Por Marita Pedernera*
Desde 2014 a la fecha las y los trabajadores perdimos un 100% de capacidad de compra del salario. Y un 24% de esa pérdida, fue durante los últimos meses, tras la devaluación de diciembre 2023 del Gobierno que lidera Javier Milei.
Durante marzo, una familia de 4 integrantes necesitó $ 871.954 para cubrir los gastos de la Canasta Básica Total y no caer bajo la Línea de Pobreza. Para este mismo tipo de familia, la Línea de Indigencia se situó en $525.677, según el valor registrado de la Canasta Básica Alimentaria.
A esto se suma la desregulación de precios que en lo concreto se trasladó a un alza tremenda en transporte, el aumento imparable en combustibles, el inalcanzable valor en medicamentos y de sumas arbitrarias en alquileres.
Es evidente que el Gobierno lo que quiere es congelar los salarios o reducirlos a la mínima expresión, seguir licuando los ingresos de los sectores populares, del salario de trabajadores, jubilados y de los programas sociales y seguir actuando por decreto.
Por eso es que anuló el funcionamiento del Consejo del Salario en la parodia de reunión que se hizo el pasado 15 de febrero y que lleva a decidir unilateralmente. Apuntando al corazón de los sindicatos, reduciendo el funcionamiento del Ministerio de Trabajo y demás estructuras que garantizan derechos.
Las corporaciones que se benefician con la destrucción del Estado
Vemos que el principal ataque de este Gobierno recae sobre el empleo público. No hay una sola medida que nos beneficie. Cada punto del DNU vigente perjudica a las y a los trabajadores y beneficia a algún grupo concentrado.
El principal fundamento de este decreto formula la necesidad de un ajuste fiscal del sector público de 5 puntos del PBI. Claramente dirigido al sector estatal. Dan cuenta de esto las notificaciones de despidos disparadas a mansalva por correos electrónicos, impactando en gran parte de las familias estatales argentinas.
¿Todos somos ñoquis? Es hora de dirigir esta pregunta a los compatriotas, a quienes siguen esperando que al gobierno le vaya bien para poder pagar el gas y la luz. Sin querer bajarse del tren nacional del absurdo. También esta pregunta podría interpelar al Parlamento, al Poder Legislativo. En tanto son poder, los senadores y los diputados también conducen nuestro tren insensato. Vaya hacia ellos la cuestión.
Ahora bien, analicemos el impacto del DNU que nos gobierna. En lo laboral, vemos que limita el Derecho a Huelga penalizando la protesta. Las horas extras son tomadas como compensatorias. Diluye funciones de trabajo y deja horarios a disposición de la patronal.
Por otra parte, este decreto convierte a las empresas públicas en Sociedades Anónimas y las lleva al régimen de la Ley General de Sociedades, como paso previo de la privatización.
Primer beneficiado: Sector financiero
Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre y Mercado Pago, dos compañías, radicado en Uruguay, celebró el decretazo de Javier Milei, que incluye la desregulación de la economía nacional. Galperín se verá beneficiado por varias de las 30 medidas que propone el DNU.
En el artículo 72, la administración libertaria modifica la Ley de Contrato de Trabajo y elimina la obligatoriedad de que el salario se pague en una cuenta sueldo de un banco, que no tiene costo para el trabajador. Habilita con esto a pagar los sueldos en cualquier sistema de pagos, entre ellos Mercado Pago, líder del rubro.
En su condición de agregador de tarjetas de crédito, también se verá beneficiado con la desregulación en las comisiones e intereses de tarjetas de crédito para personas y comercios.
Salud privada
En otro sentido, este DNU deroga la ley encargada de regular la fabricación nacional de laboratorios públicos. Perjudica al sector científico de trabajadores nacionales. Favorece a que la industria farmacéutica suba sus ganancias.
Es preciso mencionar que Eduardo Macchiavello, el CEO del laboratorio de la familia Roemmers y Presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), también celebra el decretazo porque ya no tendrán competencia del Estado. Es que Milei derogó la Ley 27.113 que declaró “de interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción dedicados a la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la elaboración de medicamentos, vacunas, insumos y productos médicos”. Otras que festejan son la familia dueña del laboratorio Bagó y Hugo Sigman, director general y accionista del grupo Insud.
Por otra parte, apenas conocido el DNU, que modifica el marco regulatorio y elimina restricciones de precios de las prepagas, el empresario Claudio Belocopitt anunció una suba del 40%. Swiss Medical junto con OSDE, Galeno, SanCor Salud y Omint dominan el 70 % del mercado de medicina privada.
