Por Jorge Falcone
Chubutazo, Atlanticazo… y después
Un filme recientemente estrenado con gran éxito por la plataforma de la “N” recurre al pretexto del inminente impacto de un aerolito de grandes proporciones contra nuestro planeta, para realizar una ácida cuan oportuna crítica al negacionismo que hoy campea a lo largo del orbe en referencia a todo tipo de catástrofes. Por caso la pandemia del COVID y sus numerosas mutaciones.
Lo cierto es que las luchas en defensa del agua, contra las zonificaciones mineras o el trigo transgénico, dan pie para revisar cómo se para ante el asunto un gobierno que propuso en la última cumbre ambiental condonar deuda a cambio de reducir el riesgo ambiental (como si la ausencia de dicho acuerdo no ameritara respetar el hábitat y nuestra calidad de vida)
En el año 1996, la primera autorización de la soja transgénica tuvo como beneficiaria a una ignota empresa llamada Nidera, pero que en realidad era la máscara con la que se presentaba la corporación multinacional Monsanto, que al poco tiempo asumió el protagonismo del modelo agroindustrial liberando su paquete tecnológico compuesto por OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y agrotóxicos, provocando en consecuencia, tras 25 años, una devastación de la diversidad biológica y genética además de los impactos en el ambiente y en la salud humana.
Confirmando que nuestra clase dirigente se desentiende del terricidio en curso, el plan de exploración sísmica en el Mar Argentino iniciado en el año 2019, presenta el mismo modus operandi aplicado en el agronegocio. Efectivamente las licencias para las exploraciones sísmicas en las áreas marítimas del Mar Argentino, identificadas como CAN 108, CAN 100 y CAN 114, tienen como titular a la empresa Equinor, entidad estatal de Noruega, encargada de solicitar las autorizaciones ante el Estado Nacional para la Campaña de Adquisición Sísmica Offshore en Cuenca Argentina Norte.
En realidad dicha firma es la máscara que utiliza Shell mediante una asociación comercial en la que la corporación ejerce su predominio. A su vez, ambas empresas han conformado una alianza estratégica con Microsoft para utilizar la plataforma digital de alto rendimiento de la empresa del “filántropo” Bill Gates, en todas las etapas de exploración y producción de hidrocarburos.
El objetivo del acuerdo es alojar y sistematizar en la nube de datos de Microsoft toda la información de stocks como la que surge de las actividades de recopilación resultante de las exploraciones a cargo de ambas empresas en el listado de sus licitaciones en ejecución a nivel mundial (por ejemplo en el Golfo de México), al que se agregarían las autorizadas en el Mar Argentino por el segundo Ministerio de Cartón, a cargo de Juan Cabandié. Equinor encarará tareas de recolección de datos, mediante una campaña que se estima durará cinco meses.
Si bien dicha empresa, como Shell y Microsoft, el 16 de Diciembre de 2020, han hecho público el acuerdo estratégico pretextado tras un objetivo climático que consistiría en reducir las emisiones de carbono mediante la aplicación de las tecnologías digitales de la empresa de Gates, no se trata sino de un reverendo “blanqueo verde”, pues el propio Vicepresidente de Microsoft reconoció, en el año 2018, que las empresas mencionadas utilizaban la tecnología digital de Microsoft para perfeccionar una actividad altamente procarbonizante como lo es la exploración y extracción de petróleo para la producción de combustibles fósiles.
Sin ponerse colorado, el mismo empresario reconocía que si se considera los supuestos trastornos a los que se enfrenta el sector en la actualidad – presiones normativas y de cumplimiento, escasez de trabajadores cualificados y envejecimiento de la mano de obra, fluctuación de los precios del crudo, etc.- ha de concluirse que la innovación ya no es opcional. La automatización de las tareas cotidianas será una de las claves para sobrevivir en la próxima década, y el aprovechamiento de los datos es la forma de conseguirlo.
Como puede apreciarse, ello nada tiene que ver con un proceso de descarbonización. Vandana Shiva lo denunció con claridad: Bill Gates utiliza el relato de la descarbonización de la economía, pero todos los negocios y acuerdos estratégicos de sus empresas y proyectos van en sentido contrario. Los verdaderos fines del mentado acuerdo quedan bien claros, pero nada especificados en las autorizaciones emitidas por el Ministerio de Ambiente de la Nación, en la que Microsoft es el socio oculto que accederá a toda la información del Mar Argentino que Equinor recopile utilizando su tecnología y nube de datos.
En definitiva, la autorización oficial para las exploraciones sísmicas en el Mar Argentino, forma parte del plan sistemático de entrega de la soberanía argentina, gobierne quien gobierne, y en el caso concreto de la Resolución 436/21, además de los incontables riesgos de daño irreversible a la fauna y ecosistema marítimo que representa, permitirá a Bill Gates tener acceso a todos los datos de nuestra biodiversidad, del mismo modo que el Ag Tech (plataforma digital destinada a optimizar el agronegocio), implementado por el ex-Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra (en el mes de Julio 2020), le permitió acceder a todos los datos sobre los bienes genéticos de nuestro país.
Lo dicho tantas veces: En lo que hace al sostenimiento de la matriz productiva agroexportadora y extractivista de acumulación por desposesión, no existe grieta alguna entre gobierno y oposición.
