Por María Soledad Segura*
El derecho humano a la comunicación no es un derecho de segunda. No sólo es crucial para la política y la democracia. No sólo es fundamental para acceder a otros derechos. Durante el avance de la pandemia de COVID-19 y ahora en el caso de las muertes o daños a bebés nacidos/as sanos/as en el Hospital Neonatal de Córdoba demuestran con crueldad que es también un derecho esencial para garantizar la vida misma. Nuestra historia como país también lo demuestra, cuando los habeas corpus solicitaban información sobre el paradero de personas que habían sido detenidas y desaparecidas por la dictadura militar.
En ese sentido, nuestro país hizo aportes a nivel internacional para comprender el derecho de acceso a la información como necesario para garantizar el derecho a la verdad en casos de violaciones graves a los derechos humanos. En tanto, durante la pandemia, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus habló de “infodemia” para aludir a la preocupación del organismo sobre los obstáculos que existieron para que la información adecuada llegara a quien la necesitaba para que pudiera cuidar su vida y la de los demás.
El caso del Neonatal, entre tantos problemas vinculados, también expondría el sistema de ocultamiento sistemático, continuo y aparentemente deliberado de información pública que habría implementado el Ministerio de Salud y el Gobierno de la Provincia, de acuerdo al recuento de antecedentes de este caso que meticulosamente realizó Hector Oscar Brondo.
El Gobierno de la Provincia es responsable por las vidas que no supo o no quiso cuidar en una institución que se supone que tiene esa finalidad, pero también y de manera relacionada, por la información que no brindó y que era necesaria para proteger esas vidas. Según los testimonios a los que alude Brondo y otras notas periodísticas, habría censurado la libertad de expresión de trabajadores/as y autoridades del hospital y habría ocultado deliberadamente la información de la que disponía desde hace meses.
Sin embargo, como señala Edgardo Litvinoff, hay también otros actores involucrados. Las empresas de medios, complacientes con el gobierno provincial, por convicción y/o por conveniencia, por la pauta oficial y el acceso a fuentes oficiales, entre otros beneficios. Y también por no brindar suficiente estabilidad laboral, condiciones de trabajo y sueldos dignos ni elementos necesarios para que sus profesionales realicen investigaciones de calidad y estén respaldados/as en su labor.
El Poder Judicial también es un actor fundamental para determinar la verdad de los hechos y legitimar algunos relatos sobre la realidad en desmedro de otros, como bien sabemos por su papel en los juicios por delitos de lesa humanidad tanto durante la dictadura como con comunidades originarias. También lo demuestran procesos judiciales por genocidios en otros países y por negacionismo (como el caso que presenta la película Denial). ¿Cuál fue su respuesta en los casos judicializados anteriormente, que menciona Brondo? ¿Estará a la altura en este caso?
Ojalá como sociedad sepamos también ahora -como tantas veces lo hicimos antes en nuestra historia-, hacer de esta tragedia una oportunidad para ser mejores. Exigir justicia, reconstruir la verdad, superar el silencio y no olvidar para no repetir, son hoy imperativos.
*Licenciada en Comunición Social y Magister en Comunicación y Cultura Contemporánea por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA); Profesora Adjunta Regular en las facultades de Ciencias Sociales (FCS) yy Ciencias de la Comunicación (FCC) de la UNC desde 2004; Investigadora Adjunta del CONICET desde 2014; publicó 7 libros