Reproducimos a continuación el Informe de la Comisión Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, al cual adhiere la Secretaría de Previsión Social de la CTA Autónoma.
1.-La experiencia de estos últimos años evidenció un retroceso en el sistema de seguridad social que afectó a los sectores másvulnerables, en nuestro caso lxs trabajadorxs jubiladxs y pensionadxs, en la pérdida del poder adquisitivo de sus prestaciones, a través de la alteración sustancial de sus derechos previsionales históricos.-
Se dictaron normas regresivas del nivel alcanzado en el reconocimiento de los derechos en materia de seguridad social, tales como la reparación histórica, blanqueo de capitales, armonización a la baja de los sistemas previsionales provinciales, no transferidos a la Nación, uso indiscriminado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la denominada “reforma previsional” que vulneró la movilidad jubilatoria. Todas normas que limitan, sustancialmente, una prestación alimentaria, presente y futura de los jubilados, en abierta vulneración del compromiso asumido por el Estado de garantizar la integralidad de los haberes y de los derechos sociales y la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, hasta el máximo de los recursos disponibles, en los términos de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Es por ello que nos encontramos frente a un panorama preocupante, sin antecedentes. La recaudación de la ANSES venia decreciendo, entre otros motivos, por la subsistencia de normas que reducen las contribuciones patronales, el aumento del trabajo informal y en negro, tanto en el sector público como privado, la falta de control y fiscalización de distintas formas de trabajo sin aportes, que encubren una relación laboral dependiente. Estas reformas regresivas impulsadas por las políticas económicas y sociales neoliberales, siguen los lineamientos de los organismos financieros internacionales (FMI, BM), se ven, ahora, agravadas por la crisis mundial provocada por el COVID-19.Todo ello nos obliga a repensar nuevas formas de garantizar los derechos humanos fundamentales vinculados a la seguridad social y otorgarle al sistema sustentabilidad, a los efectos de asegurar a todos los trabajadores condiciones de vida dignas que los cubran frente a los riesgos de la vejez, la incapacidad, la muerte, los accidentes de trabajo, prestaciones familiares, la vivienda y la salud
Para lograrlo se requiere de un Estado fuerte, activo y eficaz que cuente con un sistema tributario redistributivo y progresivo que le de sustentabilidad a los distintos sistemas de seguridad social, asignando recursos suficientes para cubrir todas necesidades que se requieran. Es por ello, que debemos redoblar esfuerzos para asegurar las más amplia protección y asistencia posible a nuestro pueblo trabajador y a su familia.
2.-Es cierto que nuestro país fue un adelantado en materia de reconocimiento de los derechos individuales, colectivos y sociales de los trabajadores, con un fuerte contenido de protección social. Desde mediados de los 40, del siglo pasado, se trajo a discusión la necesidad de expresar jurídicamente las transformaciones sociales operadas, para consolidarlas, y adaptar y reactualizar el sistema normativo a la etapa de la historia contemporánea. El primer documento normativo que tradujo normativamente la lucha del pueblo argentino por la conquista de los derechos sociales fue la Constitución de 1949, que tuvo una concepciónjurídicade protección del interés nacional, con un sentido de igualdad material y justicia social, haciendo hincapiéen laampliación del rol activo del estado y lafunción social de la propiedad. Lamentablemente, el golpe militar de 1955 derogó-por decreto-el texto de la nueva constitución retrotrayéndonos al original de 1853 (con las reformas de 1860, 1866 y 1898).Sin embargo, la reforma de 1957 agrego el artículo 14 bis a la Constitución Nacional, que en el plano de la seguridad social obliga al Estado a asegurar sus beneficios en forma integral e irrenunciable, reconociendo los seguros sociales obligatorios, el derecho a la movilidad de las prestaciones, la autonomía económica y financiera de los organismos de la seguridad social y su administración por los interesados, con la participación del Estado.
Ese artículo 14 bis se vio luego fortalecido por la reforma constitucional de 1994, que incorpora con jerarquía constitucional los Tratados Internacionalesde derechos humanos,que comprometen a los Estados a garantizar en forma efectiva los derechos sociales.
II.- Luego de hacer una breve reseña jurídica y a fin de adentrarnos en el tema que nos preocupa, la sustentabilidad del sistema de seguridad social argentino en tiempo del COVID 19, es necesario repasar las principales fuentes que financiaban a la ANSES:1) Los aportes de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores: ambos conceptos toman como base el salario del empleado. 2) Recursos tributarios de afectación específicaa la Seguridad Social -todos regresivos-: tales como el IVA, Ganancias, impuestos internos, adicional cigarrillos, combustibles. 3) Transferencias del Tesoro Nacional.
Por decreto 297/2020 de fecha 18.03.2020 el gobierno nacional ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el cual se extenderá hasta el 10 de Mayo de 2020 (seguramente prorrogable), por la constatación de la propagación de casos de coronavirus covid-19 en nuestra región y en nuestro país. La mencionada disposición del gobierno cuenta con el apoyo der la mayoría de los argentinos, a partir de la convicción de la importancia depreservar la salud del conjunto de la ciudadanía, en especial los sectores más vulnerables, considerandoque la salud es el bien más preciado en una sociedad. En este caso particular prima la salud sobre el capital, que debe estar al servicio de la economía nacional, de las necesidades de las familias y de los trabajadores.
