Por Néstor Pérez*
Se conoce a Octavio como el primer emperador romano, luego de que su tío Julio Cesar se declarara dictador vitalicio y que, en respuesta a esa acción, encontrara la muerte violenta en un Senado que se la había jurado. Octavio mantuvo todas las formas republicanas de gobierno, pero en la práctica gobernó como un autócrata. En el año 27 a. C. el Senado le otorgó formalmente el poder supremo, el que ejerció bajo el nuevo título de Augusto.
En este pasaje de la historia antigua universal, al menos un cuerpo político se pronunció sobre los alcances del nuevo Supremo.
Afanosos en dotar al nuevo gobierno argentino del escudo que supone su holgado triunfo electoral, a la hora de reprimir la protesta social, los medios masivos omiten desvergonzadamente informar que, luego de la primera vuelta electoral, la del Ejecutivo es una autoridad a la que se le opone la polifonía del nuevo Congreso de la Nación. Esa auditoría política de tan alta legitimidad, en tanto resultado de la voluntad popular que buscó y obtuvo contrapesar decisiones de gestión, es la que pretende eludir Milei gobernando por decreto.
El Presidente toma un atajo que la Constitución no le permite transitar, ni aún bajo el imperio de la necesidad y la urgencia. De un solo golpe, sin examen de los representantes del pueblo y de las provincias, pretende acabar con algo más de 3500 leyes. Al modo en que gobernaría un dictador, sopesa que el ánimo del pueblo es adherir sin matices cualquier idea que se le ocurra en esta hora desgraciada.
Como si su promoción se debiera a la sucesión imperial romana y no al voto del pueblo, impone el silencio en la calle y el orden de los sepulcros. El debate en espacios públicos y la propia ocupación de los mismos son propios de un pueblo que casi nunca obtuvo de su dirigencia política, en cuarenta años de democracia, algo que se pareciera a un estado de bienestar. Es improcedente, arbitrario e inmoral, comparar la protesta social en nuestro país con otros cuyos índices de pobreza, costo de vida, desempleo y PBI, nos resultan tan ajenos como la poesía a un patovica de boliche.
En democracia se discute, se opone un criterio a otro, los desacuerdos se dirimen en donde mora la voluntad popular, aunque esos mismos ámbitos – legislativos- no sean un canto al patriotismo y sigan sumando deudas con los mandantes.
Suelen decir en espacios intelectuales del derecho constitucional algo así como que, la democracia consiste en que no gane uno solo todo lo que se disputa, sino de que ambos litigantes consigan un poco de lo que está en juego.
Milei es un Presidente legítimo. El suyo no es un poder derivado del cielo, no le está permitido erigirse en emperador de un pueblo libre. El pueblo, la fracción en desacuerdo, sin mensurar su volumen, tiene todo el derecho de gritar su descontento. Y de hacerlo sin recibir bala ni cárcel por el solo hecho de protestar.
La libertad política es la primera que un mandatario electo debiera defender. Cancelándola, el político deviene en un envilecido servidor de los más oscuros intereses, esos que siempre acechan a las extenuadas repúblicas de esta parte del mundo.
*Periodista. Secretario de Finanzas del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA)