“Desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) de Punilla, expresamos nuestra profunda preocupación ante la reciente presentación del Proyecto RIGI en la Legislatura Provincial, una iniciativa que promueve grandes inversiones en la provincia de Córdoba a cambio de beneficios fiscales y estabilidad tributaria para las grandes corporaciones.
“El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la apariencia de una política de crecimiento, plantea serios interrogantes sobre sus impactos sociales y ambientales. Si bien el proyecto promete generar empleo y atraer capitales, queda claro que las verdaderas prioridades están en garantizar los intereses de las grandes empresas a expensas de las comunidades locales.
“No se habla de una consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, como exige el Convenio 169 de la OIT al que el Estado argentino adhiere. Se está tomando una decisión sin la participación de los pueblos originarios ni de las organizaciones territoriales que serán quienes sufran las consecuencias directas de estas mega-inversiones, muchas veces destructivas para el ambiente y las economías regionales.
“El proyecto menciona grandes obras de infraestructura complementaria, pero no considera los posibles impactos negativos en los ecosistemas locales. En Punilla, ya hemos sido testigos de cómo proyectos de gran envergadura, como la Autovía de Punilla, han avanzado sin respetar los derechos de las comunidades y generando daños irreparables al medio ambiente, lo que afecta directamente nuestra calidad de vida y la salud pública.
“El enfoque extractivista que prioriza el lucro por encima del bienestar de las personas pone en riesgo los recursos naturales y desplaza a las economías locales, mientras que las grandes corporaciones disfrutan de beneficios fiscales sin asumir ninguna responsabilidad por el deterioro que causan.
“La estabilidad fiscal que se les otorga a los Vehículos de Proyecto Único (VPU) es un privilegio que pocos sectores pueden disfrutar, mientras que las comunidades trabajadoras y las economías regionales siguen lidiando con altos niveles de impuestos y cargas que no paran de incrementarse. ¿Cómo es posible que se hable de equidad y desarrollo cuando se le concede a unos pocos una estabilidad que no se extiende a la mayoría de la población?
“Denunciamos el doble standard moral del Gobierno de la provincia de Córdoba que el mismo día en que se presenta el proyecto oficial de adhesión al RIGI, el Gobernador Martín Llaryora encabeza el lanzamiento del Plan Integral de Restauración Ecológica de Córdoba (PIRE).
“El deterioro de la condición laboral con la precarización, la pauperización, y la degradación de la calidad de vida de las comunidades de trabajadores afectados por la desregulación económica y las políticas de libre mercado carentes de todo sentido de propósito de futuro, mucho menos sostenible para los habitantes de las regiones de las que se pretende extraer las materias primas.
“La primarización de la economía implica más atraso y devastación ambiental, dependencia y falta de soberanía, como garantía de pago de los emprestitos que fueron adquiridos para financiar el flujo de la balanza comercial.
“Desde la CTA-A Punilla, reiteramos que no estamos en contra del desarrollo ni de las inversiones productivas, pero exigimos que estas se realicen con responsabilidad social en arreglo a la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, con absoluta transparencia y respetando los derechos de las comunidades afectadas. Las políticas públicas deben promover un modelo económico que ponga en primer lugar a todos los habitantes humanos y no humanos, al medio ambiente en su totalidad y a las generaciones futuras de cada una de ellos.
“Exigimos una revisión profunda del Proyecto RIGI que no puede realizarse de la noche para la mañana, que se garantice la participación efectiva de las comunidades locales en el proceso de toma de decisiones. Es absolutamente repudiable que las grandes empresas sigan siendo las únicas beneficiadas mientras los pueblos y la naturaleza pagan los costos de un desarrollo irracional e insostenible.
Convocatoria
“La CTA- Punilla convoca a una manifestación popular para este miércoles 16 de octubre a las 15 horas en todo el territorio de la provincia de Córdoba y, particularmente, en la ciudad Capital, donde en las puertas de la Legislatura Provincial se dará una concentración para repudiar el tratamiento legislativo express e inconsulto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones de la provincia de Córdoba.
“No más inversiones sin consulta. Por un desarrollo que respete los derechos colectivos”, finaliza la declaración que firman Juan Yacobs; Juan Pablo Pozzi; Pablo Figueroa y Fernando Guzmán; Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario Gremial y Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Punilla respectivamente.