“Desde la UTS denunciamos la situación que atraviesan las compañeras integrantes del Equipo de Atención Comunitaria en Salud Mental de Villa El Libertador, quienes se encuentran ante un intento de desarticular el servicio del que forman parte. En respuesta a las reiteradas solicitudes de un servicio de limpieza en su lugar de trabajo y de contar con insumos de bioseguridad como barbijos, guantes, alcohol en gel y un teléfono para comunicarse con los pacientes (a quienes han seguido atendiendo través sus teléfonos particulares) fueron citadas por las coordinadoras del Área de Atención Comunitaria para notificarles sus traslados ya que no se podía gestionar un servicio de limpieza. Traslados aparentemente dispuestos por el Ministro de Salud, firmado por la Directora de Salud Mental, licenciada Guidetti. Al mismo tiempo también trasladan a las integrantes de la extensión del Centro Infanto Juvenil que se desempeñaba en esa sede.
“En plena pandemia se deja sin cobertura de este servicio a una población de alrededor de 100.000 habitantes. Se traslada a las profesionales a varios kilómetros de distancia dejando desprotegida a la población y se imposibilita darle continuidad a las tareas de asistencia y promoción en salud mental.
“Esta medida no responde a un criterio sanitario claro, en un momento en que la atención en salud mental es incluso más necesaria por el aislamiento y, sobre todo, por el impacto que la pandemia tendrá sobre las comunidades en los meses venideros, dónde la presencia de profesionales de la salud mental en territorios será aún más imprescindible.
“Nos encontramos ante una nueva muestra del accionar autoritario del gobierno provincial que persigue y sanciona de manera encubierta por reclamar condiciones dignas de trabajo y atención”, finaliza el comunicado firmado por la Comisión Directiva de la Unión Trabajadores de la Salud de Córdoba (UTS-CTA).