A cincuenta años del asesinato de Mario Abel Amaya

La historia de Mario Abel Amaya trasciende los homenajes ceremoniales. Fue un abogado militante que defendió a perseguidos políticos sin preguntar por sus ideas, un dirigente radical que supo construir vínculos con dirigentes de otras fuerzas políticas y un diputado nacional que denunció la violencia estatal y paraestatal cuando hacerlo implicaba exponerse personalmente. Su trayectoria permite recuperar una concepción de la política en la que la defensa de las libertades democráticas, la justicia social y la coherencia entre las convicciones y la conducta pública formaban parte de un mismo compromiso.

Amaya nació en Dolavon el 3 de agosto de 1935, en el seno de una familia de maestros rurales provenientes de San Luis. Creció en el Valle del Río Chubut, donde cursó sus estudios primarios y secundarios, forjando desde su juventud una inquebrantable vocación política y social en las filas de la Unión Cívica Radical. En 1955 se trasladó a Córdoba para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, donde desarrolló una activa militancia reformista. En 1964 solicitó su pase a la Universidad Nacional de Tucumán, en la que completó su formación y egresó como abogado. Su paso por la Universidad contribuyó a formar una concepción de la política comprometida con la educación pública, la participación y los problemas sociales.

Durante su etapa de estudiante en la provincia de Córdoba conoció a Agustín Tosco, con quien mantuvo un vínculo que trascendió las diferencias ideológicas. Esa relación encontraría una expresión concreta en su intervención como apoderado del dirigente de Luz y Fuerza durante su encarcelamiento en la Unidad 6 de Rawson.

De regreso en Chubut, se radicó en Trelew y compartió su estudio jurídico con David Patricio “el Oso” Romero, reconocido dirigente del justicialismo. Ejerció también la docencia en el Colegio Nacional de Trelew. Su trabajo profesional se orientó al asesoramiento de trabajadores y sindicatos y a la defensa de quienes sufrían persecución política. El estudio compartido por un radical y un peronista fue una expresión concreta de cooperación fundada en principios comunes y en el respeto por las diferencias.

Durante las dictaduras que gobernaron entre 1966 y 1973 intervino en favor de personas encarceladas por razones políticas, sin distinguir su pertenencia partidaria. Su actuación profesional afirmaba el derecho de defensa y la obligación del Estado de respetar la vida y la integridad de toda persona bajo su custodia.

El día 15 de agosto de 1972 se produjo la fuga de presos políticos que estaban alojados en la U-6 de Rawson, durante la cual fue asesinado el guardiacárcel Valenzuela. Una parte de ellos se trasladó hacia el aeropuerto de la ciudad de Trelew y forzó la partida de un avión hacia la República de Chile, mientras que el resto llegó más tarde, cuando el avión ya había despegado. Al verse rodeados por las fuerzas militares y sin el avión, ocuparon las instalaciones del aeropuerto y exigieron la presencia de periodistas, un juez federal y un médico para dejar constancia pública de su estado y exigir garantías sobre su integridad física antes de deponer las armas. El doctor Atilio Viglione fue convocado como médico y examinó a los detenidos, constatando su buen estado de salud, y Mario Abel Amaya suscribió las constancias como testigo. Luego se entregaron ante el juez federal, doctor Alejandro Godoy, con la finalidad de ser devueltos a la U-6. Sin embargo, fueron enviados a la Base Almirante Zar, donde el 22 de agosto fueron atacados con armas de fuego por integrantes de las Fuerzas Armadas. Dieciséis fueron asesinados y solo tres sobrevivieron.

Recuerda el Dr. Hipólito Solari Yrigoyen que el día 18 de agosto, después de insistir para poder ver a sus defendidos en la U-6, entre los que se encontraba Agustín Tosco, fue a almorzar al Hotel Provincial de Rawson con los abogados Duhalde, Mattarollo, Amaya, Ortega Peña y González Garland. En otra mesa había unos militares, entre los que reconoció a Prémoli y Galtieri.

Mientras estaban comiendo, relata Hipólito Solari Yrigoyen en su libro “Crónica de una vida”, ingresó un grupo de uniformados y detuvo a Mario Abel Amaya. Después fueron deteniendo a otros comensales, lo que los obligó a refugiarse en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Alejandro Godoy, pidiendo amparo. Todos fueron liberados, menos Mario Abel Amaya, que fue trasladado hacia la cárcel de Villa Devoto.

