En el proyecto de Ley Bases o Ley Ómnibus, que cayó el 6 de febrero y fue enviado nuevamente a foja cero en la Cámara de Diputados, se establecía -el artículo 210- que la Argentina debía adherir al Convenio Internacional de Protección de Obtentores Vegetales (UPOV 1991): “Se trata de la entrega total de un patrimonio de la humanidad que, junto con la tierra y el agua, es de los más preciados: las semillas nativas y criollas. Cabe recordar que los países latinoamericanos a partir de tratados de libre comercio se alinean al Convenio Internacional de Protección de Obtentores Vegetales que beneficia un proceso que las grandes semilleras impulsan y por el cual no paran de hacer lobby: La privatización total de las semillas para el control absoluto de los procesos y sectores alimentarios en el mundo” explica a La tinta Yanina Gambetti, de la organización Cronopias en vivo.
Ante esta amenaza, (y ante el silencio y la no visibilidad dada al tema tanto en los medios hegemónicos de comunicación como en los discursos oficialistas y opositores) decenas de organizaciones, cientos de personas y colectivos vinculados con la construcción de Soberanía Alimentaria -productores, consumidores, huerteros, científicos y docentes- se organizaron en torno a una campaña de difusión que llamaron #Semillazo.
La campaña ya contaba con numerosas acciones realizadas e incluso una carta en la que se juntaron miles de firmas de Argentina y organizaciones de todo el mundo, dirigidas a los legisladores para exhortarlos a que no votaran ese articulado que hacía alusión a la UPOV. “La carta está encabezada por la Dra. Vanda Shiva, de India, referente en el mundo en la lucha por las semillas libres. Otra acción central del Semillazo fue la red internacional con organizaciones de Iberoamérica y fundamentalmente con países que ya han pasado por la UPOV 91 y pudieron compartir sus dolorosas experiencias. Así lo comentaba por ejemplo, Victoria Solano, directora del documental 9.70 que relata la violencia contra campesinos en Colombia luego de que esta implementara políticas similares a las que propone el actual gobierno argentino”, expresan lxs responsables de la campaña. En la nota encabezada por Shiva, se indica que la versión UPOV 91 ha sido generada por el “Cartel del Veneno” compuesto por empresas como Bayer/Monsanto, Corteva o Syngenta, entre otras.
Como recuerdan desde la organización del #Semillazo, Argentina es el tercer productor mundial de organismo transgénico o genéticamente modificado (OGM), después de Estados Unidos y Brasil. Ha sembrado transgénicos en casi el 93% de la superficie total cultivada en el país. Las grandes firmas semilleras siguen homogeneizando los cultivos. En 2021 sembraron 24 millones de hectáreas con cultivos transgénicos.
“Esto demuestra que la soberanía alimentaria ya se encontraba en permanente peligro y que los gobiernos, en sus diferentes versiones partidarias, han impulsado y profundizado un modelo agroexportador contaminante y ecocida con base en monocultivos transgénicos con uso de agrotóxicos” enfatizan y agregan: “Pero en esta oportunidad el ingreso a la UPOV91 significa un tiro de gracia. Muchos los señalan como un camino sin retorno, o de muy difícil retorno, ya que fomenta los derechos de propiedad intelectual de semillas, su apropiación y la pérdida de biodiversidad. Esta última es crucial en los tiempos que corren. Necesitamos la biocapacidad de la Tierra para regenerarse frente a los devastadores efectos de la crisis climática, cuya mitigación solo puede suceder si cambiamos radicalmente el modelo extractivista y agroexportador por uno en armonía con la Naturaleza”.
Una de las cuestiones mas importantes dentro de los que establece la UPOV91 (que la versión 1978 de la UPOV a la que actualmente Argentina adhiere, no incluía) es la eliminación del derechos de los agricultores a guardar semillas. “Si se privatizan las semillas campesinas y variedades criollas, la agricultura campesina, familiar e indígena estaría cometiendo un delito solo por hacer lo que hacen desde más de 10 mil años. Cuidar, sembrar, cultivar, mejorar, intercambiar y regalar semillas, un patrimonio que jamás puede ser de nadie, sino que es de toda la humanidad y de las futuras generaciones, como el agua, la tierra y el aire. Y no solo le quita el derecho de posesión a los campesinos y comunidades originarias de conservar sus semillas, sino que hasta podrían tener que pagar una regalía a la compañía que tiene la propiedad o que se la adjudicó, aunque ese cultivo crezca en su territorio por contaminación cruzada”, detalla Gambetti.
Aunque la Ley Bases se haya caído, el proyecto de país propuesto por los libertarios pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria, promoviendo un sistema agroalimentario concentrado, fomentando un modelo de agricultura transgénica, industrializada y monopolizada. “Empobrece y achica la gran red agroalimentaria al vulnerar y desarticular a los principales actores de la cadena de producción de alimentos, que diversifican, garantizan y enriquecen de sabores, culturas e identidad a los alimentos y pueblos. Y no estamos dispuestos a vivir sin derecho al alimento y ni vamos a negarle el derecho a las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano. Porque un productor sin derecho a conservar su semilla es una familia, un pueblo, sin derecho a una alimentación sana, segura y soberana. Las semillas son un bien de la naturaleza, no una mercancía de las corporaciones”, concluyeron.
Imagen de portada: La tinta
Fuente: www.latinta.com.ar