Por Daniel Díaz Romero*
Seis defensores ambientales de la provincia de Córdoba enfrentarán un juicio el 18 de diciembre por haberse manifestado en 2022 contra la Autovía de Punilla. La Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba, un hecho que se interpreta como un claro ejemplo de la «judicialización de la protesta» en el territorio cordobés.
Autovía de Montaña: El contexto del conflicto
La criminalización de la bronca se ejemplifica con el juicio a asambleístas de Punilla por defender el bosque nativo, cuencas, biodiversidad, sitios arqueológicos y comunidades. Esto muestra el uso de la judicialización por parte del poder político-económico, impulsado por el exintendente Gabriel Musso tras un altercado verbal con vecinos en Cosquín.
El Gobierno de Córdoba, a través de su empresa vial «Caminos de las Sierras S.A», avanzaba con la Autovía de Montaña a pesar de la fuerte oposición de organizaciones y asambleas vecinales. La audiencia pública de 2018 en Santa María de Punilla, con casi un millar de participantes, fue la más concurrida en la historia de la provincia, y el 80% manifestó su rechazo al proyecto. Científicos, técnicos y pobladores denunciaron graves irregularidades y falencias en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), además de una participación ciudadana restringida.
El proyecto provincial ignoraba los derechos de acceso a la información y participación ciudadana, tal como establecían las leyes 25675 y 10208. La obra implicaba impactos socioambientales significativos, como la destrucción de bosque nativo Categoría Roja, el cruce de la Reserva Natural Camín Cosquín, un yacimiento de uranio en la traza y la falla geológica de las Sierras Chicas. A pesar de estas objeciones, el área ambiental provincial aprobó el controvertido EIA, dando luz verde a la continuidad de la obra.
El incidente de Consquín: ¿Es la protesta un crimen?
El 13 de agosto de 2022, un plenario de la Asamblea Ambiental de Cosquín en la Plaza San Martín coincidió con la presencia del entonces intendente Gabriel Musso y funcionarios municipales en una cafetería cercana. Los asambleístas se acercaron con pancartas, señalando a Musso como responsable político de la autorización de la obra en la ciudad.
La manifestación espontánea frente al café donde se encontraba el funcionario fue reprimida con un despliegue policial que incluyó móviles, motos y efectivos de Infantería. Mientras los manifestantes cantaban consignas que defendían el río Yuspe y el monte nativo, el operativo marcado por insultos y forcejeos, facilitó la salida del intendente escoltado por un cordón policial.
Este incidente refuerza la percepción de impunidad de algunos políticos, quienes parecen eximirse de rendir cuentas por sus decisiones. Aún en el Siglo XXI, hay funcionarios negacionistas que siguen viendo a la naturaleza como un obstáculo para sus proyectos de progreso…y a la protesta ciudadana también.
Musso, al poco tiempo, completó su cargo como intendente y pasó a ocupar un lugar en el directorio de la Agencia Córdoba Turismo.
El ataque a los territorios en medio de una crisis socioambiental
Ante la necesidad de ocultar desmanejos económicos los gobiernos arremeten contra los territorios. En estas situaciones, los gobernantes se convierten en una amenaza directa para los ecosistemas y sus habitantes. Esta embestida contra los bienes naturales, motivada por la explotación rápida, sin planificación y desmedida, genera un éxodo silencioso, transformando a familias serranas y rurales en refugiados ambientales.
El frágil equilibrio ecológico de nuestras sierras es vital para la subsistencia de la población. La crisis climática y la pérdida de biodiversidad impactan en la salud de los más vulnerables, acelerando enfermedades y condenándolos a una vida precaria. A corto plazo, unos pocos empresarios se benefician, los funcionarios cambian de cargo y los pobladores cargan para siempre con las consecuencias de decisiones tomadas desde los despachos oficiales. El poder, invariablemente, ejerce un juego asimétrico y la subsistencia de la población depende del frágil equilibrio ecológico de nuestras sierras.
Interrumpir el monólogo del poder
La libertad, aunque abstracta en concepto, se manifiesta de forma concreta. Sin embargo, surge la tentación política de imponer disciplina. Se invoca a la democracia, pero la libertad de expresión se canjea por la presión ejercida sobre los imputados. Mientras tanto, la libertad de empresa prospera, avanzando con sus negocios bajo la sombra del poder político provincial. Musso es un claro ejemplo de este fenómeno: de intendente, ascendió a funcionario provincial empleando el poder del Estado contra ciudadanos que, con convicción, defendían su derecho a vivir en un ambiente sano.
«Conocen el precio de todo y el valor de nada», sentenciaba el escritor Oscar Wilde hace dos siglos. El rol social del periodismo, en tanto, cobra importancia porque cuando la arrogancia de los gobernantes los viste, no debe admitir que se le dé más crédito a los verdugos que a las víctimas.
La disputa con el poder exige coherencia, sin artificios ni doble discurso en la distribución de la palabra para la libre expresión, que es una forma de Justicia Social. La situación de los pobladores de Punilla que enfrentarán el juicio debe ser denunciada a tiempo para mitigar la soledad que afecta a los damnificados. Aunque Musso no es Mussolini, la aplicación de criterios antidemocráticos a la libertad de expresión que criminalizan la protesta, subordinan la sociedad al poder político y suprimen las voces disidentes con el respaldo del aparato estatal provincial, abre el juego a ideas muy peligrosas.
*Periodista. Redactor/Editor en Sala de Prensa Ambiental. Secretario de Cultura del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba
Fuente: www.periodismoambiental.com.ar