A la nena de 12 años se le obstaculizó el acceso a la interrupción de su embarazo y finalmente se le practicó una cesárea hace cinco días. No se respetó su intimidad al hacerse público el nacimiento de una beba prematura.
El caso de esta niña en se convirtió en un claro ejemplo de vulneración de derechos: Distintos funcionarios difundieron datos clínicos y no respetaron su intimidad, sectores antiderechos realizaron un escrache en el hospital, dos centros de salud impidieron la interrupción amparada el fallo de la Corte Suprema y, luego de la cesárea, hasta el propio gobernador Gerardo Morales dijo que una “familia importante” quería adoptar al recién nacido, sin ningún tipo de respeto por las leyes de adopción.
En relación a este tema, el Secretario General de la Unión de Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTA) y Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María, opinó que “es sabido que un embarazo en una niña de 12 años conlleva riesgo de vida. No es extraño entonces que haya muerto la beba nacida de la cesárea a una niña violada. Pero al Gobierno jujeño y a los fundamentalistas religiosos y no religiosos no les importa la salud física y psicológica de la niña vulnerada”.
A su juicio, “solo querían lograr un ‘trofeo’ que les ayudara a mantener su discurso originado en una estructura ideológica de opresión”.
Y agregó: “Así convirtieron al Gobierno en responsable y cómplice del violador de la niña. El Gobierno jujeño junto con el aparato estatal construyó más vulnerabilidad y dolor en esa niña obligándola a llevar adelante ese embarazo a pesar del riesgo”.
“En estos actos se muestra desnuda la crueldad de esos grupos”, remató Chirino.