Por Jorge Falcone
“Todo el mundo dice que el modelo de capitalismo existente – y esta es hoy la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países – se ha agotado, en su marco ya no hay salida a la maraña de contradicciones cada vez más enredadas (…) Todo esto es percibido por los países rezagados, que pierden la fe en la perspectiva de alcanzar las potencias líderes. La decepción estimula la agresión, empuja a la gente a las filas de los extremistas. Los habitantes de esos países tienen una sensación cada vez mayor de expectativas incumplidas y no cumplidas, un sentimiento de ausencia de perspectivas de vida no sólo para ellos, sino también para sus hijos. Esto es lo que lleva a la búsqueda de una vida mejor, a la migración descontrolada, que a su vez crea las condiciones previas para el descontento social – de los ciudadanos – de los Estados ya más prósperos”.
Fragmento de la intervención de Vladimir Putin, Presidente de la Federación Rusa, en la reunión anual del Club Valdai
Según no pocas miradas, el sistema-mundo actual transita hacia un cambio de paradigma, que contempla cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU en 2015, aunque todo indica que va a ser difícil atendiendo a los liderazgos mundiales de máxima gravitación. Mientras el Director del Programa Mundial de Alimentos de la Naciones Unida declara que solo un 0,36% del patrimonio de los multimillonarios acabaría con la hambruna mundial, en la Cumbre Climática de Glasgow el Sur Global apuesta por canjes de deuda verde, que significarían la posibilidad de alivianar a los países más empobrecidos del compromiso con sus acreedores en tanto intentan avanzar en planes de mitigación del cambio climático, en nuestra castigada región las democracias formales continúan haciendo agua, como en estas horas lo demuestra el recrudecimiento de las protestas en Ecuador, donde, además de continuar con el paro nacional iniciado el martes 26 de octubre, los movimientos populares, indígenas, campesinos, de trabajadores y estudiantiles ratificaron continuar la movilización contra las políticas neoliberales impuestas por el gobierno, exigieron la inmediata libertad de los detenidos, y la reparación integral a los atacados y heridos por la represión policial y militar. Pese a tales indicadores, quién sabe por cuánto tiempo más, el sentido común imperante continúa interpretando que concurrir a elecciones torcerá el rumbo establecido por quienes las manejan.
En el marco general de una significativa ausencia de utopías transformadoras globales en el mundo que nos toca, y una palmaria demostración de que la democracia está muy lejos de ser “el mejor de los sistemas posibles”, de cara a las elecciones de medio término, en Argentina no abundan pronósticos auspiciosos para la coalición gobernante.
La enorme tasa de desempleo, la inflación desenfrenada, y la exigencia por parte del FMI de una suerte de Pacto de la Moncloa a concretarse justamente en el momento de máximo desencuentro de nuestra desprestigiada clase política, son algunos de los factores que oscurecen el horizonte del Frente de Todxs.
A propósito de nuestros acreedores externos, ya no es ningún secreto que los desembolsos del FMI han coincidido con picos en los depósitos de ese origen en bancos de Suiza. Hace poco renunció al Banco Mundial su economista en jefe, Penelopi Goldberg, luego de que el organismo se negara a publicar un informe que elaboró, donde comprueba que cuando un país recibe asistencia financiera del exterior, esos desembolsos redundan en el incremento de tales montos en las entidades financieras de aquel país.
Este dato remite necesariamente al elenco estable de los chupasangres locales. Sin ir más lejos, nueve de las diez familias más ricas de nuestro país figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore. En efecto, Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los patrimonios más grandes de 2020, según publicó la Revista Forbes. Siempre recurrieron a paraísos fiscales para realizar inversiones inmobiliarias y financieras, gestionar herencias y participar en una empresa rusa, entre otros usos. Sólo en un caso aportaron documentos para respaldar que han declarado sus estructuras ante las autoridades.
