Por Jesús Chirino*
La ley que modifica el Sistema de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Córdoba es un zarpazo no solo a las cuentas de los y las trabajadoras jubiladas sino también a quienes nos jubilaremos en el futuro. Algunos, acostumbrados a recibir apoyos del oficialismo, se empeñan en defender el ajuste argumentando cuestiones dudosas.
El mismo Gobierno sostiene que la Caja de Jubilaciones tiene un déficit de miles de millones de pesos, el que se verá reducido pagándole menos a los jubilados, claramente es un zarpazo o recorte a los bolsillos de los adultos mayores.
Lo digamos como lo digamos todos entendemos de lo que se trata, incluso quienes lo defienden por intereses o cuestiones ideológicas. Presentan este recorte como producto de la fatalidad, según ellos no puede hacerse otra cosa para “salvar la caja” y se golpean el pecho diciendo que ningún jubilado ganará menos de 25 mil pesos. Quienes dicen esto viven con montos superiores. Insisten en este argumento e, incluso, comparan y marcan la diferencia con la mínima de las jubilaciones nacionales. Pero se cuidan de decir que, en los dos casos, son montos bajos.
Este tipo de razonamiento parece propio de alguno de los nuevos racismos que se basan en el odio al goce del otro. Parecieran creer que los adultos no tienen que estar bien, si no juntaron ahorros suficiente que ahora se jodan. Visión repudiable pero coincidente con decir que el sistema jubilatorio sólo debe ser financiado por los aportes de los trabajadores en actividad.
Es esta una posición floja de papeles, no sólo se olvidan de los aportes patronales sino que implica un razonamiento poco solidario y no es así en mucho países. Claramente dicen que no debe sacarse dinero de las rentas generales para pagar jubilaciones, pensiones por vejez o discapacidad. Que el sector quede librado a su capacidad, en verdad es un concepto bastante liberal y poco solidario. ¿A qué lleva esta visión? Entonces no se debe sacar plata de rentas general para pagar el sueldo de docentes de escuelas privadas? ¿Tampoco debería destinarse dinero de impuestos a los hospitales públicos que atienden a quienes no pueden aportar?
Recordemos que muchas personas con discapacidades tampoco pueden aportar. ¿Acaso ellos no merecen un beneficio jubilatorio o pensión? ¿Acaso estos personajes consideran injusto pagar, por ejemplo, el IVA y que de allí se saque para esos beneficios? Tampoco se acuerdan de hablar de todos los trabajadores que no pueden aportar a la caja provincial por no estar debidamente registrados.
Como ejemplo allí están los cientos de “facturantes” en el municipio de Villa María. Desde esa concepción poco solidaria pretenden que otros no tengan derecho y hacen cuentas diciendo que los números no mienten pero, debemos decirles, que ellos les hacen decir enormes macanas. También dicen que se trata de un ajuste “solidario” pues sólo afectará a las jubilaciones que cobran montos enormes. Lisa y llanamente mienten.
Por ejemplo, la nueva base de cálculo para el haber inicial se le aplicará a cada próximo jubilado sin importar el monto de su sueldo. Decidieron ajustar y sacarle beneficios a los trabajadores, entonces no se escondan detrás de falaces argumentaciones. No somos tontos y por eso se trata de una ley cuyo proyecto no tuvo estado público sino que fue aprobada a la sombra de la obligatoriedad de quedarnos en nuestras casas. Un procedimiento legal pero apegado a un frío cálculo oportunista que lo aleja de cualquier ideal democrático.
Esta vez el tratamiento y aprobación de la ley no fue entre gallos y medianoche sino entre las patas del virus que nos tiene bajo aislamiento. Nos hablan que se vendrá una nueva normalidad. A juzgar por estos pasos, contra los intereses de los trabajadores, pretenden hacer normal la quita de derechos.
Debemos reaccionar y, con cuarentena o sin ella, hacerles entender que no sólo nos cuidaremos del Covid-19 sino también de los políticos conservadores y economistas liberales que pretende seguir restándonos derechos.
*Secretario General de la Unión Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTA). Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María