Por Ana Flores Sorroche
El Juzgado Nacional de 1° instancia del Trabajo N° 5 dio lugar al recurso de amparo y resolvió la reincorporación de la trabajadora. El reconocido instituto oncológico afronta serias acusaciones de querer “armar” un despido justificado en plena pandemia.
Karin Romero Llamoca fue diagnosticada con Covid-19 el 4 de junio pasado, notificó a sus jefes y a contactos estrechos y pasó 1 mes internada recuperándose de la enfermedad. Cuando se acercaba la fecha para reincorporarse, el delegado general de ATSA en la empresa Alexander Fleming S.A de nombre David se comunicó con ella para acusarla por el contagio y le avisó que no la iba a defender. Karin negó todo pero sin más la sacó del grupo de Whatsapp laboral.
InfoGremiales se comunicó con la trabajadora quien relató la sucesión de irregularidades y maltratos laborales a los que la están sometiendo: “Simplemente me negaron el ingreso”, afirmó.
“El delegado general me dijo que supuestamente rompí la cuarentena, que me contagié en una fiesta a la supuestamente fueron nuestros compañeros y que la empresa tuvo que pagar sus aislamientos, sus hisopados, por mi culpa. Una fiesta que no existió.”, explicó Romero Llamoca.
“Me presenté, me mandó a llamar el abogado de RRHH y me dijo ‘O renunciás o te echamos con causa penal’, me apretaron. Y después me dijo que tenía hasta las 6 de la tarde para tomar una decisión. Me escoltó uno de seguridad a retirar mis cosas y me fui”. Pero fue directamente a mandar la carta documento en la que pide que le den tareas efectivas, la cual posiblemente le haya salvado el trabajo.
La decisión de la empresa de forzar su desvinculación tuvo severas consecuencias en su vida porque la trabajadora lleva dos meses sin cobrar salario, sin obra social, teniendo 4 hijos en su casa de la que es único sostén y deudas que se acumularon en la imposibilidad de encontrar otro empleo sin dinero durante una pandemia.
La defensa de Karin, a cargo del abogado Federico Silguero del Estudio Recalde, presentó un recurso de amparo pidiendo regresar a Romero Llamoca a la situación previa al conflicto. La jueza laboral Graciela B. Pereyra del Juzgado Nacional de 1° instancia del Trabajo N° 5 decidió dar lugar a esta medida cautelar y obliga a la empresa a reincorporarla en las mismas condiciones en las que estaba contratada dentro de las 48 hs. de quedar notificada, hasta tanto se investigue el trasfondo del despido. En caso de incumplimiento, la multa sería de 3.000 pesos diarios.
Fuente: www.infogremiales.com.ar