El 16 de marzo de 1998, una comitiva de la CTA se presentó ante la Audiencia Nacional de Madrid para dar testimonio ante el Juez Baltazar Garzón y denunciar la existencia de un plan concertado por los grandes grupos económicos y las Fuerzas Armadas para implementar el terrorismo de Estado y el Genocidio en nuestro país con el objetivo de disciplinar socialmente a la clase trabajadora y obtener así una más alta tasa de ganancia y concentración económica.
La causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina, surgida a partir de la denuncia en los tribunales españoles del abogado argentino Carlos Slepoy, permitió la condena a perpetuidad del ex marino Alfredo Scilingo y la extradición desde México del represor de la ESMA, Ricardo Cavallo.
La comitiva de la Central estuvo integrada por Víctor De Gennaro, Marta Maffei, Víctor Mendibil, Alberto Piccinini, Juan Carlos Camaño y Alberto Morlachetti con el patrocinio letrado de los abogados Horacio González y Juan Carlos Capurro.
A la delegación argentina se sumó Eduardo Pereira, en representación de la central uruguaya (PIT-CNT) y fue acompañada por las principales centrales obreras españolas (Comisiones Obreras, UGT, USO, Central Intersindical Gallega y CGT; por el Dr. Castrezana (Asociación Progresista de los Fiscales españoles) y por diversas organizaciones de DD.HH argentinas y españolas. La Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Nora Cortiñas, se sumó en España a la delegación de trabajadores.
Los representantes de la CTA dieron testimonio ante el Juez Baltasar Garzón y le presentaron una lista con los nombres de nueve mil trabajadores detenidos-desaparecidos, 50.000 páginas de documentación sobre la represión, un informe elaborado por Claudio Lozano y el Dr. Horacio Meguira y otro sobre la desaparición de niños presentado por la organización Movimiento Nacional Chicos del Pueblo.
Esa denuncia de la CTA sobre terrorismo de Estado y Genocidio en la Argentina, permitió dar a conocer al mundo la documentación más esclarecedora sobre el genocidio, la represión al movimiento obrero y la complicidad empresarial con el plan de terror y disciplinamiento social de la dictadura militar.
En un momento de la historia argentina donde -a raíz del Indulto del Presidente Carlos Menem y las leyes de Obediencia Debida y Punto final- ningún represor y genocida era juzgado en los tribunales argentinos, la denuncia de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina marcó un antes y después en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En primera persona