Por su parte, en la vereda de enfrente de la grieta electoral que inventaron y alimentan los medios concentrados se desgañita una oposición de derecha inéditamente obtusa, que reclama la recuperación de una libertad supuestamente arrebatada en el contexto de una peste global de dimensiones bíblicas, e impugna lo que considera secesionismo mapuche contraponiéndolo al reclamo de soberanía en el Atlántico Sur, escamoteando así el argumento de que en nuestra tierra había naciones pre existentes a la conquista (de América y del “Desierto”)
Con relación a esto último, se han alzado numerosas voces del espectro popular reclamando el cese de toda forma de violencia y que se haga efectivo lo estipulado en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), las constituciones provinciales, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y todo el marco normativo nacional que refiere a los derechos del pueblo originario mapuche, mapuche tehuelche y los restantes pueblos, alentando también a los legisladores nacionales a sancionar la prórroga de la ley 26.160 actualmente en tratamiento en el Congreso, así como a dictar la ley de propiedad comunitaria indígena.
A esta altura corresponde señalar que algunas políticas implementadas por el neoliberalismo en los distritos que domina, ya se pasan de obscenas. Como ocurre en CABA con el emprendimiento inmobiliario que la empresa IRSA quiere construir en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur, con torres, oficinas, hoteles, bares y restaurantes, iniciativa de la que participa un tal José Luis Inglese como consultor al servicio de IRSA, para determinar el impacto ambiental que provocará la obra diseñada entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Eduardo Elsztain, dueño de la desarrolladora inmobiliaria.
En audiencia celebrada en 2018, Inglese confesó que se desvió dinero del préstamo internacional que fuera otorgado por el Banco Mundial para la Causa Mendoza de la Cuenca Matanza-Riachuelo a fin de dirigirlo a la concreción del Caño baja Costanera. Ese movimiento de dinero constituye un verdadero robo a quienes viven en las cercanías de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El cuadro electoral se completa con una izquierda parlamentaria que aspira a constituirse en la tercera fuerza nacional de una institucionalidad en bancarrota.
En tanto, como se recordará, en abril de 2020 se desató un escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos por parte del ministerio de Desarrollo de la Nación, lo que derivó en la renuncia de 14 funcionarios del área. La situación generó que se frenara la entrega de alimentos a los comedores comunitarios en plena pandemia y en la cresta de las restricciones a la circulación y al trabajo. El gobierno prometió transparentar la situación y para ello ubicó en el lugar a funcionarios ligados a los intendentes del conurbano, principalmente a Juan Zabaleta, quien asumiera al frente de la cartera social un año después. Con los cambios se fue regularizando la entrega tras varias semanas de parate y se amplió la licitación de compras de productos a distintas empresas. Tras una “luna de miel” de algunos meses, la situación volvió a empeorar y el desabastecimiento volvió a ser moneda corriente en los comedores comunitarios que organizan los movimientos sociales, principalmente los opositores, lo que nos trae a un presente de tensa calma en el vínculo entre el Palacio y la Calle.
Haciendo una apretada reseña de los golpes de timón producidos por el oficialismo desde su estrepitosa pérdida de alrededor de 5 millones de votos en las elecciones Primarias , Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cabe destacar que el proyecto para transformar los planes sociales en puestos de trabajo formal, presentado por Sergio Massa, parece constituir un nuevo paradigma de relación con las hasta ahora poderosas organizaciones sociales, la mayor parte de las cuales viene transitando el peligroso camino de la sindicalización.
La norma en cuestión, ya convertida en Decreto por el Primer Mandatario, dispone a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en “incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”, estableciendo facilidades como el mantenimiento de la asistencia por 12 meses en concepto de complemento del salario y el acceso a obra social y ART. En los sectores críticos a las políticas del Gobierno, sin embargo, la iniciativa se interpreta como un embate contra todo proyecto de construcción de autonomía popular y el avance hacia una mayor precarización laboral.
De momento, la asistencia social es objeto de innumerables polémicas pero, hasta ahora, ningún gobierno se animó a un rediseño profundo. En total, existen 141 programas distribuidos principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social, el de Trabajo y la ANSES. Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el Estado distribuye 22 millones de cheques en subsidios mensuales.
Esa prestación estatal exige que por día se destinen más de 800 millones de pesos en planes sociales, unos 288 mil millones anuales. Por eso, cada vez son más las voces que señalan que esta “ayuda” a los sectores vulnerables debe transformarse en otra cosa. El debate atraviesa al oficialismo y la oposición.
