Por Alexis Oliva*
“Hemos encontrado restos humanos en La Perla”, anunció Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba (JFN°3), en la conferencia de prensa del viernes 26 de septiembre. En el contexto de la causa “Enterramientos clandestinos”, la noticia agitó con una brisa de verdad y esperanza el clima oficial de negacionismo y nostalgia de los tiempos dictatoriales.
El martes 16 se había iniciado una nueva campaña en busca de vestigios óseos de víctimas del terrorismo de Estado en los campos del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio de La Perla, por el que entre 1976 y 1979 pasaron más de dos mil prisioneros políticos, en su mayoría asesinados y desaparecidos. Cinco días después se produjo el hallazgo de “restos óseos, encontrados en forma aislada en un relleno consistente con las alteraciones que se ven en las imágenes”, indicó Silvana Turner, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
La antropóloga se refería a una foto aérea de julio de 1979, aportada por Catastro de la Municipalidad de Córdoba, que permitió acotar la pesquisa en un sector de las 14.000 hectáreas de La Perla. En ella, Guillermo Sagripanti, geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), detectó una “intervención antrópica”, es decir, “un cambio sustancial en la morfología superficial del terreno” producido por la acción humana. El trabajo interdisciplinario permitió vincular el dato con testimonios recabados durante la instrucción y juicio de la Megacausa La Perla y aportes de lugareños, para “asignarle una alta probabilidad al sitio” y concentrar la investigación “en unas diez hectáreas al sur de la Loma del Torito”, explicó Sagripanti.
El testigo del horror
Un aporte crucial fue el de José Julián Solanille, quien trabajaba en los campos cercanos cuando La Perla era el principal centro de represión clandestina del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por el general Luciano Benjamín Menéndez. El arriero atestiguó ante la delegación Córdoba de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en 1984, en el Juicio a las Juntas de 1985 y en la Megacausa La Perla en 2013. Entonces relató un fusilamiento colectivo que presenció en el mismo lugar de la excavación actual: “Estaba con otro compañero en la Loma del Torito. Habíamos visto la fosa cavada. Unos cuatro metros por cuatro. Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos…”.
Según el testigo, el propio Menéndez encabezó la masacre. “Él había llegado en un (Ford) Falcon blanco. Yo lo había visto, sabía que se venía algo grande –continuó Solanille–. Y ahí estaba, con su fusil. No lo vi disparar. Pero él dio la orden. La gente estaba encapuchada o vendada o tenían unos anteojos… Los que no tenían nada, los que podían ver, gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda. Nos rajamos con mi amigo. Estábamos cagados de miedo. Nos habíamos arrastrado hasta arriba de la loma, pero bajamos corriendo. Después se ve que los quemaron. Tiraron explosivos. El humo con ese olor espantoso se vino para mi casa. Era insoportable”.
Un punto de inflexión
El hallazgo incluye “restos óseos aislados, que están en un terreno alterado. No hay nada articulado, no es como la fosa de San Vicente que ustedes conocieron. Es más parecido a lo de los hornos…”, aclaró en la conferencia de prensa la antropóloga Anahí Ginarte. El 21 de octubre de 2014, luego de diez años de búsqueda infructuosa, el EAAF había encontrado restos de cuatro víctimas en los hornos de la estancia La Ochoa, en el predio de La Perla.
A partir del testimonio de Miguel Quiroga, un vecino de Malagueño que vivió durante su infancia en La Ochoa, se logró rescatar una costilla, un hueso sacro y pequeños fragmentos de extremidades. El análisis de ADN estableció que pertenecían a los estudiantes de Medicina y militantes de la Juventud Universitaria Peronista Lila Rosa Gómez Granja, Alfredo Felipe Sinópoli, Ricardo Enrique Saibene y Luis Agustín Santillán Zevi, secuestrados por el Comando Libertadores de América en el Parque Sarmiento, el 6 de diciembre de 1975. Se estima que estuvieron cautivos en el Campo de la Ribera y fueron fusilados en La Ochoa, cerca de la casa donde el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército solía descansar.
El descubrimiento de 2014 motivó una operación mediática del ex mayor Guillermo Ernesto Barreiro y sus subalternos José Hugo Herrera, Luis Manzanelli y Héctor Romero, por esos días acusados en la Megacausa La Perla. El 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ofrecieron al tribunal su “voluntad de colaborar” con la ubicación de sitios de enterramientos de un listado de desaparecidos. El verborrágico Barreiro pidió hablar sin el público y la prensa, pero luego se filtró la nómina de víctimas. Reveló un ex militar dónde sepultaron a 25 desaparecidos, tituló al día siguiente el diario La Nación, y valoró la noticia como “un aporte a la reconciliación”.
El ofrecimiento no surgía del protagonismo de Barreiro en la represión, sino de “datos extraídos del expediente judicial”. Por las dudas, los jueces aprobaron una inspección guiada por el propio Barreiro en los campos de La Perla y otra que días después acompañó Herrera en el camino a Villa Ciudad de América, en el valle de Paravachasca. Ambas sin resultados. Hasta entonces invicto de condenas, Barreiro fue uno de los sentenciados a prisión perpetua el 25 de agosto de 2016.
Con conocimiento de causa
Las evidencias de remoción del suelo y las características de las piezas encontradas en la Loma del Torito avalan la hipótesis de que a principios de 1979 “se hizo una limpieza” para ocultar evidencias. Y da credibilidad al testimonio del fallecido militar Guillermo Bruno Laborda, lo más parecido a una ruptura del pacto de silencio en torno a los crímenes de lesa humanidad en Córdoba.
