La construcción de una autopista daña severamente el ambiente y sitios arqueológicos. Sin licencia social, Schiaretti y las contratistas avanzan con represión sobre las comunidades. Ya son 16 los defensores ambientales procesados. Desmonte, desalojos y negocio inmobiliario.
Pese a la falta de licencia social, el Gobierno de la Provincia de Córdoba avanza con la construcción de la Autovía de Punilla, una autopista alternativa a la actual Ruta Nacional 38, que pretende unir la ciudad de Córdoba con el Valle de Punilla, partiendo de la Comuna de San Roque (Variante Costa Azul), hasta Molinari, cerca de Cosquín, evitando pasar por Villa Carlos Paz. En su trazado de 21,8 kilómetros de extensión arrasa con miles de hectáreas de Bosque Nativo, sitios arqueológicos y paleontológicos y desplaza a muchas familias campesinas que ocupan sus tierras ancestralmente.
En la Audiencia Pública realizada en 2021 el 90 por ciento de los vecinos, vecinas y organizaciones del valle rechazaron la autovía, como lo vienen haciendo durante más de una década. El Gobierno de Juan Schiaretti hizo oídos sordos y alegó que esa instancia no era vinculante y en junio dio inicio a las obras.
Juan Yacobs es vecino de Huerta Grande, comunicador social y Secretario General de la CTA Autónoma del Valle de Punilla. El martes 23 de agosto fue detenido junto a otros vecinos cuando cubría para el medio en el que trabaja las protestas y medidas de resistencia ante el avance de las topadoras. “Lo peor de este conflicto es cómo se está llevando adelante. Hemos denunciado todas las irregularidades y desde un comienzo el Gobierno ha hecho caso omiso a todos nuestros planteos y lo está haciendo de manera totalmente violenta”, comenta el comunicador en diálogo con Canal Abierto.
“La justicia cómplice no dio lugar a ninguno de los amparos que presentamos y no han dado curso a ninguna de las denuncias que hemos hecho. La obra avanza sin licencia social, sin el consenso de la población, el gobierno está encaprichado con esto y lo está haciendo a la fuerza”.
“El impacto de esta obra es de una magnitud incalculable porque afecta las fuentes de agua que dan abastecimiento al lago San Roque, a la ciudad de Córdoba y al río Cosquín. Además, la provincia de Córdoba está en crisis por los incendios, queda escasísimo bosque nativo y la traza atraviesa la parte de mayor valor conservacional de la provincia donde tenemos especies en extinción”, explica Yacobs. “También impacta sobre sitios arqueológicos y territorios de las comunidades originarias. Daña sitios que datan de más de 10.000 años de antigüedad, de la edad de piedra y ruinas líticas que ni siquiera hemos estudiado hasta el momento. Están destruyendo urnas funerarias, sitios de vida milenarios de comunidades ancestrales”.
A pesar de actuar pacíficamente en todo momento, Yacobs fue detenido por la policía provincial. “Toda la energía y los recursos económicos se están usando para proteger a las máquinas que hacen esta obra y para reprimir la protesta social de los defensores ambientales que somos todas personas de la zona que estamos yendo a intentar frenar este daño y estamos siendo perseguidos y amedrentados por la policía. Fuimos detenidos y hay más de 15 imputados. Están impactando los reservorios naturales y para eso están vulnerando la ley y los principios democráticos, el Estado de Derecho, con procedimientos irregulares”, comenta Yacobs, quien señala que los pueblos de la zona han quedado con guardias mínimas de fuerzas de seguridad y el grueso de los efectivos se concentra en custodiar el avance de las obras.
La patria contratista
La obra tiene presupuestado un costo de 100 millones de dólares que son financiados en un 75% por un crédito de la CAF (Corporación Andina de Fomento, hoy llamada Banco de Desarrollo de América Latina) y el saldo por el estado provincial. Las contratistas a quienes se adjudicaron los cuatro tramos de la obra, en una traza de 21,8 kilómetros, son las de siempre: José Chediack, Benito Roggio y Sacde S.A. (la ex IECSA de Macri). “Sabemos que ese presupuesto está sobrevaluado y que sumados los intereses del préstamo, calculamos unos 250 millones el costo final de la obra”.
