Terés: “La deuda por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo es gigantesca”

El Secretario Adjunto de la CTA Autónoma Rosario y referente de la docencia pública santafesina, Gustavo Terés, recorrió los principales nudos problemáticos del área educativa en clave histórica y le puso número a la desinversión. La precariedad, las deudas, los debates superficiales y los necesarios, los latiguillos de campaña y los anuncios privatizadores en este contexto, son parte de esta primera entrevista.

A la hora de analizar en clave histórica y también internacional, Terés despliega años de formación y trayectoria pedagógica que, fuera del griterío electoralero, permiten ubicar seriamente la problemática educativa. Hoy ejerce como Director del Normal Nº3 y dicta materias del área pedagógica en el profesorado que lo formó como docente: el ISEF N°11. Tras años de dirigir Amsafe Rosario y también integrar la Central, continuó con el planteo que tuvo en funciones gremiales: nunca dejar su lugar de trabajo.

Lo primero que hay que decir es que la deuda educativa acumulada por el Estado Argentino desde el año 2006 es alrededor de 26 mil millones de dólares al 2020, desde la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo”, apunta. El dato incontrastable está en el debe de los sucesivos gobiernos nacionales, llegando solo dos veces al 6% del PBI. A esto se suma lo sucedido en el período de la Ley Federal de Educación, que tampoco cumplimentó ese porcentaje. “En síntesis: hay más de tres décadas de desinversión educativa”, subraya Terés.

El Ministro de Educación llevó al Parlamento una iniciativa de ley que plantea pasar del 6% del PBI al 8% como meta a cumplir para el año 2030. Es una iniciativa auspiciosa pero a la par, indica el dirigente, deberían plantearse destinatarios y políticas más  precisas de fortalecimiento del sistema educativo. “Existe una deuda gigantesca donde el Estado nunca se hizo cargo y los sindicatos nacionales no reclamaron. De cumplirse con estos porcentajes sería un avance significativo del sistema en términos presupuestarios”.

Además, en medio de la campaña electoral, aparece el lema de ‘190 días de clases’ cuando no se han podido garantizar los 180 días establecidos por cuestiones ajenas al ‘enemigo sindical’ que enarbolan una candidata y candidatos a la presidencia. Para el referente docente, “en nombre de que se viene la derecha se cae en la trampa de antagonizar con los ejes que ésta plantea y no se abordan problemas centrales del Sistema Educativo”. Y advierte: “ningún sistema que funciona bien en el mundo puede culpabilizar a las y los docentes del fracaso educativo: somos parte de la solución

-¿Cómo definís las actuales condiciones del sistema educativo en clave general?

-Tenemos un sistema educativo en crisis y se carece de un diagnóstico profundo. Las actuales políticas devalúan nuestra profesión, es muy alta la cantidad de docentes por debajo de la línea de pobreza, con salarios de miseria, como así también no se garantiza la estabilidad laboral. Asistimos a una precarización creciente de las condiciones de trabajo y cada vez es más común la sobrecarga laboral -personas con dos cargos, o hasta 50 horas cátedras – para llegar a fin de mes.

También nos encontramos con un sistema fragmentado -Ley Federal mediante-, que puede generar la coexistencia de veinticuatro sistemas educativos distintos y desiguales. En algunas situaciones, el Consejo Federal de Educación pudo regular cuestiones curriculares, de formación docente, de piso salarial, de financiamiento a provincias postergadas, pero la mayoría de las decisiones en políticas educativas están en manos de las provincias. Se proponen metas para las escuelas que rara vez priorizan las exigencias urgentes que el estudiantado necesita, careciendo de un estatuto y normativas que establezcan un piso de derechos e igualdad a nivel nacional y así garantizar un mínimo de unidad. La necesaria autonomía pedagógica en contra del centralismo no debe ser generadora de desigualdades.

Por nuestra historia y por nuestra lucha, el actual sistema público garantiza la gratuidad desde el nivel inicial al nivel superior y universitario distinguiéndonos positivamente de la mayoría de los sistemas educativos de Latinoamérica. Por estas razones hay estudiantes de otros países se forman en nuestras universidades. Nos encontramos ante un crecimiento cuantitativo del alumnado a partir de la obligatoriedad del nivel inicial y secundario, este aumento no ha sido correspondido en lo cualitativo. Hoy se le garantiza a todas y todos los estudiantes el derecho a la educación, pero no el derecho a la misma escuela, profundizando las desigualdades ya existentes en cuanto a lo material y pedagógico del proceso de enseñanza-aprendizaje. La precarización educativa habita la mayor parte del territorio nacional.

-¿Qué nivel de contacto con la realidad tienen los planteos electorales?

