El Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, estuvo reunido con el abogado penalista del Sindicato, “el amigo y compañero Claudio Orosz, quien lleva adelante nuestro caso por las imputaciones y citación a juicio realizada por la Justicia adicta al ‘Cordobesismo’ por movilizar contra el hambre en Córdoba. Paren la mano con la criminalización de la protesta social. Terminen con la judicialización de los luchadores populares”, reclamó a través de sus redes sociales.
En noviembre del año pasado el Fiscal de Instrucción, Ernesto de Aragón, pidió elevar a juicio la grotesca causa iniciada contra seis compañeras y compañeros dirigentes y activistas: Federico Giuliani; Emanuel Berardo y Soledad Díaz García del Polo Obrero; Marisa Cariddi, Libres del Sur; Agustín Nazar, Movimiento Teresa Vive y Roxana Carezano, MTR Votamos Luchar, por haber participado en la Marcha contra el Hambre realizada en la capital provincial el 5 de abril del 2023.
Dichos dirigentes se encontraban reclamando pacíficamente junto a más de diez mil personas por el cumplimiento de derechos amparados en el Artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, lo que constituye un ataque al conjunto del movimiento obrero para evitar la protesta y los justos reclamos realizados en defensa de los derechos sociales y laborales avasallados por los que mandan.
Espionaje ilegal
Orosz también asesoró a Giuliani en la denuncia presentada a fines del año pasado ante la Fiscalía de Distrito 4 Turno 3 contra la Sargento 1° de la Policía, Claudia Melián, y el Ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, por violación a la Ley 25.520, de Inteligencia Nacional, en los artículos 4 Incisos 1, 2 y 3; y 42; y el artículo 37 de la Constitución Nacional, que contempla el “pleno ejercicio de los derechos políticos”.
La denuncia manifiesta que el 20 de diciembre del año pasado, mientras se desarrollaba en las calles de la ciudad de Córdoba una movilización, convocada por organizaciones sociales y sindicales, en la intersección de Avenida Colón y Figueroa Alcorta, la sargento Melián sacó fotos con su celular a los participantes, sin identificarse, y encubierta con un chaleco que decía “Prensa”.
Nunca se dieron explicaciones sobre cuál era el cometido de la Sargento Primero dentro de una marcha política, ni a qué registros fueron aportadas esas fotografías que tomó, expresa la denuncia; que repasa que la Ley 25.520 expresamente prohíbe “realizar tareas de ‘Inteligencia interior’ hacia partidos políticos, sociales o sindicales”.
Cabe mencionar que en el marco del operativo de seguridad dispuesto en el marco de dicha marcha por la Policía, se detuvo a cinco personas, entre ellas un trabajador de prensa: Rodrigo Savoretti, del medio Enfant Terrible.
Los denunciantes siguen esperando que el juez que tome esta denuncia considere “si las conductas denunciadas encuadran en los arts° 160 (Libertad de reunión), 213 (Apología del delito) 213 bis (Atentados contra el orden público), 226 (Delitos contra el Orden Constitucional)”; y si “en la comisión de estos delitos han participado, han dado órdenes más integrantes de las fuerzas policiales de la provincia de Córdoba, y quienes se han dedicado a encubrir estos actos”.