había dejado a la Argentina la cláusula draconiana de emisión cero que introdujo Christine Lagarde a pedido de Nicolás Dujovne que hoy todavía circulan en términos reales menos pesos que en 2004, con una economía 38% más grande, como también lo destacara el estudio de CIFRA.
Las divergencias en el Frente de Todxs aparecen porque mientras algunxs proponen firmar ya con el Fondo e intentar despegar desde ahí, otros (y otras) discuten que sea un punto de partida aceptable. En ese marco se inscribe el cálculo de Juan Grabois después de la gigantesca movilización de San Cayetano: Que el Estado podría pagarle un Salario Básico Universal equivalente a un tercio del Salario Mínimo a 9 millones de personas (un universo parecido al del IFE) con un costo bruto del 2,5% del PBI, que se reduce al 1,1% del PBI si se descuenta el incremento de recaudación que generaría.
Los proyectos para establecer de uno u otro modo una renta universal (hay otro de Claudio Lozano) ya están en los escritorios de todos los miembros del equipo económico. Desde luego, en el debate también talla la puja territorial entre La Cámpora y los Cayetanos.
Es un tironeo por la caja que, pandemia mediante, va a plasmarse en tres discusiones a la vez: La negociación con el Fondo, la campaña electoral, y el Presupuesto 2022. Y se va a superponer, a su vez, con el debate de cuatro leyes que el FMI avala y que también comprometen recursos fiscales a largo plazo por los beneficios que ofrecen a las empresas que inviertan: La Ley de Hidrocarburos, la de Agroindustria, la de incentivo a la producción de autos, y la de Movilidad Sustentable.
A todo esto, el ministro de Economía y su par de Desarrollo Social coincidieron en que la idea de instalar un Salario Básico Universal hoy es fiscalmente inviable; por ende reforzarán los planes de empleo para generar trabajo genuino. En el balance de ese primer encuentro se cerró filas en torno a los pasos a seguir para atender a los sectores vulnerables resumidos en tres ejes centrales: asociar la transferencia de ingresos a la capacitación y al trabajo, reforzar los planes de empleo genuino, y descartar de plano la idea de instalar un Salario Básico Universal como pretenden hoy muchos referentes de movimientos sociales, incluidos los alineados con el kirchnerismo.
En tal contexto, corresponde no, pasar por alto que durante el primer semestre de 2021 hubo más de 2400 cortes y manifestaciones. Es un alza del 60% en comparación con el mismo período de 2020. Los datos se desprenden de un informe de Diagnóstico Político, una consultora que mide el fenómeno desde 2009.
Y aunque para conmover a quienes toman las grandes decisiones tal vez no alcance ya con seguir engrosando el rondín Puente Pueyrredón-Obelisco-Plaza de Mayo-Congreso, y acaso corresponda privilegiar semejante esfuerzo en una línea de trabajo menos dependiente del Estado, en la segunda mitad del mes de agosto tuvo lugar una de las manifestaciones por trabajo genuino más numerosas llevadas a cabo durante la gestión del actual gobierno, dada su magnitud y carácter plenamente federal (ver foto que ilustra esta nota).
Pese a haber acusado recibo, el oficialismo restó importancia a los movilizados, sosteniendo que esa marcha obedecía a motivaciones políticas en la antesala electoral, hipótesis que -amén de desconocer la creciente hambruna que recorre el país- en última instancia sólo cabría atribuir a los sectores alineados con el FIT, quienes distaron de constituir el pleno de esa masa crítica. A propósito de esto último, no está de más reparar en que -por ejemplo en CABA- la intención de voto actual de la izquierda es de 3.2%, por debajo de la nueva derecha “libertaria” y contrainsurgente que ya mide 5.7% (!).
El mundo de los negocios se mueve muy atento a esa cinchada por los recursos. Es lógico que los movimientos sociales pidan pista ante la danza de millones. Porque para las emergencias, algo de plata siempre aparece. Eso, en definitiva, es lo mismo que les dicen Argüello y Felipe Solá a sus interlocutores en Washington. Que si no son el Fondo ni el Tesoro, será China la que intente ampliar su influencia a billetazo limpio. Y si algo procura evitar Biden es eso. No en vano Juan González, el encargado para la región que acompañó a Sullivan en su visita a Buenos Aires y que se bajó del Air Force Boeing C – 40B con la camiseta de Tigre que le regaló Massa puesta, preguntó en una reunión quién proveería la infraestructura tecnológica para las comunicaciones 5G. “Fíjense a quiénes le entregan sus datos”, advirtió cuando le respondieron que probablemente sería la china Huawei, que ya proveyó a Telecom antenas y bases para los protocolos 2G, el 3G y el 4G.
Es el dilema de aceptar “ayuda” de los dueños del mundo. En el País del No Me Acuerdo, quien eche en saco roto a la Teoría de la Dependencia… morirá de una extraña sed.
Fuente: La Gomera de David