“Las organizaciones territoriales, sindicales, feministas, campesinas e indígenas reunidas el día 30 de julio de 2025 en la sede de la Cooperativa Llamcay, en la localidad de Huerta Grande, expresamos públicamente nuestro posicionamiento político ante el contexto de crisis que atravesamos en nuestros territorios.
“Denunciamos la profundización de la desigualdad, la violencia y el abandono estatal que afecta de manera directa a mujeres, disidencias, infancias y adolescencias en situación de extrema vulnerabilidad. En un escenario donde se desmantelan las políticas públicas, se criminaliza la organización y se reprime la protesta social, reafirmamos que la única salida es colectiva, comunitaria y con justicia social.
“El actual Gobierno Nacional ha intensificado una política de ajuste, disciplinamiento y violencia institucional que golpea especialmente a quienes sostenemos la vida en los barrios, en las escuelas, en los hospitales, en los territorios. Repudiamos el vaciamiento del Estado, los despidos masivos, la precarización laboral, y el silenciamiento de las voces disidentes.
“Exigimos el esclarecimiento del femicidio territorial de Cecilia Gisela Basaldúa. En nuestro territorio, los femicidas y violadores siguen sueltos. Necesitamos una justicia real con perspectiva de género sin revictimizaciones para las familias que buscan verdad y justicia.
“La falta de formación en perspectiva de género de muchos profesionales del Estado, lo que revictimiza a quienes buscan asistencia ante situaciones de violencia en los puntos mujer de la provincia.
“El avance de la privatización del parto y la salud reproductiva en la localidad de La Falda, atentando contra el derecho a decidir, a parir con respeto y en condiciones dignas de salud publica.
“El cerco mediático impuesto por los grandes medios de incomunicación, que ocultan los desalojos violentos a comunidades indígenas que resisten en defensa de sus cuerpos-territorios frente al extractivismo, el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
“Sostenemos que nuestras luchas están profundamente entrelazadas. No es posible hablar de democracia mientras se siguen vulnerando derechos básicos como el acceso a la salud, a una vivienda digna, a un parto respetado o a una vida libre de violencias.
“Desde nuestros espacios y trayectorias organizativas, reafirmamos:
“La defensa de los derechos conquistados por los movimientos populares, feministas y sindicales.
“La organización comunitaria y territorial como forma de hacer frente al abandono estatal y construir redes de cuidado y acompañamiento reales.
“La necesidad de una agenda unificada y feminista, con base en la soberanía, la justicia ambiental, el reconocimiento de las tareas de cuidado y el respeto a los pueblos originarios.
“Reivindicamos también el rol histórico de las mujeres en la liberación de nuestra Patria. Fuimos parte de cada gesta emancipadora, desde las luchas anónimas en los fogones y hospitales de campaña, hasta las grandes referentes que enfrentaron dictaduras,. Hoy, como ayer, nos paramos con coraje frente a un modelo que niega la dignidad, y levantamos las banderas de la soberanía, la justicia y la dignidad”.