Las huelgas patagónicas y el crimen de Estado

Entre 1921 y 1922 la Patagonia argentina fue escenario de una de las represiones más sangrientas de nuestra historia. Miles de peones rurales se levantaron en huelga para reclamar condiciones mínimas de trabajo: salarios dignos, pago en dinero y no en vales, jornadas humanas, descanso y alojamiento decente. Vivían en galpones inmundos, dormían sobre cueros sucios y sufrían abusos permanentes por parte de los estancieros, en su mayoría ligados al capital británico.

La primera huelga, en 1921, fue reprimida por la policía local y por la Liga Patriótica Argentina, una organización parapolicial integrada por civiles armados al servicio de los grandes propietarios. Ante la magnitud del conflicto, el gobierno de Hipólito Yrigoyen envió al Ejército Argentino al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela. En esa oportunidad, el Ejército actuó formalmente como mediador y logró un acuerdo entre trabajadores y patrones.

Pero una vez que las tropas se retiraron, los estancieros incumplieron absolutamente lo pactado. No respetaron salarios, condiciones ni compromisos. Ese incumplimiento provocó una segunda huelga a fines de 1921. Cuando el Ejército regresó, muchos huelguistas creyeron que venía a hacer cumplir el acuerdo anterior. No fue así.

Esta vez, el Ejército actuó como fuerza de ocupación. Se impuso la ley marcial de hecho. Hubo fusilamientos masivos sin juicio previo, sin condena y sin posibilidad de defensa. Dirigentes, peones, carreros, ovejeros: miles de trabajadores rurales fueron asesinados. Terminada la matanza, Varela fue homenajeado con una cena en la Sociedad Rural, donde los estancieros brindaron por él cantando en inglés “He is a really good fellow” y “God save the Queen”. No fue una anécdota: fue una declaración de lealtades.

En la zona de Puerto Deseado, los huelguistas eligieron como dirigente a José Font. Había nacido en Entre Ríos y era domador y carrero. En la Patagonia se ganaba la vida transportando mercadería por cuenta propia a través de distancias interminables. No era un agitador ni un político: era un trabajador respetado por su palabra y su conducta.

Tenía un pasar económico relativamente bueno para la época. Era dueño de una tropa de carros laneros que llevaban fardos de lana desde las estancias de la precordillera hasta los puertos de Deseado y San Julián. Su único lujo era un gran cuchillo que llevaba cruzado en la faja. Por eso todos lo conocían como “Facón Grande”.

Cuando los peones rurales le pidieron que los representara, no dudó. Lo hizo por convicción y por justicia. No por violencia.

Al comprender que ya no enfrentaba a la policía sino al Ejército, Facón Grande aceptó una propuesta de arreglo transmitida por intermediarios. Confiando en la palabra empeñada, se entregó junto a su gente, sus armas y sus caballos.

Cuando se presentó ante Varela, le extendió la mano y dijo su nombre. El militar desprecio el saludo. Ordenó que lo apartaran y lo llevaron a un galpón, donde fue golpeado y atado con alambre. No se iba a permitir trato de igual a igual con un “civil”.

Facón Grande fue cargado atado en la caja de un camión y llevado a poca distancia. Allí fue fusilado sin trámite alguno. Para humillarlo aún después de muerto, le quitaron la faja antes de ejecutarlo, de modo que al caer se le bajaran las bombachas. Con las manos atadas intentó inútilmente cubrirse. La humillación fue deliberada.

El Ejército informó oficialmente que había muerto “en combate”. Era falso. Sus pertenencias quedaron bajo “administración del Estado”, aunque varias de ellas desaparecieron. Años después, dos chatas abandonadas de Font sirvieron de referencia a los viajeros. Junto a ellas nació el paraje conocido como Cañadón León, luego rebautizado Gobernador Gregores, en homenaje a un militar de la Década Infame.