El jefe del Estado Mayor de la Armada, Hermes Quijano, acusó a Amaya de ser cómplice de los presos que se habían fugado de Rawson, toda una falacia, puesto que se hallaba en el aeropuerto para entregar a una dirigente del gremio docente, en el que él militaba y al que asesoraba, unos papeles que aquella debía llevar a Buenos Aires. Esta versión fue convalidada por la Asociación de Docentes de Chubut el día 23 de agosto de 1972, como recordó Teresa “Tessy” Hansen, esposa de Solari Yrigoyen, en una valiente carta en defensa de su esposo detenido, dirigida al presidente de facto Jorge Rafael Videla, publicada en el diario La Opinión del 11 de noviembre de 1976. No obstante, años después, el Dr. Atilio Viglione, en el libro “Memorias”, se seguía preguntando qué hacía Amaya en el aeropuerto, sembrando sospechas de complicidad con la fuga de los presos políticos. Incluso el Dr. Mariano Miquelarena, secretario del Juzgado Federal de Rawson, le transmitió la misma inquietud a Solari Yrigoyen, al cruzárselo en el Juzgado Federal en el año 2012, por lo que este debió aclarar por enésima vez que Mario Abel Amaya no tenía conocimiento de la decisión de evadirse del penal y huir al exterior tomando un avión.

El día 21 de agosto del año 1972, el Colegio de Abogados del Este del Chubut, con sede en la ciudad de Trelew, dispuso un paro de abogados en repudio a la arbitraria detención de la que había sido víctima el Dr. Mario Abel Amaya. Mediante un comunicado suscripto por la Dra. Susana Campana de Aguirre como presidenta del Colegio y el Dr. José Orlando Romero como secretario, se protestó enérgicamente por la situación de detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

El 11 de octubre de 1972, las Fuerzas Armadas de la dictadura militar llevaron adelante el “Operativo Vigilante”, durante el cual realizaron varios allanamientos y detuvieron a más de veinte personas. De ellas, dieciséis permanecieron detenidas y fueron trasladadas al penal de Villa Devoto, muchas simplemente por haber manifestado su solidaridad con los presos políticos. El operativo provocó una movilización que tuvo en el Trelewazo y la Asamblea del Pueblo una expresión extraordinaria. La solidaridad reunió a trabajadores, estudiantes, comerciantes y vecinos de diferentes pertenencias políticas, quienes se constituyeron en asamblea en el Teatro Español.

Tras el Operativo Vigilante del 11 de octubre, 16 vecinos de Rawson, Trelew, Puerto Madryn y Puerto Pirámides permanecieron detenidos por el gobierno militar, la misma cantidad de presos políticos que habían sido asesinados en la Masacre del 22 de agosto de 1972. La lucha por la libertad de los detenidos continuó hasta alcanzar también la de Amaya, quien fue el último en regresar a Trelew, el 16 de noviembre de 1972, junto con su abogado Hipólito Solari Yrigoyen. Después de cerca de tres meses de cautiverio, fue recibido por una multitud.

En el ámbito político interno, Amaya fue una pieza fundamental para la renovación del radicalismo en el sur argentino. También en 1972 participó activamente como cofundador del Movimiento de Renovación y Cambio, la corriente interna de la Unión Cívica Radical liderada por Raúl Alfonsín. Amaya se consolidó como uno de los principales referentes y fundadores de este espacio alfonsinista en la provincia del Chubut, promoviendo una política de fuerte contenido social y democrático.

En las elecciones del 11 de marzo de 1973 fue elegido diputado nacional por la Unión Cívica Radical, en representación de la minoría, mandato que ejerció hasta la interrupción del orden democrático por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Su actuación en el Congreso prolongó el compromiso que había asumido como abogado de trabajadores y presos políticos, docente y militante de la Unión Cívica Radical. Los proyectos que presentó y sus intervenciones en el recinto permiten reconstruir una concepción de la política en la que la defensa de las libertades públicas estaba estrechamente vinculada con la justicia social, la independencia económica y la participación del pueblo en las decisiones que determinaban su futuro.

A un año de los fusilamientos del 22 de agosto, se realizó en la Plaza del Congreso de la Nación un acto convocado por las Juventudes Políticas Argentinas, que reunían a radicales, demócratas cristianos, peronistas y socialistas, entre otros, para rendir homenaje a las víctimas. Entre los principales oradores se contaron Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya, quienes recién habían asumido como senador y diputado nacionales por Chubut, respectivamente, y habían tenido una activa participación en la denuncia de los fusilamientos ocurridos en la Base Almirante Zar de Trelew.

El gobierno nacional quiso hacer creer que el acto había sido organizado por Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). En sintonía con esa posición, la Juventud Peronista de Puerto Madryn cuestionó duramente a Solari Yrigoyen y Amaya por haber compartido el acto del Congreso con distintos partidos de izquierda.

Señaló que, con apetitos partidarios y palabras bonitas, trataban de confundir a sus propios afiliados y simpatizantes y, lo que era más grave aún, a toda la población, y declaró a Solari Yrigoyen “persona no grata”.