Un cambio significativo en el mapa del poder económico argento
El desembarco de Carlos Melconian en el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea a fin de elaborar un plan económico con miras al cambio de gobierno constituye una iniciativa que no conviene pasar por alto.
Se trata de la fuerte apuesta de un sector del stablishment, que solo se explica a partir de su reciente historia de fracasos y la urgencia mayúscula por remontarlos.
Creada el 6 de julio de 1977 por un pool empresario en el que revistaban Fulvio Pagani, Pedro Venturi y Piero Astori – padre de la actual presidenta, Pía Astori -, el reconocido think tank liberal cordobés acaba de mover una ficha que pone de relieve sus propias ambiciones y simultáneamente ilustra sobre la orfandad de ideas en las que está sumido el poder económico en la Argentina.
Dos décadas después del estallido del modelo de Convertibilidad ideado por Domingo Felipe Cavallo – referente mayor de la institución, que durante el último gobierno de facto estatizara la deuda privada de sus socios -, la Fundación Mediterránea decidió retomar un sendero que había abandonado después de aquella experiencia traumática de 2001 que culminara en el Argentinazo. Para ello, optó por recurrir a otro economista que hoy encabeza el top ten entre los preferidos del mercado y dio sus primeros pasos en el sector privado con una temporada larga en el Estudio Broda.
Para la Fundación Mediterránea, la incorporación de Melconian no es tan solo un trámite: supone un salto de proporciones notables a la búsqueda de mayor influencia y un desplazamiento que, incluso por algunos en el interior de la entidad, es considerado una renuncia a las metas trazadas un año después del inicio de la última dictadura militar por un grupo de 34 empresas entre las que se destacaban Arcor y Agrometal. Pretendían, entonces, crear un faro económico desde el centro del país, propósito que se cumplió pero no estuvo exento de contradicciones.
Si cuando la Mediterránea apareció en escena sus principales promotores eran empresas del sector industrial, el arribo del ex titular de la consultora Macroview representa el ascenso de dos sectores que desplazaron a la industria en las últimas décadas: los bancos y los laboratorios.
A todo esto, desde Economía adelantan que dará a conocer cuáles son los criterios de desempeño, es decir las metas, que plantea el FMI y cuáles propone la Argentina, con un nivel de detalle que hasta ahora no existió. Esos tres criterios consisten en las proyecciones sobre la marcha de las reservas internacionales, el sendero fiscal y la emisión monetaria en el marco del acuerdo de Facilidades Extendidas, que es el que negocia el Gobierno con la entidad financiera internacional. Allí constarán, entre otras cosas, las claves del ajuste fiscal que se proyecta para los próximos años.
Además de eso, están las llamadas “medidas estructurales”, como tradicionalmente lo es para el Fondo la privatización del sistema jubilatorio o de empresas públicas, por ejemplo.
El impacto de tales requerimientos pretendería paliarse con medidas para la mejora de las exportaciones, como la baja de derechos, que también impacta negativamente sobre la recaudación, regímenes de promoción en hidrocarburos y minería y nuevos beneficios para el campo. Varias de estas herramientas suponen fuertes costos, no sólo fiscales sino también en materia de precios internos y de distribución del ingreso, que continuarán ensanchando la enorme brecha existente entre incluidxs y excluidxs.
Más allá de los puntos de contacto con el FMI, en Economía advierten que aún no existe pleno apoyo internacional, por eso hasta ahora no hay acuerdo. Una vez que la negociación se cierre, el Gobierno presentará al Congreso la propuesta de acuerdo, que va a equivaler al “Programa Plurianual” que tanto le reclama el stablishment. Por lo pronto, a fines del mes en curso hay un vencimiento de capital con el Fondo de unos 800 millones de dólares que pondrá en tensión las reservas del BCRA.
En los últimos actos oficiales se ha batido el parche anunciando una nueva oleada de gobiernos progresistas en la región. Pero, hablando en plata, todavía el tiburón sigue negociando con los cornalitos.
Primero los primeros
Contrariando promesas de campaña, y en el marco de una supuesta reactivación económica que en la mesa popular aún brilla por su ausencia, durante el tercer trimestre de 2021, un 59,4% de la población urbana tuvo algún ingreso cuyo promedio general quedó en 51.594 pesos, dentro de un amplio rango que va de una media de menos de 7.000 pesos a más de 162.000 pesos, entre el grupo de personas con menores y con mayores ingresos respectivamente. No obstante, el ingreso personal más recurrente que muestra el informe Evolución de la Distribución del Ingreso fue de 22.300 pesos, por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) de octubre para un adulto.
En consecuencia, el 70% de las personas que tuvieron algún tipo de ingreso sumaron apenas un poco más que lo percibido por el 10% de la población cuyo rango de ingresos oscila entre 100.000 y 4 millones de pesos. Al primer grupo fue el 38,9% de la torta de ingresos y al segundo, el 31,4%.
El 10% de la población de menores ingresos, cuyo rango va de 200 pesos a 12.000 pesos, recibió el 1,4% de la masa total distribuida.
La brecha de ingresos per cápita entre los grupos familiares del primer sector y el último, es de 15 veces.
Tales son los dramáticos e insoslayables indicadores con los que, aprovechando el escenario que ofrece un año sin contienda electoral, deberá lidiar la militancia convencida de que jamás ha existido un capitalismo con rostro humano.
Fuente: La Gomera de David