Los trabajadores son los que más sufren las consecuencias no sanitarias que El COVID 19 trae aparejado: el encogimiento de la economía, el repliegue del sistema productivo, el desplome del empleo, la caída del consumo, la disminución de la recaudación impositiva, provocando todo ello una merma significativa en la recaudación de nuestro sistema de seguridad social.
Observamos, también, en este tiempo, la pérdida de ingresos del trabajo/ salario en relación al capital, situación que va mutando día a día, perdiendo los trabajadores su nivel de vida.
De ahí la necesidad de un debate profundo no solo de las instituciones representativas del gobierno, con la participación de las organizaciones del pueblo sobre las medidas de transformación que deben adoptarse, en este contexto de crisis y pensando la salida de la misma, para garantizar las condiciones de vida digna de todos los argentinos.
Estas medidas, y las normas que se dicten, deben estar ajustadas a los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art.75 inc. 22 Constitución Nacional).-
En esta instancia es fundamental la vigencia de un Estado de derecho democrático y social que proteja la plena vigencia de los derechos y libertados reconocidos por los citados instrumentos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En especial, dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) deben ser garantizados sin discriminación a toda trabajadora y trabajador, jubilado jubilada y sus familias, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.-
Por todo ello y con el único objeto de fomentar el bienestar colectivo proponemos garantizar en su plenitud los derechos emanados de nuestro sistema constitucional, el cual establece principios muy claros en materia de jubilaciones y pensiones, que han sido a su vez desarrollados por la jurisprudencia histórica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Carácter integral e irrenunciable de los beneficios de la seguridad social; seguro social obligatorio de reparto y solidario, autonomía económica y financiera, administración de los sistemas por los interesados con participación del estado, jubilaciones y pensiones móviles, principios que a su vez se enlazan con el respeto de derechos fundamentales como el la propiedad, igualdad y no discriminación, razonabilidad de los actos, progresividad de los derechos y prohibición de retroceso, obligación del legislador ordinario de dictar normas basadas en criterios de justicia social y medidas de acción positiva en protección de los derechos de las personas vulnerables, mujeres, niños, personas mayores e incapaces.
Es fundamental para lograr esos objetivos fortalecer el financiamiento de ANSES y con ello la presencia del Estado en cada hogar del pueblo trabajador, para brindar protección,asistencia y contención social. Consideramos que una política social fuerte debe estar respaldado por un sistema tributario que se ajuste a sus necesidades. En la actualidad, ningún sistema de seguridad social se sostiene exclusivamente con aportes y contribuciones de los trabajadores (salario diferido) sino que requiere del aporte, por vía de impuestos directos, de los que más tienen respecto de los que están en situación de vulnerabilidad.
III Proponemos para esta etapa y para la post pandemia discutir algunasmedidas y acciones para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y el financiamiento de sus prestaciones tales como:
1) Restablecer la plena vigencia de los aportes y contribuciones (salario diferido de los trabajadores).
2) Defensa y expansión del trabajo formal protegido por la legislación laboral y de seguridad social, tanto en el Estado, como en el sector privado.
3) Fiscalización y recaudación activa de los ingresos propios de la seguridad social.
4) Garantizar una prestación previsional que reconozca una tasa de sustitución del 82% del salario del activo y una movilidad vinculada a la evolución del salario.
5) Vincular la política de seguridad social con la tributaria de tal manera de generar los recursos necesarios para sostener una política social fuerte por parte del Estado.
6) Reformas del sistema de impuestos de ganancias, al patrimonio y sucesorio de carácter progresivo y redistributivo.
7) La creación de un nuevo impuesto especial asignado a la seguridad social que provenga de las grandes fortunas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
8).-Fortalecer al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) yconservar la esencia y la naturaleza jurídica del decreto que lo creo, como cualidad esencial su intangibilidad, como reserva contra cíclica.
9) Controlar que en cada lugar de trabajo se cumplan las medidas de seguridad social.
10) Reforzar el sistema de inclusión previsional. Garantizar una jubilación a todo mayor de 65 años que un nivel de vida adecuado que incluya salud, alimentación, vestido, vivienda y a una mejora continua de las condiciones de existencia.-
11) Proteger, reforzar y fortalecer la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, por Maternidad.
12) Implementar unIngreso Básico universal como derecho vinculado al trabajo para asegurar a todo trabajador, sin empleo, un nivel de vida adecuado para sí y su familia que incluya alimentación, vestido, vivienda y a una mejora continua de las condiciones de existencia.
13) Garantizar el disfrute del más alto nivel de salud física, mental y social, para con una cobertura integral del 100 % que incluya atención medica, intervenciones y medicamentos en Obras Sociales, PAMI y Hospitales Públicos
14) Asegurar la participación de los trabajadores en la administración de los sistemas de seguridad social, con participación del Estado, reconociendo la autonomía económica y financiera de sus presupuestos.-
IV
Por ultimo señalamos que la superación de esta pandemia solo es posible fortaleciendo la organización de los trabajadores activos como los jubilados, su lucha y trabajo es lo que hace posible la riqueza de nuestro país. Solo la confluencia de todos los trabajadores en la unidad de acción, con un proyecto nacional liberador, permitirá establecer las bases de una sociedad basada en la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones, en la justicia social, e igualación de los puntos de partida, garantizando posibilidades de vida digna para todos los argentinos.
Comisión Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA)
Equipo Técnico: Doctor Horacio González; Doctor Luciano González Etkin; Horacio Fernández y Diputada Nacional (MC) Graciela Iturraspe.
Fuente: www.agenciacta.org