La compilación de Eduardo Rivas, “Labor parlamentaria del diputado nacional Mario Abel Amaya”, reúne iniciativas que contaron con su firma y sus intervenciones en los debates de la Cámara de Diputados. En ese material aparecen tanto posiciones sobre las grandes cuestiones nacionales como propuestas destinadas a resolver necesidades concretas de Chubut. Su actividad muestra, además, el trabajo de un abogado que examinaba la precisión de las normas, cuestionaba las disposiciones que podían generar privilegios y procuraba que los derechos reconocidos contaran con instrumentos efectivos para su cumplimiento.

Uno de los rasgos centrales de sus discursos fue la exigencia de que la democracia tuviera una vigencia efectiva. Para Amaya, el origen constitucional de un gobierno y la aprobación formal de sus decisiones por el Congreso no bastaban para justificar medidas que restringieran las libertades o sometieran a las personas a la arbitrariedad. Las instituciones debían ser evaluadas también por su capacidad de garantizar derechos y permitir la participación popular.

Esa posición quedó expresada con particular claridad durante el debate de septiembre de 1974 sobre la represión de actividades calificadas como subversivas. Frente a quienes sostenían que la ampliación de las herramientas penales permitiría asegurar el orden democrático, afirmó: “De nada sirve dictar normas que pretenden asegurar la democracia si no ejercemos real y efectivamente la democracia”. Agregó que tampoco servía sancionar normas penales si los organismos encargados de la seguridad no garantizaban efectivamente la seguridad de las personas. Su reclamo al gobierno a cargo de María Estela Martínez de Perón era que cesara la violencia, se respetara la integridad de los ciudadanos y las libertades tuvieran una existencia real.

La intervención sintetizaba una convicción que atravesó su trayectoria. La democracia debía manifestarse en el trato que el Estado dispensaba a cada persona, en la posibilidad de disentir, en el derecho de defensa y en la protección frente a los abusos del poder. Su preservación exigía conductas concretas de quienes ejercían responsabilidades públicas.

En el debate de enero de 1974 sobre la reforma del Código Penal, Amaya recordó las expectativas que había despertado la recuperación del gobierno constitucional asumido el 25 de mayo de 1973. Reconoció que, aunque el nuevo gobierno no pertenecía a su partido, había recibido con esperanza la posibilidad de una mayor participación de los sectores populares. Recordó como avances la amnistía, la derogación de las leyes represivas y las nuevas posibilidades de excarcelación. Sin embargo, advirtió que ese proceso estaba siendo revertido. Cuestionó la sucesión de medidas que restringían las libertades y sostuvo que la reforma penal restablecía, e incluso podía profundizar, instrumentos punitivos de la dictadura anterior. Su crítica no se limitó al contenido técnico de los artículos. Examinó también la finalidad política que podían cumplir y las relaciones de poder que contribuían a preservar.

Al señalar que el agravamiento de las penas no eliminaba por sí mismo la delincuencia, reclamó atender a las condiciones que podían generar los delitos. Distinguió entre una legislación orientada a prevenir y proteger y otra concentrada en reprimir. También sostuvo que la competencia del Congreso para sancionar legislación penal no justificaba cualquier contenido. La ley debía responder a una necesidad social y estar dirigida a la defensa del pueblo. Su aprobación por el órgano competente no impedía que pudiera convertirse en un instrumento de opresión.

El 21 de noviembre de 1973, al repudiar el primer atentado reivindicado por la organización paraestatal Triple A contra Hipólito Solari Yrigoyen, cuyo automóvil explotó en la Capital Federal cuando intentó ponerlo en marcha, Amaya sostuvo que la gravedad del hecho excedía el ataque contra una persona. Interpretó aquella violencia como una acción intimidatoria destinada a sostener una política regresiva de carácter fascista.

Su discurso fue también una declaración de compromiso. Afirmó que los atentados no modificarían la militancia de quienes habían asumido la defensa de las causas populares y la transformación de la sociedad. Explicó que su intervención respondía a una responsabilidad política compartida, además del vínculo personal que lo unía con Solari Yrigoyen. Frente a la amenaza, ratificó públicamente sus convicciones y su decisión de continuar actuando.

Esa solidaridad se expresó nuevamente en agosto de 1974, durante el homenaje al abogado y diputado nacional por el peronismo Rodolfo Ortega Peña, después de su asesinato por la Triple A. Amaya recordó la amistad y los momentos de militancia compartidos, así como la lucha contra la dictadura en la que habían coincidido personas de diferentes pertenencias políticas. Evocó la prisión y las torturas sufridas por quienes habían participado de esa resistencia.

