Por Juan Yacobs*
La apertura de una nueva cantera de extracción de material pétreo en el sector Los Sauces, a escasos metros del cuestionado proyecto del Hotel Casino Perilago y del parque fotovoltaico impulsado en la región de San Marcos Sierras y Cruz del Eje, vuelve a poner en evidencia las profundas irregularidades ambientales, políticas y territoriales denunciadas desde hace años por comunidades indígenas, organizaciones ambientales y la CTA Autónoma de Córdoba.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, la instalación de la cantera aparece como una nueva pieza dentro de un mismo esquema de transformación extractivista del territorio serrano. Un modelo que incluye el Hotel Casino Perilago, obras viales, infraestructura energética y emprendimientos privados de gran escala cuyos impactos acumulativos jamás fueron evaluados integralmente por el Estado Provincial.
La situación ya había sido denunciada ante la Organización Internacional del Trabajo por la Comunidad Indígena Comechingona y Sanavirona Tulián junto a la CTA Autónoma Córdoba, en el marco de las violaciones al derecho a la consulta previa, libre e informada establecido por el Convenio 169 de la OIT.
Ahora, la convocatoria a audiencia pública ambiental por el proyecto “Cantera Los Sauces” profundiza aún más las alarmas sociales y ambientales existentes.
Mariela Tulián.
El análisis realizado por Mariela Tulián sobre el Estudio de Impacto Ambiental presentado para la cantera expone una extensa serie de contradicciones técnicas, omisiones graves e inconsistencias que comprometen seriamente la credibilidad del proyecto.
“El estudio analiza la cantera como si fuera un proyecto aislado, cuando en realidad forma parte de un conjunto de obras simultáneas de enorme escala en el Perilago del Dique Cruz del Eje”, sostiene el documento elaborado por la comunidad indígena.
Uno de los puntos más cuestionados es la contradicción respecto de la vida útil de la cantera. Mientras en distintas partes del documento se afirma que la explotación tendría una duración de diecisiete meses, en otra sección se indica que la vida útil sería de apenas dos meses.
“No se trata de una diferencia menor”, advierte el análisis comunitario, ya que la duración real de la cantera determina el volumen de extracción, la circulación de tránsito pesado, el nivel de erosión, el impacto sobre el monte nativo y las alteraciones sobre las cuencas hídricas.
Otra de las observaciones más graves refiere a la aparente omisión del uso de explosivos. Aunque el estudio sostiene que las tareas extractivas no implicarían detonaciones, vecinos de la zona registraron explosiones durante noviembre del año pasado.
De confirmarse, ello modificaría completamente la evaluación ambiental del proyecto, debido a los impactos geológicos, las vibraciones, la dispersión de polvo y las afectaciones sobre fauna, suelo y cursos de agua.
El documento también denuncia la invisibilización de áreas protegidas y patrimonio arqueológico. El estudio afirma que no existen áreas protegidas en la zona, omitiendo la existencia de la Reserva Arqueológica Quilpo, un espacio de enorme valor cultural, espiritual y patrimonial para las comunidades originarias.
A ello se suma la preocupación por las escorrentías y la contaminación hídrica sobre la cuenca del Río San Marcos. El propio estudio reconoce el riesgo de arrastre de sedimentos durante períodos de lluvia, aunque no presenta monitoreos suficientes ni medidas concretas de mitigación pese a que la cantera ya habría funcionado durante uno de los veranos más lluviosos de los últimos años.
El Amparo Ambiental y la negativa judicial a frenar las obras
En paralelo, continúa en trámite un Amparo Ambiental colectivo impulsado por la Ananda Lavayen en representación de la Comunidad Indígena Comechingona y Sanavirona Tulián, presentado contra el avance del proyecto Perilago y las obras vinculadas en el territorio de San Marcos Sierras y Cruz del Eje.
La acción judicial cuestiona la fragmentación de los estudios de impacto ambiental, la ausencia de evaluación acumulativa de los distintos emprendimientos y la violación del derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas.
Asimismo, denuncia la vulneración del principio precautorio contemplado en el artículo 4 de la Ley General del Ambiente Nº 25.675, que obliga al Estado a prevenir daños ambientales aun ante la falta de certeza científica absoluta.
El Amparo también invoca el artículo 11 de la misma norma, que establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental previos a toda actividad susceptible de degradar significativamente el ambiente, y el artículo 19, que garantiza la participación ciudadana efectiva en los procedimientos administrativos ambientales.
Sin embargo, la medida cautelar solicitada para suspender preventivamente las obras fue rechazada por la Cámara Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de Cruz del Eje, permitiendo la continuidad del megaproyecto mientras persisten severos cuestionamientos técnicos, sociales y jurídicos.
La nueva Audiencia Pública convocada para tratar el Estudio de Impacto Ambiental de la cantera Los Sauces vuelve a desarrollarse bajo la órbita del mismo Ministerio de Ambiente Provincial que otorgó licencia ambiental al Hotel Casino Perilago.
Las organizaciones denuncian que nuevamente se implementa un procedimiento virtual, con escasa participación ciudadana efectiva y prácticamente sin intervención de autoridades locales y comunales afectadas por el proyecto.
Para las comunidades, este mecanismo vacía de contenido real el derecho a la participación pública previsto tanto en la Ley General del Ambiente Nº 25.675 como en la Ley Provincial de Política Ambiental Nº 10.208, que regula los procedimientos de evaluación ambiental y audiencias públicas en la provincia de Córdoba.
También advierten posibles afectaciones a la Ley Nacional de Bosques Nativos Nº 26.331, debido al impacto acumulativo sobre el monte nativo y los corredores biológicos existentes en la región.
En ese contexto, no descartan la presentación de nuevas acciones judiciales frente a la sucesión indefinida de autorizaciones parciales, estudios fragmentados y violaciones al principio precautorio ambiental.
Desde la CTA Autónoma sostienen que detrás de las decisiones políticas vinculadas al proyecto Perilago operan directamente los grandes grupos económicos de Córdoba.
Durante la reunión presencial y virtual realizada en el local de ATE Cruz del Eje para avanzar con la denuncia internacional ante la OIT, el Secretario General de la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, apuntó directamente contra “Urquía y Aceitera General Deheza, Pagani con Arcor, Bulgheroni con el negocio inmobiliario y los combustibles, y Roggio, dueño de los casinos y la obra pública”, denunciando que el avance del proyecto representa más destrucción ambiental, concentración económica y empobrecimiento social.
La aparición de la cantera Los Sauces termina por confirmar lo que las comunidades vienen señalando desde el inicio del conflicto territorial: Que el Hotel Casino Perilago nunca fue una obra aislada, sino el eje de un proceso integral de intervención extractivista sobre las sierras cordobesas.
Un modelo que amenaza el monte nativo, las cuencas hídricas, el patrimonio arqueológico y cultural, y las formas de vida comunitarias de San Marcos Sierras y Cruz del Eje.
Frente a ello, las organizaciones indígenas, ambientales, sindicales y territoriales ratifican el camino de la organización y la lucha colectiva para defender el agua, el territorio y la autodeterminación de los pueblos frente al avance de los grandes intereses económicos sobre Córdoba.
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla