Frenar el ajuste en Discapacidad

La Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma, junto al Departamento de Discapacidad de ATE, y otros organismos vinculados a la temática presentaron el jueves ante la Cámara de Diputados de la Nación un Proyecto de Resolución solicitando se informe sobre las últimas medidas restrictivas que adoptó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en materia de prestaciones de salud.

Un nuevo intento de recorte se corporizó en la Resolución No. 1231/2019 de SSS, publicada en el boletín oficial el pasado 4 de septiembre. La misma pretendía restringir las prestaciones y complejizar los trámites para los tratamientos de rehabilitación destinados a las personas con discapacidad, reduciendo las horas de terapia y también los prestadores autorizados a realizarlas. Puntualmente, se limitó la cobertura a un máximo de tres días de terapia por semana en instituciones reguladas (las que se reducen a dos días cuando se trata de pacientes de rehabilitación integral “simple”) o hasta seis horas semanales de tratamiento de, como máximo, tres profesionales distintos para la atención independiente (las denominadas prestaciones de apoyo).

¿Cuál fue el insólito argumento esbozado para justificar dichos recortes? “revalorizar el derecho del niño con discapacidad al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad”. Esto suscitó el repudio de las organizaciones con discapacidad y la SSS tuvo que poner pausa a la medida. El 17 de septiembre por medio de la Resolución 1416/2019, dispuso la suspensión y convocó “a una mesa de diálogo amplio a los distintos sectores y actores involucrados en los aspectos regulados en la norma”.

Como afirmó Carlos Ferreres (foto), Secretario de Discapacidad de la CTA-A, “se trató de un avance más en el ajuste que se está ejerciendo sobre toda la población y sobre las personas con discapacidad cuando la rehabilitación es un derecho fundamental”. Al tiempo que destacó que la pretendida Resolución se efectuó sin consultar a las organizaciones ni a las personas con discapacidad, colisionando con lo instaurado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado con jerarquía constitucional por imperio de la Ley 27.044. Es así que establece que “en la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan”.

Por otra parte, el Proyecto de Resolución presentado advierte que el acto administrativo emanado de la Superintendencia -organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud y Desarrollo Social cuya misión es la regulación y control de los actores del sistema de salud y velar por que todas las personas puedan acceder a las prestaciones establecidas en el Plan Médico Obligatorio y las leyes especiales para cada uno de los segmentos que requieren atención especial-, resulta a todas luces arbitrario e ilegítimo. Pues el ente en cuestión carece de atribuciones para dictar un acto de esa naturaleza, que afecta el ejercicio de los derechos reconocidos por la Ley 24.901 y las convenciones internacionales en materia de discapacidad.

La presente iniciativa, también impulsada por el diputado Nacional Daniel Arroyo, fue planteada y surgió del grupo de trabajo formado a mediados de 2018 en la Cámara de Diputados conjuntamente con el Departamento de Discapacidad de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Consejo Directivo Nacional de ATE y la Secretaría de Discapacidad de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) -contando con la participación de representantes de las áreas de Discapacidad de distintas centrales de trabajadores, profesionales, especialistas y entidades intermedias vinculadas a la temática-, con el objetivo de generar un espacio de análisis y evaluación en torno a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina. Allí se planteó abordar distintas dimensiones: por un lado, visibilizar las dificultades y barreras que afectan y obstaculizan el ejercicio de tales derechos; por otro, materializarlo en acciones concretas que permitan revertir situaciones de vulneración de derechos.

Fuente: www.agenciacta.org