Reconoció en Ortega Peña a un dirigente que había puesto su capacidad intelectual y política al servicio de las causas populares. Al mismo tiempo, denunció la actuación de bandas que asesinaban, secuestraban y torturaban con impunidad. Su intervención convirtió el homenaje en una exigencia dirigida al Parlamento, que debía asumir su responsabilidad frente a la violencia y defender a quienes eran perseguidos.

Una de sus intervenciones más extensas y relevantes tuvo lugar durante el informe del ministro del Interior, Antonio J. Benítez, en agosto de 1975. Amaya planteó que la población esperaba respuestas frente a la crisis económica, la incertidumbre y la violencia. Cuestionó que el gobierno no hubiera realizado un análisis adecuado de las circunstancias que habían llevado al país a esa situación. En ese marco, examinó los resultados del estado de sitio. Sostuvo que, si después de su implantación continuaban y se agravaban las muertes y los secuestros, el instrumento utilizado no había producido la solución prometida. Reclamó revisar las medidas adoptadas a partir de sus consecuencias reales.

Rechazó que pudiera negarse la existencia de la Triple A y señaló que las informaciones periodísticas registraban más de ochenta muertes atribuidas a esa organización. Cuestionó las explicaciones que pretendían presentar ciertos atentados como enfrentamientos entre integrantes de un mismo sector y relacionó esa objeción con el ataque sufrido por Solari Yrigoyen.

También denunció la presencia de personas armadas dentro de organismos estatales que no tenían funciones de seguridad. Mencionó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial y a Vialidad Nacional, preguntó de quién dependían esas personas y reclamó explicaciones sobre los ataques contra profesionales, científicos y trabajadores de las propias instituciones.

La preocupación por el INTI había tenido una expresión concreta en el pedido de informes que presentó junto con Osvaldo Álvarez Guerrero, diputado nacional radical por la provincia de Río Negro, sobre las razones que habían motivado la renuncia de su Consejo Directivo. De este modo, el control parlamentario se ejercía tanto mediante iniciativas escritas como mediante la interpelación directa a los funcionarios.

Durante el informe del ministro del Interior, también reclamó el esclarecimiento de las funciones desempeñadas por personas que habían acompañado al exministro de Bienestar Social López Rega, entre ellas Rodolfo Almirón, Juan Ramón Morales y Miguel Rovira, todos vinculados estrechamente a la Triple A. Las mencionó a partir de informaciones periodísticas sobre sus antecedentes y actividades, y exigió que el gobierno respondiera por circunstancias que consideraba relevantes para comprender la violencia y el funcionamiento de determinados organismos del Estado.

Estas intervenciones tienen especial valor histórico porque fueron realizadas durante el gobierno constitucional, antes del golpe de Estado de 1976. Muestran que Amaya advertía y denunciaba mecanismos de persecución que ya se desenvolvían en ese período.

La defensa de las libertades encontraba en su actuación una dimensión concreta. En agosto de 1974 presentó un pedido de informes sobre las circunstancias que habían determinado la expulsión del país de varios ciudadanos uruguayos. En marzo de ese año había solicitado informes verbales al ministro del Interior sobre la prohibición de imprimir el diario El Mundo, sometiendo a examen parlamentario una medida que afectaba la libertad de prensa.

Durante la interpelación de agosto de 1975 se refirió a situaciones de extranjeros y asilados afectados por decisiones represivas. Expuso el caso de dos ciudadanos chilenos que habían sido autorizados a radicarse y trabajar en el cultivo de ostras en Caleta Valdés, cuya actividad había sido intervenida. También reiteró el reclamo por detenidos de Chubut cuya libertad habían solicitado la Legislatura provincial, un Concejo Deliberante y el Senado de la Nación.

En septiembre de 1975 apoyó la revisión de las actuaciones relacionadas con ciudadanos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. Sostuvo que debían examinarse todas esas situaciones y restituirse la libertad cuando la detención careciera de la razonabilidad exigida por la ley. Extendió su planteo a quienes habían ejercido la opción constitucional de salir del país. Entendía que, si no existían razones legales que justificaran mantener la restricción, también debía reconocérseles la posibilidad de regresar, reunirse con sus familias y recuperar su actividad laboral.

Denunció las informaciones sobre torturas y las condiciones reprobables de encarcelamiento.

Recordó, además, las gestiones que los legisladores realizaban ante distintos funcionarios para lograr la revisión de situaciones injustas. En diciembre de 1975 participó en la presentación de una iniciativa de adhesión al aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El 10 de marzo de 1976, apenas dos semanas antes del golpe de Estado, acompañó un pedido de informes para determinar si María Beatriz Díaz Bulgheroni había sido detenida durante un procedimiento realizado en una vivienda de Lanús. Hasta los últimos días de funcionamiento del Congreso continuó reclamando respuestas sobre la libertad y la situación de personas concretas, como Díaz Bulgheroni, quien continúa desaparecida hasta la fecha.

