Giuliani denunció en el Congreso la persecución política y judicial del "Cordobesismo" -

Este martes por la tarde, el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, expuso sobre la persecusión, hostigamiento y criminalización de la protesta que lleva adelante la Justicia adicta al “Cordobesismo” contra los que luchan para frentar el ajuste del Gobierno Nacional y sus aliados en las provincias. Además, mantuvo reuniones con representantes del CELS y Mario Santucho del Mapa de la Policía.

Lo hizo durante la Audiencia Pública y Jornada Debate realizada en el Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación en el Congreso bajo el lema “Sociedad, Sindicalismo y Democracia. La Represión Estatal y la Criminalización de la Protesta en Argentina”.

Junto a Giuliani estuvieron presentes dirigentes procesados por diversas causas vinculadas a su participación en protestas sociales: Mónica Gurina, Secretaria General de la CTA Autónoma de Misiones; Leandro Sánchez, Secretario Adjunto de la CTA Autónoma de Misiones; Hugo Aranea, Secretario General de la CTA Autónoma de Viedma, Río Negro; y Daniela Calarco Arredondo, detenida el 12 de junio durante las protestas contra la Ley Bases, en una causa que ya fue elevada a juicio.

Giuliani apuntó: “El 28 de agosto, cuando eramos detenidos injustamente por protestar en la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, el Inspector Ulises Ezequiel Romero, de la Policía Provincial, al esposarme con una toma, me fracturó el codo, me generó desgarro ligamentario y muscular, dejando mi brazo partido en dos. Lo hizo cuando yo ya me había entregado sin oponer resistencia. Esta es la ‘NarcoPolicía’ que mata con gatillo fácil, los ‘PoliLadron’ que atienden de los lados del mostrador, los machos con los débiles y cobardes con los poderososos”.

“Como si fuera un detenido de extrema peligrosidad, o si estuviéramos en la Dictadura del ‘Navarrazo’, el 29 de agosto pasado, en el Hospital Misericordia, con mi brazo derecho fracturado, pasé 24 horas aproximadamente esposado con mi mano izquierda a la cama, sin poder ir al baño, solo con un papagallo para orinar en la cama a duras penas, tomar agua o comer, violando los derechos humanos básicos que tenemos como personas. No obstante, dos policías estaban dentro de la habitación armados cuidándome y otros dos efectivos en la puerta con el claro propósito de amedrentarme. Esto sucedió por orden del Fiscal Ernesto de Aragón y el Jefe de la Policía de Córdoba, Comisario Héctor Gutiérrez. Más allá de las afrentas y hostigamientos, tenemos memoria y queremos Justicia”, agregó.

La apertura y el cierre de la actividad estuvieron a cargo del Secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y del Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, quienes estuvieron acompañados por diputadas y diputados de distintos bloques.

Godoy sostuvo que “al carácter autoritario de este Gobierno, se le suma una creciente subordinación a los intereses de Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la instalación de una base militar en nuestro territorio, y una estrategia represiva cada vez más violenta, dirigida a sembrar el miedo. Esta política represiva se replica en distintas provincias a través de la llamada ‘Ley Antimafias’, que, lejos de combatir el crimen organizado, busca criminalizar a las organizaciones populares. A esto se suma la creación de nuevas estructuras represivas destinadas a proteger los intereses del modelo extractivista, facilitando el saqueo de nuestros bienes comunes y reprimiendo a las comunidades que resisten su avance”.

Y remató: “Desde la CTA expresamos nuestro más enérgico repudio al accionar del gobierno nacional y de sectores del Poder Judicial que operan como herramientas de persecución política contra quienes defienden los derechos del pueblo”.

Asimismo, se presentó un informe sobre la brutal represión sufrida por Pablo Grillo, y la protección posterior otorgada al gendarme que le disparó, Héctor Guerrero.

Además, Jimena Frankel, representante del Monitor de Respuestas Represivas del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, presentó un informe sobre el registro de represiones llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei.

Según este relevamiento, hasta la fecha se registraron 88 represiones a protestas sociales, en las que resultaron heridas 2.534 personas. Entre las víctimas, se destaca el asesinato de Fernando Gómez en la provincia de Salta, la gravedad de las heridas sufridas por Pablo Grillo, y cuatro personas que perdieron la visión de uno de sus ojos.

También se contabilizan 96 allanamientos y desalojos en comunidades de pueblos originarios y movimientos sociales. Otro dato relevante es la detención de 461 personas por participar en manifestaciones o por formar parte de organizaciones populares, así como la apertura de 236 causas penales bajo la misma lógica represiva.

Reunión con el CELS

En horas de la mañana, Federico Giuliani junto a la Secretaria de Prensa de ATE y Secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma Córdoba, Julia Giuliani, mantuvieron una reunión con integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para avanzar en conjunto en estrategias y miradas contra la criminalización de la protesta social.

El reconocido organismo de derechos humanos a nivel nacional e internacional, se presentó en la causa armada contra el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, bajo la figura de amicus curiae (‘amigo del tribunal’) a los fines de aportar su opinión para garantizar los derechos del dirigente y el seguimiento del proceso penal.

La presentación como amigos del tribunal está autorizada por una acordada de la Corte Suprema y el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, donde se presentan como expertos en la temática, citando la jurisprudencia internacional, desde Naciones Unidas, Corte Interamericana de DDHH, Comisión Interamericana de DDHH respecto a la no criminalización de la protesta social.

El CELS afirmó que Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que la protesta es “una actividad que reviste un ‘interés social imperativo’, lo que conlleva que exista una presunción general en favor de su ejercicio. Además, implica que los Estados(… ) deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Esto implica un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de participación ciudadanía, con las calles y plazas como lugares privilegiados para la expresión pública”.

Con Mario Santucho

Federico y Julia Giuliani también se reunieron con Mario Santucho, referente del Mapa de la Policía, para “planificar estrategias de DDHH en común ante el avance de las políticas represivas en Córdoba”.

Mario Santucho es periodista, escritor y editor de la Revista Crisis. Integra, además, la red de cuidados contra la violencia policial conocida como “Mapa de la Policía”.

Se trata de la organización permitió identificar al efectivo de la policía federal Cristian Rivaldi que gaseó a una niña en una manifestación; al cabo primero de Gendarmería Héctor Guerrero que le disparó un cartucho de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo.

Santucho es, además, militante social y de derechos humanos, hijo de Mario Roberto Santucho, fundador y líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo ( PRT-ERP) y de Liliana Marta Delfino, ambos desaparecidos por la última dictadura cívico militar. Todavía busca a su hermano o hermana nacida en cautiverio durante los años 1976 o 1977.