A partir del decretazo, las prepagas podrán recibir un afluente de afiliaciones de las obras sociales, gracias a la libre elección de quienes trabajan respecto de la medicina privada y, además, tendrán una recomposición de ingresos estimada entre un 60% y un 80% por la eliminación del índice de costos de salud que pautaba, con intervención del Estado, los porcentajes de aumento mensual.
Alimentos para pocos
Siguiendo el análisis, este DNU deroga la Ley de Abastecimiento, que le daba al Estado las herramientas para que no haya disparadas de precios ante la falta de producto. En favor de que monopolios de grandes cadenas supermercadistas especulen para subir los precios y sigan aumentando su riqueza.
También deroga la Ley de Góndolas que permitía a las PyMES alimenticias compartir espacios de venta a la par de las grandes empresas. Favoreciendo así a grupos poderosos del rubro alimenticio que no quieren ceder esa franja de ganancia. La voracidad es evidente. Claramente esto otorga más margen de concentración a quienes más ganaron con nuestro empobrecimiento: las corporaciones alimenticias. Alfredo Coto es uno de estos empresarios. Al menos tres artículos del DNU 70/23 benefician al dueño de la cadena de supermercados que llevan su apellido, al derogar las leyes de Abastecimiento, de Góndolas, de Observatorio de Precios. Las reformas en la legislación laboral también son aplaudidas por el Presidente de Coto CICSA y propietario de tres centros frigoríficos que cuentan con una nómina de personal de 40 mil personas empleadas.
También celebra Luis Pagani, empresario del rubro alimentación. Vemos que las empresas grandes del sector son las más beneficiadas. La primera de origen nacional es Arcor, que conduce Pagani. También Coca-Cola, Danone, Grupo Molinos, Mondelez, Ledesma y las cadenas de supermercados e hipermercados que mencionamos al principio.
En nuestra zona central de Córdoba no podemos dejar de mencionar al empresario Roberto Urquía, quien lidera la empresa Aceitera General Deheza, dedicada a aceites y derivados. Explota 200 mil hectáreas con cereales y oleaginosas en esta región y en otras 8 provincias más. Líder en aceites y derivados, como salsas y mayonesas.
Estas compañías, que en 2023 obtuvieron ganancias netas por 68 millones de pesos, con aumentos por encima de la inflación; ahora serán beneficiadas por cuatro modificaciones incluidas en el decretazo: La derogación de las leyes de Abastecimiento, de Góndolas, del Observatorio de Precios y de Regulación para los ingenios azucareros.
Nuestras tierras para inmobiliarias privadas
En el mismo orden privatizante, deroga La ley de Alquiler que impacta al sector trabajador que nunca accedió a la vivienda propia y favorece al negocio inmobiliario.
En este sentido, vale referenciar al Grupo IRSA y CRESUD que lidera Eduardo Elsztain. El empresario que le tuvo fe a Milei y lo alojó en el Hotel Libertador de su propiedad durante la campaña electoral libertaria y aún ahora como mandatario, es uno de los beneficiados por partida doble con el Decreto 70/23. En primer lugar por la devaluación en su condición de productor de soja; y en segundo, por ser dueño de la desarrolladora inmobiliaria que tiene edificios y shoppings en alquiler. La derogación de la Ley de Alquileres, habilitó contratos en dólares, sin topes para depósitos o garantías ni plazo mínimo.
Hay un particular interés por el valor inmobiliario de Fabricaciones Militares, porque tiene cinco plantas distribuidas en Córdoba (Villa María y Río Tercero), Buenos Aires (Azul), San Juan y Santa Fe, (Fray Luis Beltrán). 200.000 hectáreas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, en especial al Ejército. El proyecto de la administración libertaria es salir a vender esta reserva enorme de tierras, muchas ubicadas en las regiones más productivas del país. Y abrir una inmobiliaria rural estatal que le permita obtener dólares frescos al Tesoro. Un dato no menor, la recaudación por la venta irá a Rentas Generales y no a las Fuerzas Armadas.
Finalmente, es momento de mencionar lo que parece ser obvio. Paolo Rocca el titular de Techint y otras compañías siderúrgicas es quien mayores beneficios obtiene de este Gobierno por decreto. Sin Estado gobiernan las corporaciones.
*Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Secretaria de Género y Diversidad de ATE Río Cuarto. Secretaria de Actas de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto