Por Sergio Coria*
El sistema de Coparticipación Federal de Impuestos no es un mero acuerdo técnico; es una herramienta de dominio político. Desde su implementación, ha funcionado como una soga al cuello de las jurisdicciones subnacionales. La Nación recauda el grueso, retiene la llave de la caja (casi la mitad, más detracción de asignaciones específicas), y luego gotea los recursos a las provincias, manteniéndolas en una dependencia financiera crónica.
Este poder centralizado ha servido históricamente para disciplinar a las provincias, obligándolas a arrodillarse ante el poder central de turno a cambio de fondos vitales. Y en un calco de esta matriz, las provincias replican la extorsión hacia sus propios municipios. La lógica es clara: la coparticipación actual es la institucionalización de la dependencia.
La Constitución de 1994 prometió una nueva ley de coparticipación basada en “criterios objetivos de reparto”, una promesa que lleva décadas incumplida. La inacción es deliberada: mantener el statu quo garantiza la perpetuación del poder del Tesoro Nacional sobre los gobernadores.
El Impuesto Único: Que el tributo surja en el Municipio
Para quebrar de raíz este esquema de extorsión, la solución debe ser radical: invertir el flujo de caja.
La propuesta es sencilla y revolucionaria: que los municipios y comunas cobren el Impuesto Único.
Otorgar a la unidad de gobierno más cercana al ciudadano, el Municipio, la potestad de recaudar el gran impuesto nacional (o unificado) no es solo descentralizar; es empoderar la democracia de base. El contribuyente sabrá exactamente qué autoridad cobra y, por lo tanto, a quién exigirle cuentas por los servicios públicos.
Una vez recaudado, el municipio coparticipará un porcentaje preestablecido y automático a su provincia, y esta, a su vez, girará la parte correspondiente a la Nación. De esta manera, el gobierno federal deja de ser el dispensador de recursos para convertirse en un mero receptor residual. Se acaba la extorsión. Se acaba el dedo que decide a qué provincia se castiga o se premia. El federalismo deja de ser una declaración para convertirse en un hecho económico ineludible.
Revocatoria de Mandatos: El pueblo jefe permanente
Una reforma financiera no es nada sin una reforma política que asegure la responsabilidad de quienes administran esos recursos. Por ello, es imperativo imponer la obligatoriedad de la Revocatoria de Mandatos para absolutamente todos los cargos ejecutivos electos.
Desde el Presidente de la Nación hasta el último jefe comunal, todos deben estar bajo la espada de Damocles de sus electores.
No puede ser que este mecanismo de control ciudadano, que hoy solo existe de forma fragmentada en algunas constituciones provinciales y cartas orgánicas municipales, sea optativo. Debe ser un requisito constitucional transversal y de cumplimiento obligatorio en todos los niveles y jurisdicciones del país.
La figura de la Revocatoria obliga al funcionario a rendir cuentas día a día, no sólo en la próxima elección. Es el antídoto directo contra la casta enquistada. Es devolver el poder de fuego a la ciudadanía para que el mandato popular no sea un cheque en blanco de cuatro años, sino una labor bajo vigilancia constante.
Solamente combinando la autonomía de caja municipal con la fiscalización ciudadana permanente se podrá desarticular el andamiaje de poder que hoy usa la coparticipación para doblegar voluntades y vaciar de contenido a la República Federal.
Foto: Fuente Punto a Punto – Internet
*Periodista. Ex dirigente del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA)