El “Rocazo” fue una insurrección popular realizada en la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro que se inició el 4 de julio de 1972, sin una fecha clara de finalización. El estallido fue originado por la decisión del gobernante militar de facto de la provincia, general Roberto Requeijo, de crear un juzgado en la ciudad de Cipolletti, reduciendo así el Departamento Judicial de Roca.
La decisión produjo una gran preocupación en todas las fuerzas vivas de la ciudad y el intendente Fermín Oreja convocó a una asamblea para tratar el tema, que se realizó el 3 de julio. Atemorizado por la cantidad de gente que asistió, el grado de malestar y una propuesta de realizar una huelga general, Oreja dio por terminada la asamblea y renunció.
El hecho indignó a los asistentes, entre quienes se encontraban los profesionales, empresarios y políticos más influyentes de la ciudad. La Cámara de Agricultura Industria y Comercio (CAIC-GR) y el Colegio de Abogados de General Roca convocó entonces a una asamblea popular en el distinguido Club el Progreso, a la que asistió una enorme multitud representativa de todas las organizaciones políticas, profesionales, sindicales, estudiantiles y barriales de la ciudad.
La asamblea decidió tomar la municipalidad vacante, hecho que logró luego de enfrentar a la policía. Una vez dentro de la municipalidad la asamblea designó una Comisión Provisoria integrada por un miembro de cada una de las organizaciones y partidos políticos y emitió el Decreto Nº 1, declarando que el pueblo de General Roca había “retomando su soberanía” y convocaba a la población a luchar por la destitución del gobernador militar Requeijo.
Las fuerzas militares rodearon la ciudad y pactaron con la Comisión Provisoria la entrega del edificio municipal, procediendo en los días siguientes a detener a los miembros de la Comisión Provisoria y los militantes que estaban organizando la pueblada.
Fueron enviados más de 2.000 agentes de seguridad para controlar una ciudad de 30.000 habitantes. Pese a ello, la Comisión Provisoria siguió actuando en la clandestinidad y difundiendo sus instrucciones por una radio clandestina nombrada Roca Libre. La población respondió indignada ante las detenciones y la participación del interventor Requeijo, atacando a las fuerzas militares y policiales y construyendo barricadas. La escalada en los actos de violencia, obligó a los funcionarios nacionales de la dictadura a intervenir y negociar la libertad de todos los detenidos.
El 9 de julio, Día de la Independencia Nacional, coordinada por la Comisión Provisoria, la población concurrió a los actos oficiales para dar -literalmente- la espalda al paso del desfile militar. Terminado el acto oficial la Comisión Provisoria realizó un acto alternativo, al que concurrieron más de 10.000 personas, virtualmente toda la población en condiciones de movilizarse de la ciudad, que finalizó en la plaza central arriando la Bandera Nacional que habían izado los militares, para volverla a izar, esta vez en nombre del pueblo.
Fuente: Pensamiento Discepoleano