Por Jesús Chirino
Hace 15 años se produjo la Pueblada de Corral de Bustos, expresión del clamor popular contra la injusticia que se vivía en esa localidad y su zona. La sustancia explosiva, que estalló aquel 4 de diciembre de 2006, fue la eventual suspensión del servicio de justicia para las clases populares. Pero el detonante que hizo explotar la situación, fue el terrible asesinato de Ariana Sabache, niña de tan solo 3 añitos de vida. El diario Página/12, en su edición del 5 de diciembre de 2006, publicó que los médicos del Hospital Regional de Corral de Bustos denunciaron que existió abuso sexual con acceso carnal. Antes que esto sucediera existieron reiterados reclamos de vecinos advirtiendo que la niña estaba en peligro, las autoridades ignoraron toda la información y nada hicieron para rescatarla de ese entorno peligroso. Después del horror, uno de los policías que intervino en el caso señaló que, luego de ver la horrorosa escena que encontraron en el domicilio de la nena, le era difícil sacarse de la cabeza la imagen de ese pequeño cuerpito tan golpeado.
El 4 de diciembre de 2006, dos mil vecinos se dieron cita en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, para esperar el cortejo fúnebre de la niña asesinada por la violencia machista. Fue incontenible el dolor, la angustia y la bronca que embargaba a quienes estaban en el lugar. Si bien ya había detenidos, el saber popular conoce las tretas del poder, entre las que se cuenta detener rápidamente alguien para parar la bronca y después las causas caen en un pozo de ineficiencia que asegura la impunidad. Intentaron hablar con Jorge Farías, quien ejercía como juez, también con Raúl Moll, fiscal que luego sería destituido, pero no fueron bien atendidos. Esas autoridades estaban muy desprestigiadas en la comunidad, tanto por los numerosos crímenes sin esclarecer como por el avance del flagelo del tráfico de drogas en el lugar.
Tras el sepelio, el 20% de la población reclamó ante la sede judicial, pedían justicia y que no fuera otro caso que cayera en la impunidad. Los vecinos comenzaron aplaudiendo y se agruparon frente al edificio judicial. Las autoridades no tenían respuestas adecuadas y poco a poco todo se fue desmadrando. Con la aparición de algunos “pícaros”, la sede judicial terminó incendiada. El sistema judicial, en especial su sector más retrógrado, sintió que la situación lo exponía y reaccionó según una idiosincrasia en la cual tienen que ver jueces que se creen en una categoría diferente a la de los ciudadanos, que mantienen resabios de una cultura que pone distancia con quienes no pertenecen a la familia judicial. Aunque, debo decirlo, el sistema también cuenta con trabajadores/as de gran integridad. La reacción pasó por la organización de una causa judicial en contra de los vecinos del lugar, en el marco de la cual el fiscal que la instruyó llegó a hablar de la posibilidad de detener a 200 personas. A los pocos días comenzaron las encarcelaciones.
Estando en mi casa escuché, en una radio de Buenos Aires, que en la cárcel de Villa María había periodistas presos por el incendio de Tribunales de Corral de Bustos. En calidad de secretario de Derechos Humanos de la CTA Regional Villa María consulté con Camilo Rodríguez, entonces secretario General de esta organización. Llamamos a la filial Villa María del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA) y Rosana Calneggia, luego de las averiguaciones pertinentes, nos confirmó que los detenidos no se trataban de afiliados a nuestras organizaciones. Igual, el 28 de diciembre armamos una visita a la cárcel, donde concurrimos junto a los periodistas Patricia Gatti y Franco Gazzoli. No pudimos hablar con los presos, así quedó testimoniado en la página 54 de El Diario, donde también se reprodujo la solidaridad del Cispren mediante un comunicado de Alexis Oliva y Guido Dreizik, secretario de prensa y general, respectivamente. Regresamos en otra jornada de diciembre y allí encontramos la punta de un hilo que nos llevó hasta un camino de solidaridad en un pueblo generoso que a pesar de sufrir terribles situaciones supo tener la empatía suficiente para que a sus convecinos se les respetara el derecho de esperar el juicio en libertad y a la vez se buscara la verdad de lo que pasó. La justicia cordobesa llegó a poner presos a más de 40 personas, produciendo detenciones en marcos bastante poco racionales. Por ejemplo, llevaron a la cárcel a gente que ni había presenciado el incendio. Pero ante la mano dura de la Justicia actuó la solidaridad de los vecinos que continuaron defendiendo su derecho a una Justicia real y verdadera. Se realizaron marchas en la Plaza 25 de Mayo donde se llegaron a contabilizar dos mil personas; pegatinas de afiches; caravanas que atravesaron la provincia llegando a la sede del Tribunal Superior; asambleas en diferentes lugares (incluso dentro de la cárcel) y un sinnúmero de gestiones.
A pesar de los esfuerzos del aparato judicial, los vecinos de Corral de Bustos Ifflinger nunca dejaron de ser vistos como seres indignados ante la falta de justicia. En una causa amañada, cuando llegó el enjuiciamiento la Cámara del Crimen de Bell Ville, en 2011, dictó algunas condenas (todas cumplidas). Para entonces el fiscal Moll ya había sido destituido, en 2008, por hallarlo culpable del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El jury que lo destituyó comprobó, entre otras cosas, que en la Fiscalía de Corral de Bustos, durante 2006, de 114 actuaciones solo 24 habían sido procesadas. También quedó probado que la actividad fiscal era particularmente “escasa” cuando se trataba de denuncias que involucraban torturas por parte de personal policial o delitos sexuales. El fiscal Darío Vezzaro, en el alegato que argumentó la destitución de Moll, señaló: “Este caldo de cultivo ha motivado la reacción violenta de la sociedad”. Así quedó comprobado quienes construyeron esa eventual suspensión del servicio de justicia para las clases populares que reclamaban sin ser oídas.
Fuente: www.eldiariocba.com.ar