Hubo una época en que dicha asistencia no existía. El primer antecedente fue la caja PAN en 1984, durante el mandato de Raúl Alfonsín. Se entregaban 1.500.000 cajas alimentarias por mes, que cubrían a 5 millones de personas. Pero los planes pasaron a formar parte de la vida de miles de argentinos después de la crisis del 2001, con el plan Jefes y Jefas de Hogar, que recibieron 2.200.000 personas durante el gobierno de Eduardo Duhalde. En aquel momento, cada uno de los beneficiarios cobraba $150 por mes. Desde entonces, estos programas de ayuda social se diversificaron, empujados por las sucesivas crisis económicas, y hoy alcanzan a más de 21 millones de adultos, convirtiéndose en el necesario paliativo para afrontar una democracia en la que desde hace ya bastante tiempo, desmintiendo al presidente que la inauguró, no se come, no se sana, ni se educa.
Lo cierto es que, a dos semanas de las elecciones legislativas que determinarán el futuro del Frente de Todos, el Gobierno intenta por todos los medios mantener abierta la instancia de negociación con los movimientos sociales opositores. El objetivo oficial está en evitar una escalada en la conflictividad callejera antes del 14 de noviembre. A juzgar por el incremento diario de las protestas, cuesta creer que tal propósito pueda cumplirse.
En paralelo a ello, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas publicó una “inocente” gacetilla que no parecería totalmente desvinculada del malhumor social en alza. Según la misma, el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de División Juan Martín Paleo, supervisaron a principios de octubre una serie de entrenamientos del ejercicio militar “General Arias”, que se realizó en las provincias de Salta y Jujuy, donde fueron desplegados más de 3 mil efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino.
Además, estuvieron presentes el jefe del Ejército, General de División Agustín Cejas; y el Comandante de la FDR, General de Brigada Tomás Moyano, entre otras autoridades de las Fuerzas Armadas.
La FDR integrada por las tropas de la IVta Brigada Aerotransportada, de la Xma Brigada Mecanizada y de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales se desplegó en el Noroeste argentino con el apoyo de elementos de la Vta Brigada de Montaña, de Aviación de Ejército y de la Fuerza Aérea.
Del adiestramiento participaron tropas de paracaidistas, mecanizados, fuerzas de operaciones especiales, tropas especializadas en la Puna, provenientes Salta, Jujuy y también de Buenos Aires, La Pampa, y Córdoba. Además, incluyó la participación de casi 200 vehículos terrestres, helicópteros militares UH.1H y Bell 206 B1/B3, aviones CASA C-212 y Cessna Caravan, dos cazabombarderos A-4AR Fightinghawk y otros sistemas de armas de la Fuerza Aérea.
Dada la reticencia de las instituciones castrenses a volcarse de lleno a la defensa de nuestra soberanía territorial, y su apego crónico a la hipótesis del enemigo interno, al menos conviene tomar nota al respecto. Sobre todo cuando, como si lo anterior fuera poco, por amplia mayoría el Congreso acaba de autorizar la entrada de tropas extranjeras para ejercicios militares combinados.
Para quien siga atentamente la evolución del malestar creciente en la base de la sociedad, nada de lo anterior debería causar sorpresa: Hace pocos días, activistas autoconvocadxs bajo la consigna “Bajen los precios. Tierra para vivir y producir. ¡Trabajo y alimento para el pueblo!”, burlaron el retén de ingreso por calle Lima al Ministerio de Desarrollo Social, forcejearon con las fuerzas de seguridad, realizaron pintadas en el interior de dicha repartición (“Basta de polenta”), y fueron procesadxs por “desacato a la autoridad”. Durante la misma Jornada Nacional de Lucha, miembros de la UTT – organización que administra el Mercado Central -, culminando una marcha simultánea por “Ley de Hábitat y Ley de Acceso a la Tierra”, se encaramaron a las rejas del Congreso de la Nación generando una escena digna del cineasta soviético Sergio Eisenstein en su película “Octubre” (foto que ilustra esta nota) “A buen entendedor, pocas palabras”: Nadie en su sano juicio debería tomarse a joda ni el hambre ni la bronca que produce.
En conclusión, a casi cuatro décadas de recuperación del orden constitucional vigente, en lugar de estar pensando en quebrar el bipartidismo a paso de tortuga, parecería más sensato para la militancia volcar su esfuerzo principal en irse organizando para capitalizar el próximo ciclo de luchas populares que inexorablemente se avecina.
Fuente: La Gomera de David