“En un valle de Punilla que no tiene hospitales, que no tiene los servicios públicos mínimos, que carece de agua, en el que no hay escuelas de calidad es un despropósito tan grande y un nivel de complicidad y corrupción asqueroso. Estamos en medio de un conflicto social y estamos defendiendo no sólo los sitios de orden natural y patrimonial como te decía, sino que también el estado de derecho, el derecho a la protesta, el derecho a la información”, describe el periodista de Radio Panamericana de Huerta Grande.
“También defendemos nuestra dignidad moral, porque si logran hacer esto de esta manera después de eso no va a quedar más nada”.
Según la empresa Caminos de las Sierras, concesionaria de las autovías provinciales, este es el primer tramo del trazado. En una segunda instancia se extendería hasta La Cumbre, un tramo de 18 kilómetros más, aproximadamente. La fecha planificada para inaugurar el primer tramo es mayo de 2023, un mes antes del 25 de junio en que, casualmente, tendrán lugar las elecciones provinciales para elegir gobernador e intendente de Córdoba.
El dirigente de la CTA-A inscribe esta obra como parte de los corredores bioceánicos del IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), un proyecto para generar infraestructura para la circulación y extracción de materias primas del sur global hacia los países centrales.
Topadoras y atropellos
“Yo soy periodista de Radio Panamericana de Huerta Grande. Estaba haciendo la cobertura de la protesta del lado de los manifestantes cuando estos habían frenado una máquina poniendo el cuerpo. Es algo que se está haciendo habitualmente porque son tantas las irregularidades que se atreven a frenar la máquina y exigir documentación, sabiendo que la documentación no existe y que eso hace demorar la obra. Se presentaron las fuerzas policiales y les dijimos que queríamos que la Fiscalía (a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm) ordene el desalojo, que lo firme y nos retiraríamos. De un momento para el otro, aparecieron más de 50 efectivos policiales de la Guardia de Infantería de la Policía Rural y de manera absolutamente violenta empezaron a empujar a la gente, a arrastrarnos, sin mostrarnos ninguna orden judicial y sin identificarse. En ese revuelo, me agarran entre tres policías, me arrastran, me golpean y después fui llevado detenido a la comisaría de La Falda. Ahora estoy imputado, recién vengo de dar la declaración indagatoria y ahora tenemos que cargar con este proceso penal”, narra Yacobs.
Los procesos penales a los defensores ambientales del Valle se van acumulando. “Nos están desgastando. Recién iniciaron las indagatorias, fuimos y al final era simplemente para que nombre al abogado, pero tuvimos que faltar al trabajo y tomarnos ese tiempo. Eso es lo que se está viviendo, un abuso y una violencia institucional inusitada que jamás habíamos visto en estos años”, describe Yacobs su situación personal y la que atraviesan otras 15 imputados, entre otros: Matías Pérez (comunidad originaria ‘9 Lunas’); Gabriela Taborda Varela, Marco Dangelo y Yacobs, todos de la CTA Autónoma Punilla; y Marcelo Gonzales (Vecinos por el Ambiente de Punilla).
Este hecho de violencia policial no es el primero. En mayo pasado, un acampe establecido por los vecinos del valle para impedir la construcción en un obrador de la empresa SACDE, en la zona de Molinari, fue reprimido en horas de la madrugada por policía e Infantería de la Provincia, también sin orden de desalojo.
Días más tarde, cuando la empresa Chediack comenzó a trabajar en el lecho del lago San Roque para construir un puente, los vecinos se acercaron y fueron expulsados violentamente por efectivos policiales. El 20 de agosto, cuatro defensores ambientales, tres hombres y una mujer, fueron detenidos por la Policía en el paraje Molinari cuando exigían el cese del avance de las máquinas sobre una zona reconocida como yacimiento arqueológico.
Fuente: www.canalabierto.com.ar