En el debate de agosto de 1973 sobre la nacionalización de entidades bancarias, Amaya sostuvo que el dominio financiero constituía una de las formas más eficaces de dependencia. Cuestionó que instituciones asentadas en el país pudieran orientar su actividad hacia intereses ajenos a las necesidades nacionales.

Apoyó la intervención estatal, pero advirtió que la nacionalización perdería su finalidad si posteriormente los bancos regresaban al sector privado y quedaban nuevamente subordinados a los mismos intereses. Defendió su permanencia en el sistema oficial y una conducción del crédito al servicio de la población.

Su intervención sobre promoción industrial tuvo una orientación semejante. Defendió la participación directa del Estado y recordó experiencias de radicación industrial en Córdoba, producción de papel en Misiones e instalación de la planta de aluminio en Puerto Madryn. Entendía que el desarrollo de esas actividades requería decisiones públicas.

En octubre de 1975 intervino sobre el conflicto de los trabajadores de Hierro Patagónico de Sierra Grande, en la vecina provincia de Río Negro. Relacionó la situación laboral con la importancia de la actividad minera para el desarrollo siderúrgico nacional.

Explicó que, ante la ausencia de un convenio colectivo propio, el Ministerio de Trabajo había dictado un laudo cuyo cumplimiento estaba siendo cuestionado. Denunció el incumplimiento de la empresa, su ausencia en reuniones de conciliación y la falta de una respuesta eficaz de la autoridad laboral.

Reclamó que el Estado hiciera cumplir sus decisiones y evitara que la indefinición agravara el conflicto. En noviembre volvió sobre el asunto y advirtió que había quedado pendiente la votación de la iniciativa que exigía medidas urgentes para solucionarlo. Su actuación vinculaba la continuidad de una actividad estratégica con el respeto a los derechos de quienes trabajaban en ella.

Mientras ejercía su mandato como diputado, también se dedicó a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como profesor titular de Introducción al Derecho, hasta que fue cesanteado en octubre de 1974, una vez intervenida la UBA.

La persecución que sufrió Amaya junto con otros dirigentes y militantes políticos, actores, científicos y artistas no comenzó con el golpe de Estado de 1976. El 15 de abril de 1975, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón y la gobernación de Benito Fernández, David Patricio Romero, su socio y amigo, fue víctima de un atentado explosivo en su vivienda de Trelew y de otro en el estudio jurídico que compartía con Amaya, en la misma madrugada en que se atentó contra el domicilio de Hipólito Solari Yrigoyen en Puerto Madryn. Estos hechos, con un entramado de responsabilidades que involucraba a la Triple A y a la Policía de la Provincia del Chubut, forman parte del contexto de violencia y persecución anterior a la dictadura y permiten comprender los riesgos que asumían quienes defendían a presos políticos y denunciaban los abusos del poder.

A partir del golpe de Estado, mientras permanecía en Buenos Aires, varios le sugirieron que, para salvar su vida, abandonase el país, pero optó por volver a Trelew, a la casa en la que vivía con su madre, Ana Rosa Gatica de Amaya.

El martes 17 de agosto de 1976, aproximadamente entre las 3 y las 3.30 de la madrugada, tres hombres vestidos de civil llegaron al domicilio de Mario Abel Amaya, en Pecoraro 170, de la ciudad de Trelew. Al denunciar el secuestro, Raúl Alfonsín expresó su indignación, agravada por la coincidencia con el día en que se honra la memoria del general San Martín, “nuestra mayor gloria militar y también el argentino ejemplar que prefirió envainar su espada y marchar al exilio antes que derramar sangre de hermanos”.

Según la declaración policial de su madre, Amaya se levantó y le dijo: “Mamá, levántese que viene la Policía”. Cuando ella llegó al living, encontró a los tres hombres y preguntó por qué buscaban a su hijo. Uno respondió que eran asuntos de rutina. No exhibieron credenciales ni informaron dónde lo llevarían.

Después de unos minutos salieron con Amaya. Antes de irse, él le dijo a su madre que se quedara tranquila. El hombre de mayor edad agregó que se lo traerían nuevamente. Subieron a un Ford Falcon metalizado y se alejaron. La madre declaró que, en su presencia, no lo sujetaron ni ejercieron violencia, y que su hijo salió creyendo que se trataba de policías auténticos.

La denuncia fue presentada en la Comisaría Distrito Trelew por Blanca Yunes, viuda de un hermano de Amaya y, por tanto, su cuñada. La madre había esperado su regreso y, al enterarse del secuestro de Hipólito Solari Yrigoyen, ocurrido esa misma madrugada en Puerto Madryn, comunicó lo sucedido a Blanca.