En 2004, al rechazarle la Junta Superior de Calificaciones de Oficiales del Ejército un ascenso al grado de coronel, Bruno Laborda envió una carta al jefe del Ejército Roberto Bendini. Allí relataba –en calidad de mérito durante sus años de servicio en dictadura– operativos de represión en los que había participado en Córdoba, entre ellos los fusilamientos “a sangre fría” de “cuatro condenados subversivos” en julio de 1978 y el de Rita Alés Dillon de Espíndola, secuestrada en diciembre de 1977 y asesinada luego de dar a luz a su hija María Victoria.
En 2009, ya procesado por la Justicia, Bruno Laborda ofreció colaborar. Entonces reveló que entre marzo y abril de 1979, al enterarse Menéndez de que en septiembre de ese año visitaría la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordenó desenterrar los cuerpos de los prisioneros fusilados e inhumados en los campos de La Perla. Incluso, el militar señaló los lugares donde con palas mecánicas se desenterraron esos cadáveres, que luego habrían trasladado a las salinas riojanas.
Durante el juicio de La Perla, la versión de Laborda fue corroborada por el capitán retirado del Ejército Ernesto Facundo Urien, quien entre 1978 y 79 prestó servicios en el Liceo Militar General Paz: “Mi subalterno, el teniente Gustavo Raúl Gelfi, fue reasignado para cumplir una función especial. Al regresar, me contó consternado que había sido llevado a desenterrar cuerpos en La Perla, con máquinas excavadoras, para trasladarlos a otro lugar”. “¿Qué hacían con esos cuerpos?”, le preguntó el abogado de la querella Claudio Orosz. “Eran colocados en tambores, algunos con cal viva”, respondió Urien.
Enfermo de cáncer, Bruno Laborda no alcanzó a declarar en el juicio y murió en julio de 2013. Hasta ahora, en las excavaciones realizadas en los sitios que señaló –la Loma del Torito y el lote El Triángulo– solo se había comprobado que hubo movimiento de tierra. El hallazgo de estos huesos –que según se adelantó “datan de los años 70” – abre un nuevo capítulo en la investigación.
“Somos optimistas en que después de mucho tiempo hemos dado con el lugar correcto de la búsqueda –manifestó Miguel Ceballos, secretario de Derechos Humanos del JFN°3–. Los restos se han encontrado en los primeros días de una campaña que va a durar 70 días. Sabemos el impacto de la noticia para las familias, que el año próximo hará cincuenta años que están buscando a sus familiares desaparecidos. El Juzgado quiere ser prudente para informar, pero con esperanza y entusiasmo para desandar el largo camino que aún nos resta”.
El próximo paso es comparar el ADN de esos huesos con las muestras de familiares de desaparecidos disponibles en los bancos de datos genéticos. “Cuando uno encuentra los restos y los identifica, esa persona deja de ser una persona desaparecida, pasa a ser una persona asesinada. La tranquilidad de los familiares de dar por terminado ese estado de incertidumbre es lo que me parece necesario resaltar en este momento”, destacó el juez Vaca Narvaja.
70 víctimas de la UNRC esperan justicia
Los organismos de Derechos Humanos de Córdoba reclaman la llegada a juicio de importantes causas de lesa humanidad, cuyas demoras derivan en “impunidad biológica” de los represores. Entre ellas, “Gutiérrez, Hermes Vicente”, quien fuera jefe de la represión en los departamentos Río Cuarto, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña y General Roca. 24 ex militares y ex policías están acusados por crímenes cometidos entre 1975 y 1978: privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte, homicidios y abusos sexuales. La mayoría de las 70 víctimas eran estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).
El 26 de junio, los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo pidieron la elevación a juicio, que debe resolver el Juzgado Federal N° 1, subrogado por el juez Carlos Ochoa. En la acusación incluyeron a los exgenerales Adolfo Patricio Echehun, Carlos Alberto Quevedo y Pablo Skalany, el exteniente coronel Enrique Pedro Mones Ruiz, los ex mayores Gustavo Adolfo Alsina y Ernesto Guillermo Barreiro, los ex suboficiales mayores Carlos Ibar Pérez, Juan Eusebio Vega y Carlos Alberto Díaz, el ex sargento Miguel Ángel Pérez y el personal civil de La Perla Arnoldo José López, Ricardo Alberto Ramón Ladrone y José Luis Yáñez. Los policías provinciales imputados son los ex comisarios Rubén Enrique Principi y Carlos Alfredo Yanicelli, el ex sargento primero Daniel Di Santo, el suboficial principal Juan Carlos Nieto y los ex cabos Juan Eduardo Ramón Molina, Miguel Ángel Salinas y Miguel Ángel Gómez. Días atrás, falleció el ex policía Gómez, quien quedará impune en varios hechos incluidos en la causa.
Entre los más resonantes se juzgará el asesinato de Elsa Gladys Comba, quien desde Madres de Plaza de Mayo buscaba a su hijo Sergio Comba. Gladys fue secuestrada el 23 de febrero de 1978 y su cuerpo incinerado fue hallado en una fosa común cerca de Alcira Gigena. Otro caso con repercusión pública fue el de Ernesto Silber, profesor de Química e impulsor de la Asociación Gremial Docente de la UNRC, secuestrado el 9 de agosto de 1976 en el predio universitario y asesinado tres días después en la Unidad N°7 de la Policía.
Fuente: www.revistaelsur.com.ar