Carlos Alberto Slepoy nació en Buenos Aires el 2 de octubre de 1949 y falleció en Madrid el 17 de abril de 2017. Conocido también como Carli Slepoy, fue un jurista argentino exiliado en España especialmente reconocido por su asistencia durante cuatro décadas como abogado a víctimas de las dictaduras argentina, chilena, guatemalteca y española dedicándose a la defensa de los derechos humanos y la justicia universal.
Fue víctima del secuestro y torturas durante el Gobierno de Isabel Martínez de Perón durante su detención en marzo de 1976 en Argentina. En 1977 fue liberado y exiliado a España donde ejerció desde 1979 en Madrid como abogado tras haber sido detenido, torturado y encarcelado durante 20 meses.
En 1998 fue especialmente conocido en el ámbito internacional por su acción legal contra el dictador chileno Augusto Pinochet junto al juez Baltasar Garzón que permitió su detención durante un viaje al Reino Unido para una intervención médica. En 2010 impulsó en Buenos Aires una querella contra crímenes de la dictadura franquista.
El 17 de enero de 1982, un policía nacional “en estado de embriaguez” y fuera de servicio disparó contra el abogado causándole lesiones que tardaron en curar un año y medio, de las que le quedaron muy graves secuelas. Slepoy había intervenido para pedirle que dejara de intimidar con su arma a unos adolescentes en una plaza de Madrid. Carli Slepoy, que en aquellos momentos trabajaba como abogado laboralista en la UGT recibió el disparo en la espalda, en la región lumbar, dejándole como secuelas grave dificultad para andar y muy escasa sensibilidad en los pies. Con el tiempo, terminó sentado en una silla de ruedas.
Denuncia de la CTA ante el Juez Garzón
El 16 de marzo de 1998, una comitiva de la CTA se presentó ante la Audiencia Nacional de Madrid para dar testimonio ante el Juez Baltazar Garzón y denunciar la existencia de un plan concertado por los grandes grupos económicos y las fuerzas armadas para implementar el terrorismo de estado y el genocidio en nuestro país con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora y obtener así una más alta tasa de ganancia y concentración económica.
La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, surgida a partir de la denuncia en los tribunales españoles del abogado argentino Carlos Slepoy, permitió la condena a perpetuidad del ex marino Alfredo Scilingo y la extradición desde México del represor de la ESMA, Ricardo Cavallo.
La comitiva de la Central estuvo integrada por Víctor De Gennaro, Marta Maffei, Víctor Mendibil, Alberto Piccinini, Juan Carlos Camaño y Alberto Morlachetti con el patrocinio letrado de los abogados Horacio González y Juan Carlos Capurro.
A la delegación argentina se sumó Eduardo Pereira, en representación de la central uruguaya (PIT-CNT) y fue acompañada por las principales centrales obreras españolas (Comisiones Obreras, UGT, USO, Central Intersindical Gallega y CGT; por el Dr. Castrezana (Asociación Progresista de los Fiscales españoles) y por diversas organizaciones de DD.HH argentinas y españolas. La Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Nora Cortiñas, se sumó en España a la delegación de trabajadores.
Los representantes de la CTA dieron testimonio ante el Juez Baltasar Garzón y le presentaron una lista con los nombres de nueve mil trabajadores detenidos-desaparecidos, 50.000 páginas de documentación sobre la represión, un informe elaborado por Claudio Lozano y el Dr. Horacio Meguira y otro sobre la desaparición de niños presentado por la organización Movimiento Nacional Chicos del Pueblo.
Esa denuncia de la CTA sobre Terrorismo de Estado y Genocidio en la Argentina, permitió dar a conocer al mundo la documentación más esclarecedora sobre el genocidio, la represión al mmovimiento obrero y la complicidad empresarial con el plan de terror y disciplinamiento social de la dictadura militar.
En un momento de la historia argentina donde -a raíz del Indulto del Presidente Carlos Menem y las leyes de Obediencia Debida y Punto final- ningún represor y genocida era juzgado en los tribunales argentinos, la denuncia de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina marcó un antes y después en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
“Este juicio sentenció que hubo genocidio en la Argentina, dando un paso hacia el final de las leyes de impunidad, abriendo los juicios a los genocidas en nuestro país”, sentenció el “Tano” De Gennaro..