La Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Despedidas/os en durante el Gobierno Milei envía un documento a las y los candidatos a diputados nacionales por Córdoba, a los fines de reclamar una definición política previa a las elecciones del domingo próximo respecto al brutal ajuste que el gobierno de Javier Milei al Estado Nacional y los efectos concretos sobre las y los cientos de despidos de estatales en la provincia y sobre la pérdida de políticas públicas para el conjunto de la población.
El documento:
Análisis y documento político
Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, el Estado Nacional ha sido objeto de un profundo proceso de ajuste y desmantelamiento institucional bajo el argumento de reducir el gasto público y eliminar lo que se considera ‘estructura improductiva’. Este proceso implicó el cierre, vaciamiento y/o fusión de más de 100 organismos públicos y programas nacionales, afectando a miles de trabajadores y trabajadoras, y a millones de ciudadanos y ciudadanas beneficiarios de las políticas públicas implementadas.
El llamado ‘plan de ajuste estatal’ no es solo una medida contable: redefine el rol del Estado, reduciéndolo a su mínima expresión y abandonando su función de garante de derechos, promotor del desarrollo y constructor de equidad social.
En diciembre de 2023 se sancionó el Decreto 70/2023 (‘Bases para la reconstrucción de la economía argentina’), que otorgó al Poder Ejecutivo amplias facultades para reorganizar y reestructurar el Estado Nacional. Durante 2024 y 2025, este proceso derivó en el cierre o transformación de más de 100 organismos públicos, incluyendo áreas estratégicas como salud, ciencia, cultura, transporte, agroindustria, ambiente, género y derechos humanos.
Entre las estructuras afectadas se encuentran: SENNAF, CDR (Centro de Referencia del ex Min Desarrollo Social), ANSES, SRT, CAJ (Centros de Acceso a la Justicia), SSS (Superintendencia de Servicios de Salud) Renaper, SDH (Sec. de Derechos Humanos), ANDIS, PAMI, INTI, INCAA, CONICET, INAFCI, Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ENACOM, Télam, Educ.ar, INADI, Parque Nacionales, DIOXITEK, ANAC, Radio Nacional, Museos Nacionales, CONICET, CNEA (Centro Nac. Energía Atómica), entre otros.
A lo largo de 2024 y 2025, decenas de miles de trabajadores del Estado Nacional fueron despedidos, en Córdoba cerca de 300 trabajadores/as cordobeses y cordobesas, en muchos casos con décadas de servicio y alta calificación profesional. Estos despidos se realizaron sin evaluación de desempeño, sin procesos administrativos transparentes, con auditorías irregulares y mediante campañas de difamación pública que buscaron justificar un ajuste ideológico. Las cesantías violaron derechos constitucionales y laborales, afectando la estabilidad garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y destruyendo capacidades técnicas esenciales para el funcionamiento del Estado.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron más de 58.000 empleos públicos, lo que representa un desmantelamiento inédito en la historia democrática reciente.
El cierre de organismos nacionales implicó la interrupción o debilitamiento de políticas esenciales: asistencia a PyMEs y economía popular, programas de soberanía alimentaria y desarrollo rural, promoción cultural y audiovisual, investigación científica y tecnológica, programas de género y diversidad, protección social y asistencia alimentaria, capacitación laboral, educación digital, desprotección a las infancias, jubilados, salud, discapacidad, etc. El impacto se siente especialmente en territorios rurales, localidades del interior y comunidades más vulnerables, donde la presencia del Estado era un pilar de desarrollo e inclusión.
El ajuste en el Estado Nacional ha producido una regresión en derechos, un debilitamiento de la soberanía institucional y productiva, y una pérdida de capacidades estatales fundamentales. Sus efectos se traducen en desempleo masivo, precarización laboral, pérdida de profesionalismo técnico e institucionalidad, desigualdad territorial y avance del capital financiero y del modelo extractivista sin control estatal.
Desde la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras Despedidas/os en durante el gobierno Milei, nos dirigimos a ustedes —candidatos y candidatas a ocupar bancas en el Congreso Nacional— para exigir un compromiso político claro en defensa del trabajo, del Estado y de las políticas públicas que garantizan derechos y soberanía.
Les solicitamos expresamente:
- Pronunciarse públicamente en contra de los despidos masivos y el desmantelamiento del Estado.
- Impulsar proyectos de ley para la reincorporación de las y los trabajadores despedidos.
- Promover la restitución de los organismos disueltos, especialmente aquellos con presencia territorial en Córdoba.
- Defender el presupuesto público destinado a ciencia, educación, salud, cultura, agricultura familiar, género y derechos humanos.
Nuestra demanda no es solo laboral: es política y social. Defendemos al Estado como herramienta de justicia, equidad e inclusión territorial. La restitución de los organismos disueltos y la reincorporación de sus trabajadores son pasos indispensables para recuperar la capacidad estatal de planificar, regular y acompañar a las mayorías populares.
Por todo ello, reafirmamos nuestro compromiso con la unidad, la organización y la lucha colectiva, convencidos de que la reconstrucción del Estado Nacional y la recuperación de nuestros puestos de trabajo son una causa justa, necesaria y profundamente democrática.
Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras del Estado Nacional Despedidas/os durante el Gobierno de Milei; Provincia de Córdoba–Octubre 2025; Contacto: 358-4388818 (Natalia Arrieta)
Fuente: www.atecordoba.org