A partir de la denuncia se instruyó un sumario con intervención del siniestro juez federal Delfor Omar Garzonio. Se libraron radiogramas para averiguar el paradero y oficios al Distrito Militar Chubut, a la Base Aeronaval Almirante Zar, a la Delegación Rawson de la Policía Federal y a comisarías de la región. El mayor Carlos Alberto Barbot, jefe del Área 536, informó que ninguna de las fuerzas integrantes de esa área había detenido a Amaya. El capitán de navío Alex Richmon, jefe de la Base Almirante Zar, manifestó que efectivos de esa base no lo habían detenido y que tampoco había permanecido retenido allí.

El 23 de agosto, a las 12.40, Barbot llamó al comisario principal Saúl Bahamonde e informó que había recibido una noticia según la cual Amaya había sido visto ese día circulando por la calle Fontana, acompañado por el exdiputado provincial Ramón Gutiérrez, en un automóvil anaranjado con franjas negras.

Barbot, cuyo apellido original fue Barbotta, con una historia familiar muy compleja que fue develada por su sobrino Héctor Barbotta en su libro “Mi tío el francés”, fue el principal responsable de las desapariciones, secuestros y torturas ocurridos en la zona y después se supo, por infidencias dentro de la Policía del Chubut, que en los secuestros de Amaya y Solari Yrigoyen intervino un grupo de tareas de la Armada llegado desde Bahía Blanca, entre los que se encontraba el por entonces capitán de fragata Perrén, que se integró con personal del Ejército. La Policía del Chubut tuvo a su cargo lo relacionado con la ubicación de los objetivos y liberó la zona.

La causa instruida por el juez Garzonio pasó rápidamente al archivo, después de consultar a los responsables directos de los secuestros sobre el paradero de Amaya y Solari Yrigoyen, quienes, como era de esperar, no reconocieron su participación en los hechos. Sin embargo, el juez dio por válidas sus respuestas, contribuyendo, mediante una investigación aparente, al encubrimiento de graves delitos.

Solari Yrigoyen pudo reconstruir, primero en el libro “Todos somos subversivos”, del escritor Carlos Gabetta, y luego en un detallado testimonio en el Juicio a las Juntas, que lo subieron atado y con los ojos vendados al baúl de un auto que dirigieron a la Base Aeronaval de Trelew, donde se encontró con Amaya y de allí fueron subidos a un avión que los trasladó al centro clandestino de detención “La Escuelita”, detrás del Regimiento 181 de Comunicaciones de Bahía Blanca.

La presión internacional, en especial la ejercida por el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, ante Videla, obligó al gobierno militar a convertirlos en detenidos legales, mediante una parodia que pretendió representar una operación de rescate llevada a cabo por las fuerzas militares para liberarlos de manos de supuestos grupos subversivos. En las proximidades de Viedma, sus captores los tomaron de pies y manos y los arrojaron a una alcantarilla.

Inmediatamente apareció otro vehículo, cuyos ocupantes se identificaron como integrantes de la Policía Federal y los llevaron a una dependencia policial de Viedma, completando así la puesta en escena del supuesto rescate. Sin embargo, aquella simulación no significó la recuperación de su libertad. Mediante el Decreto N.º 1878 del 1 de septiembre de 1976, quedaron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Los llevaron al V Cuerpo de Ejército y después a la Cárcel de Villa Floresta, en Bahía Blanca.

El 11 de septiembre, al arribar a la Base Aeronaval Almirante Zar, fueron golpeados por personal penitenciario que los esperaba. Luego los condujeron a un vehículo celular y los trasladaron a la U-6 de Rawson, atados y con los ojos cubiertos. En la cárcel continuaron los golpes. Solari Yrigoyen describió que los tiraban al piso y los pateaban. Ambos fueron alojados en las celdas de castigo conocidas como “los chanchos”. Los mantenían desnudos, les arrojaban agua fría y los obligaban a permanecer de pie. Si los encontraban sentados, volvían a golpearlos.

Amaya era asmático y necesitaba un inhalador, que le fue retirado. También lo obligaban a correr, lo que agravaba su dificultad respiratoria. El frío, la humedad, el agua helada, los golpes, la alimentación insuficiente y la falta de su medicación actuaron sobre una salud que ya requería cuidados específicos.

Posteriormente fueron llevados al pabellón Nº 8. Distintos detenidos describieron a Amaya muy golpeado, debilitado y con dificultades para caminar. Solari Yrigoyen recordó que vio por última vez a Amaya en el baño. Lo encontró muy deteriorado y con una lesión en la cabeza. Le preguntó cómo estaba y Amaya respondió “mal, muy mal”. A su vez, Amaya le señaló que él tenía el rostro ennegrecido por los golpes.

