La semana pasada, se ordenó la detención de un funcionario, seis guardiacárceles y un médico del Servicio Penitenciario por la muerte de César Darío Moreno, un hombre de 50 años que falleció el año pasado en el interior de la cárcel de Bouwer, luego de ser salvajemente golpeado a los dos días de haber llegado al penal.
El caso de Moreno “es un caso puntual, pero es la punta de un iceberg”, afirma la abogada y doctora en Ciencias Sociales, Valeria Plaza Schaefer, integrante de la “Red por los Derechos Humanos en contexto de encierro Córdoba”, y señala que Moreno, después de recibir una fuerte golpiza, fue atado de pies y manos en una cama de sujeción, medida que había sido cuestionada en múltiples informes del Comité Nacional contra la Tortura y, en particular, por un informe local que se produjo desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC.
“La imputación del jueves pasado es importante porque viene de la mano de detenciones, lo que quiere decir que hay un avance en la investigación y una decisión de política pública del Ministerio Público Fiscal sin precedentes, al menos de las últimas dos décadas. En los 90, hubo algunas imputaciones de este tipo ―torturas seguidas de muerte en casos graves―, incluso, que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en este último tiempo ―si bien el caso no es para nada excepcional y lo sabemos―, cuando se produjeron casos similares, si llegaba a haber algún avance en las investigaciones judiciales, se las caratulaba como muerte de etiología dudosa y, eventualmente, algún homicidio por negligencia. Esperemos que esta causa siga caratulada como tortura seguida de muerte, porque evidencia claramente el modus operandi del sistema penitenciario, que es lo que hay que seguir investigando porque este no oes un caso aislado”, dice la especialista en diálogo con nuestro medio.
La Red por los Derechos Humanos en contexto de encierro Córdoba es una organización que comenzó a nuclearse a fin del año pasado y tuvo un primer encuentro con la llegada de comisionados del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. “El objetivo central es visibilizar y promover la creación de un mecanismo local de prevención de la tortura, que se hace a través de una ley provincial”, explica Plaza.
“Ya hemos acercado a la Legislatura nuestra inquietud. En gran parte de los países en Argentina, ya tienen su propio mecanismo local, que obviamente no erradica ni es la solución definitiva, sino que permite el control de manera más sistemática sobre las prácticas en contexto de encierro en general. Con esto, nos referimos no solo al Servicio Penitenciario (como en este último caso del que hablábamos), sino también a lo que pasa en espacios de alojamiento de jóvenes detenidos por problemas de consumo, como es el CPA, o también lo que sucede en el Complejo Esperanza, que depende la SeNAF. Incluso, lo entendemos con relación a la privación de la libertad relativa, como son las prácticas policiales de la vía pública, donde el joven no puede seguir de largo y, en esas interacciones, se producen violencias y torturas que es importante registrar», enfatiza la abogada.
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Fuente: www.latinta.com.ar