Por Matías Giuliani*
A 16 años de la tragedia en la Planta Piloto de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde la Secretaría de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto y los Departamentos de Salud Laboral de ATE Córdoba y ATE Seccional Río Cuarto, reflexionamos en memoria del estudiante y las trabajadoras y trabajadores docentes que perdieron la vida por la desidia patronal, por la perversidad de un modelo productivo, distributivo y de consumo digitado por grupos de poder que acumulan capital e imponen precariedad laboral y deterioran las condiciones de trabajo, y por un Sistema de Riesgos del Trabajo que garantiza los negocios de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo a costa de la salud y vida de quienes generamos la riqueza del país.
Las políticas que nos dejó el “Menemismo” en materia de investigación científica por parte de las Universidades Nacionales y distintos Institutos, sobre todo para el sector privado y las multinacionales, junto a las restricciones presupuestarias y la flexibilización laboral, desnudan la precariedad de las condiciones laborales.
En la Planta Piloto, un grupo de investigadres estaba llevando adelante una experimentación para optimizar el proceso de extracción de aceite con solvente (hexano). Existía un acuerdo informal por parte de este grupo de investigación con De Smet, una multinacional belga que fabrica plantas para la producción de aceites, detergentes y biodiesel.
En esa mañana del miércoles 5 de diciembre de 2007 hubo un derrame. Según los informes técnicos, una fuga de hexano en el sistema cercano a una bomba que lo hacía circular por cañerías se desplazó con ayuda del gran viento que hubo esa jornada calurosa hasta hacer contacto con la llama de una autoclave que estaba esterilizando materiales, lo que provocó la ignición y posteriores explosiones.
Este recinto no se encontraba habilitado para hacer ensayos de la magnitud de la experiencia que estaba desarrollando este grupo. El lugar era inapropiado, la cantidad de tambores de hexano excedía la posibilidad de ser manipulado, tratado y almacenado, y las tareas se realizaban negligentemente en horario de clases y actividades. Testigos catalogaron que la planta era un caos en cuanto a medidas de prevención y profesionales que trabajaban en el lugar ya habían alertado estas condiciones pero no fueron oídos.
De la partida de los trece tambores de 200 litros de hexano con los que los estudiantes y docentes que cursaban allí convivían a diario, se sabe que tuvo origen en Buenos Aires hasta la Aceitera General Deheza, y de ahí a la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde al día de hoy nunca se logró esclarecer cómo ingresaron a la Planta Piloto, demostrando un claro desorden organizacional y deslinde de responsabilidades.
Ningún trabajador y trabajadora sabía qué hacía el otro. La organización vertical del trabajo, las maniobras administrativas poco claras, el entramado económico de la tarea que llevaban adelante, el desconocimiento de los riesgos a los que se exponían, la falta de prevención y la realización en secreto de los trabajos, desencadenaron esta tragedia, curiosamente justo en un ámbito académico e intelectual, donde no se generaron los mecanismos ni se tomaron las medidas necesarias para que esto no ocurra, porque antes que la producción de conocimiento, está la vida. En ese sentido, durante el juicio por la Causa de las Explosiones, la querella denunció esto como un negociado: ¿Por qué una empresa privada financiaba el proyecto, proveía el hexano que ingresaba de manera irregular, pero no garantizó las medidas de higiene y seguridad? ¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvo la Universidad Nacional de Río Cuarto prestando sus instalaciones y profesionales para experimentar para privados?
La Ley de Riesgos del Trabajo menemista puso en manos de las ART la mercantilización de la salud y vida de las y los trabajadores. Sus intereses son totalmente opuestos a los de la clase trabajadora. Y en la pelea desigual de estos intereses se agiganta el negocio de estas empresas con fines de lucro, que cubren generalmente grandes accidentes y muertes porque es más barato y son absolutamente refractarias a las enfermedades laborales, implementando una maraña burocrática para el reconocimiento de las prestaciones, lo que provoca mayoritariamente que las y los trabajadores realicen los tratamientos correspondientes en hospitales públicos o bajo la órbita de las obras sociales.
La degradación constante de las condiciones y medio ambiente de trabajo como consecuencia de la organización del trabajo impulsada por este modelo neoliberal voraz, permite la ocurrencia de enfermedades y accidentes laborales, que responden a una delincuencia aceptada socialmente, a partir de la falta de prevención.
Muchas veces nos engañan con la famosa “Cultura de la Prevención”, que no es más que el paquete de medidas y actividades que implementan algunas patronales como los códigos de buenas prácticas y campañas de concientización, que muy lejos están de cumplimentar la legislación vigente y el cuidado de la salud, ya que apunta a la autorregulación mediante estos instrumentos sin carácter vinculante.
La derogación de este Sistema de Riesgos del Trabajo y la sanción del Proyecto de Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños Laborales impulsada por nuestra Central de la mano de Víctor De Gennaro en su período como Diputado Nacional por Unidad Popular en 2012, son nuestro norte político. Es hora de acabar con el negocio de las ART, de hacer hincapié en el principio de la prevención representada por los propios trabajadores y trabajadoras a partir de la constitución de Comités de Prevención de Riesgos en el Trabajo y la elección de Delegados de Prevención en todos los lugares de trabajo, y de que el Estado cumpla el rol que le corresponde y garantice que esa participación sea plena desde un órgano de control estatal.
En tanto no exista una legislación dispuesta a priorizar y defender la salud y la vida de los trabajadores y trabajadoras, es necesario que nos organicemos, participemos y generemos el debate. Es momento de pasar del dolor y lo reivindicativo, a la acción colectiva. Luchar por la salud significa una práctica social y política en busca de la transformación del trabajo, para que sea un factor protector y no deteriorante.
No hay otra manera de hacerle frente a este flagelo que no sea participando, construyendo unidad en la acción para pelear en nuestra defensa contra intereses tan poderosos, entendiendo que desde las organizaciones y la construcción colectiva, podamos lograr cambiar este paradigma por uno que realmente garantice la salud y no el negocio de la enfermedad.
Porque cuando una persona muere en su mismo lugar de sustento no sólo es un hecho injusto, sino también inmoral e inaceptable. Las muertes en el trabajo son un crimen.
*Técnico Universitario en Higiene y Seguridad Laboral; Secretario de Condiciones de Trabajo y Medio Ambiente de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto; Integrante del Departamento de Salud Laboral de ATE Córdoba