-Muy poco. Si bien los equipos educativos de las fuerzas políticas que compiten participaron de espacios de debate, a diferencia de otras áreas que no hubo, como así también las y los candidatos presidenciales lo hicieron en el bloque de Educación, en esas intervenciones primaron frases efectistas como los 190 días de clases, ataque a la docencia a través de la instauración del presentismo, de pagos diferenciales por productividad, de declarar a la educación como “servicio esencial”. También abundaron promesas de quienes están hoy en la gestión y no las cumplen y aplican políticas de ajuste. Las propuestas “novedosas” que impulsan el sistema de vouchers eludieron hacer un análisis del estrepitoso fracaso de esta iniciativa a nivel mundial.

El gran ausente fue un diagnóstico que sea el punto de partida de las reformas educativas que nuestro país necesita: que uno de cada cinco pibes y pibas termine en tiempo y forma la escolaridad y que el 56% de quienes son menores de 14 años sean pobres nos habla de la profunda tragedia educativa y social que hoy vivimos y nos toca enfrentar. La pobreza no es solo económica sino que deviene en pobreza cultural y simbólica.

-Hablaste del eslogan de los días de clase ¿Qué hay para desarrollar al respecto?

-La realidad dice que son muchos los días de clases que no se dictan por cuestiones de infraestructura, por falta de profesores, o por los graves problemas sociales del alumnado. Nos encontramos con un Estado ausente que no ataca la pobreza y la desigualdad, dejando huérfanas a las familias que cada vez tienen más vínculos frágiles con las instituciones educativas.  La escuela sola no puede.

Hay que recuperar una permanencia estable de nuestrxs estudiantes en las aulas, principalmente en las escuelas secundarias. Este nivel es el que mayor demanda la intervención de todos sus actores. La alfabetización, comprensión lectora, el cálculo, ciencias sociales, siguen siendo nudos vertebradores de la tarea educativa que hay que reforzar. Como así también es imprescindible, de una vez por todas, que en las escuelas se incorporen los avances científicos tecnológicos. Hoy habitamos instituciones educativas con un formato y con recursos tecnológicos  de más de cuarenta años.

Por último, tendremos que revisar la formación docente, es necesario implementar cambios radicales en esta área, ya sea en el plano organizativo como así también en lo curricular y bregar para que esta profesión vuelva a ser rejerarquizada tanto desde lo material como desde lo académico. Estas son algunas de las preguntas que profesorxs, docentes, especialistas, democráticamente, tenemos que abordar en esta etapa.

-¿Vamos a una privatización real del sistema educativo?

-La mercantilización es una tendencia mundial que nunca se detuvo. Las pedagogías del “emprendedurismo” y del “liderazgo” toman fuerzas desde los discursos neoliberales con una vuelta de la teoría del capital humano que el capitalismo supo instalar en décadas anteriores.

En nuestra provincia las escuelas privadas suman el 30% en el total de la matrícula, con subsidios crecientes, que en algunos casos, a pesar de abonar cuotas muy elevadas, el gobierno sigue subvencionando. La no presencia del Estado y el retiro de éste en muchas comunidades hacen que aparezcan ofertas particulares.

El creciente aumento de las tecnicaturas, posgrados, diplomaturas y universidades, en su mayoría privadas  ofrecen carreras cortas donde la gestión pública  nada propone. En suma, todo esto son nuevos nichos de mercantilización que ubican a la educación como servicio y no como derecho.

-¿Es aplicable el sistema de voucher?

-Hablar de voucher es hablar de una propuesta segregadora que poco tiene que ver con la emancipación ciudadana para que cada familia pueda elegir. En realidad, va contra todo principio de solidaridad, de construcción colectiva. La mayoría de los países y las experiencias conocidas que avanzaron con eso, fracasaron de conjunto. Fue el caso de Nicaragua, que tuvo que eliminarlo, de Suecia, en Chile se fragmentó y es profundamente desigual, donde la educación se trasladó de la esfera de derecho a la de consumo o servicio de compraventa.

Quienes regentean esas escuelas con vouchers son docentes y directorxs que se autoasignan sueldos sin rendir cuentas. Además, en nuestro país es inviable: Las provincias tienen autonomía para ordenar sus sistemas, en lo jurídico, en lo laboral y pedagógico, esto lo haría impracticable. Y, fundamentalmente, no garantiza que las y los chicos aprendan bien. La derecha trabaja desde un sentido común, con ideas simplistas que no abordan la complejidad de los problemas. Hay sectores progresistas que se prenden en ese debate para no discutir lo importante.

-¿Por qué es importante seguir defendiendo a la escuela como espacio?

-Hay que mirar la historia no para cristalizarla, sino para defender y recuperar las señas de identidad de la educación pública. Tuvimos leyes que hicieron de Argentina el país más abierto e igualitario de Latinoamérica, la Ley 1.420, la Reforma Universitaria, la de Educación Técnica, todas iniciativas que al calor de la lucha popular bregaron por la educación pública, democrática, gratuita, laica, coeducativa y que hoy debe incorporar una educación no sexista, intercultural y del cuidado del ambiente.

Se trata de reafirmar y de recuperar derechos que abonen a construir una sociedad más justa, pacífica y solidaria.

Fuente: www.ctarosario.org.ar