Amaya fue trasladado el 28 de septiembre al Hospital Penitenciario Central de Villa Devoto en un avión acompañado por el Dr. Edgar Camwy Rhys, médico de la U-6 que declaró en la Causa 500, ante el juez Beltrán Mulhall, que Amaya iba conversando en el vuelo contándole lo feliz que se sentía de haber sido trasladado a la U-6 por haber personas conocidas y por el buen trato que había recibido. Días después, el juez federal de Rawson Garzonio concurrió al Hospital de la cárcel de Devoto junto con el fiscal Esteban Cerra y dijo haber visto al Dr. Amaya “tomando sol en piyama” la tarde anterior al fallecimiento. Resulta difícil imaginar mayor hipocresía que la de estos funcionarios, cuyas declaraciones pretendían presentar una apariencia de normalidad y buen trato mientras Amaya agonizaba como consecuencia de las torturas sufridas.

Amaya falleció allí el 19 de octubre de 1976, a los 41 años, víctima de las torturas sufridas en la cárcel de Rawson y de la falta de atención médica.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante la Resolución 19/78, caso 2088 B, constató que había sido detenido y torturado y que, pese a conocer sus afecciones, las autoridades lo mantuvieron en condiciones inhumanas y no le proporcionaron la atención médica debida. Consideró estos hechos gravísimas violaciones de sus derechos y reclamó su investigación y la sanción de los responsables.

La dictadura impidió que fuera velado en el Comité Nacional de la UCR. Sus restos fueron despedidos en Mataderos gracias al dirigente radical Liborio Pupillo, que poseía una casa funeraria. Hipólito Solari Yrigoyen hijo estuvo en ese primer velatorio. “Al cuerpo lo vi terriblemente demacrado y el comentario de la gente de la funeraria era que pesaba apenas 35 kilos, aunque él era un adulto de 41 años, bajo, pero no flaco”, declaró en un testimonio celebrado en el año 2013, confirmando que la cabeza de Amaya estaba rapada y con una herida muy visible en la cabeza. Antes, Hipólito hijo acompañó a la madre de Amaya al hospital de Villa Devoto, esa tarde que no reconoció a su hijo, deforme por la tortura. “Salió muy mal porque la habían tratado muy secamente y también vio que le habían partido la cabeza”, recordó Hipólito hijo al brindar testimonio judicial.

Luego, sus restos fueron trasladados a Trelew, donde el sepelio tuvo lugar el 21 de octubre de 1976, bajo vigilancia y en un clima represivo. Blanca Yunes vio el cuerpo de Amaya en su segundo velorio. “Cuando abrieron el cajón casi me muero: tenía 20 kilos menos, sin bigotes ni anteojos, el pelo cortito. Parecía una criatura de 18 años y me sorprendió, hasta pensé que no era mi cuñado”. En cambio, su suegra estaba convencida de que sí era. “Hijo, cómo me lo cambiaron”, le habló al cadáver, con el mismo respeto con que madre e hijo se trataban de usted. La cuñada de Amaya recordaba que un cura ofreció una misa mencionando que Amaya “culminaría en el cielo su obra en la tierra” y, poco tiempo después, se cruzó con el párroco en una repartición pública y aprovechó para agradecerle sus palabras en ese momento. El cura le respondió: “hijita todos los que se meten en problemas terminan así”. La respuesta dejó al descubierto la hipocresía del cura, que en la misa había elogiado la obra de Amaya y, fuera de ella, insinuaba que había merecido su trágico destino.

En el acto habló su compañero de bancada Carlos Fonte. Rindiéndole homenaje, afirmó: “…llegó hasta el Congreso de la Nación con la ilusión de desterrar todas las formas de violencia…”, y Raúl Alfonsín lo despidió como un amigo valiente y altruista y como un hombre de la democracia, que entendía la participación popular y la justicia social como dimensiones esenciales de ella. Denunció también las calumnias dirigidas contra Amaya y Solari Yrigoyen y rogó que el país pudiera salir de aquella pesadilla de sangre, dolor y muerte. Entre otras sentidas palabras, el futuro presidente de los argentinos expresó: “Algún día una calle o un barrio de esta provincia llevará su nombre. Será ese el día en el que los responsables de su muerte estén presos. Algún día dejaremos de pelearnos entre nosotros, algún día nos encontraremos los argentinos, algún día dejaremos de derrotarnos entre civiles y militares, entre militares y civiles, para comprender que debemos actuar como una auténtica Nación, y que hay objetivos comunes que tenemos que defender en el ámbito en el que se desenvuelve el hombre, que es su único ámbito, el de la libertad”.

La campaña de estigmatización continuó incluso después de su muerte. El editorial de La Nueva Provincia del 23 de octubre de 1976, titulado “Que a Amaya lo llore el marxismo”, expresó: “Ahora ha muerto. Durante el velatorio e, incluso, el entierro, no han faltado, en su honor las zalemas radicales, los pésames del comunismo y las lágrimas de la subversión, que ha perdido a un elemento valioso.”

Años más tarde, la madre de Amaya se fue a vivir a la provincia de San Luis, donde residía su familia. Temiendo una profanación de los restos de su hijo, los trasladó al cementerio de Luján, en esa provincia. Allí se realizó una exhumación dispuesta por el juez federal de Rawson para determinar, 32 años después, si antes de su muerte había sido golpeado, como se había denunciado en la causa penal. Una calle en Luján lleva el nombre de Diputado Mario Abel Amaya.

El caso de Mario Abel Amaya fue expresamente examinado en el Juicio a las Juntas como caso número 189. En su sentencia del 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal tuvo por acreditados su secuestro, cautiverio ilegal y tormentos, y concluyó que su muerte había sido consecuencia del trato feroz recibido. Décadas después, el 4 de julio de 2013, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, en las causas 1101 y 1118, condenó a Osvaldo Jorge Fano a 23 años de prisión por los tormentos seguidos de muerte de Amaya y los tormentos sufridos por Solari Yrigoyen, y a Jorge Osvaldo Steding a 17 años por los tormentos seguidos de muerte de Amaya. El médico Luis Eduardo García fue condenado inicialmente a dos años por encubrimiento; los otros médicos Juan Carlos Saleg, jefe del servicio médico y Rhys, ya habían fallecido; de lo contrario hubiesen estado sentados en el banquillo de los acusados. El 29 de junio de 2015, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas de Fano y Steding y absolvió a García. Las condenas de 2013 llegaron casi 37 años después de la muerte de Amaya y expresaron una respuesta judicial largamente demorada.

Amaya nunca preguntó por el color político de quienes debía defender. Desde luego, el ejercicio profesional de la abogacía no significa una identificación ideológica con cada asistido y mucho menos una participación en el delito por el cual hubiera sido llevado ante la justicia. Su compromiso con el derecho de defensa y las libertades públicas estaba por encima de las diferencias partidarias.

Tenía una firme identidad de principios e ideas radicales, pero sabía encontrar coincidencias con sus adversarios políticos circunstanciales. Eso no implicaba considerarlos enemigos, cambiar de partido como de camiseta ni mucho menos renunciar a la imprescindible coherencia entre el decir y el actuar. Tampoco acomodaba sus opiniones a las conveniencias de un pragmatismo oportunista.

El nombre de Mario Abel Amaya permanece en instituciones, escuelas, calles y barrios, y ha trascendido los partidos políticos y los límites de la provincia del Chubut. La ciudad de Trelew cumplió las palabras de Alfonsín al darle el nombre de Mario Abel Amaya a un barrio. Fue un acto de justicia, como lo es ahora otorgar post mortem la mayor distinción institucional de la provincia, pero no es suficiente.

Lo que Alfonsín reclamaba frente al cuerpo de Amaya no era la simple nomenclatura de una calle o un barrio. Nos estaba diciendo, como sociedad, que Mario Abel Amaya había marcado un camino que en estos tiempos necesitamos recuperar con urgencia. Honrar su memoria exige mucho más que perpetuar su nombre en los espacios públicos. Exige militantes y dirigentes políticos dispuestos a recuperar los valores que defendió, mantener vivas las banderas por las que luchó y, sobre todo, sostener con la propia conducta las convicciones que él defendió, incluso a costa de su vida.

Todo lo que hoy escribimos sobre Mario Abel Amaya no es algo que su memoria necesite. La clase política, sus correligionarios y los dirigentes que lo invocan sin imitarlo necesitan que los principios y las convicciones que dieron sentido a sus luchas orienten su conducta.

En su despacho de diputado nacional, Mario Abel Amaya tenía el poema Los estatutos del hombre, del poeta brasileño Thiago de Mello, traducido por Pablo Neruda. Entre sus versos, la Lic. Mónica Gatica rescató la figura del derecho de los girasoles a abrirse dentro de la sombra para titular un documental que repasa la vida de Mario Abel Amaya. Acaso ninguno refleje mejor su pensamiento y su conducta que el artículo final, en el que el poeta imagina un mundo donde la libertad deja de ser una palabra vacía para convertirse en una realidad viva, inseparable de la condición humana. Amaya hizo de ese ideal una forma de vida y, pese a que lo mataron por defender la libertad, medio siglo después no han logrado silenciarlo.