Este lunes, en el Salón del Buen Vivir del Movimiento Popular La Dignidad en Capilla del Monte, tuvo lugar una charla organizada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) Punilla. El encuentro contó con las exposiciones de Cecilia Carrizo, Investigadora del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) y del periodista y Secretario General de la Central en esa región, Juan Yacobs, quienes abordaron la problemática de la gestión de riesgos ante fenómenos vinculados al cambio climático, en paralelo con los daños provocados por el primer tramo de la Autovía de Punilla.
La actividad, respaldada por el Movimiento Popular La Dignidad de Capilla del Monte, el Instituto de Formación en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la Provincia de Córdoba y el Equipo Ambiente, Sociedad y Territorios de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, buscó generar un enfoque multidisciplinario sobre el pasivo ambiental desde la dimensión del daño.
La Autovía y el conflicto socioambiental
Durante la charla, se pusieron en común denuncias que refuerzan la oposición al proyecto actual de traza del Corredor Bioceánico en el Valle de Punilla. Según expusieron los oradores y participantes, las comunidades afectadas enfrentan no solo la pérdida de tierras y daños irreversibles al ecosistema, sino también un profundo impacto emocional y social. Estos perjuicios se ven agravados por la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas, lo cual representa una violación al Convenio 169 de la OIT.
Un documento presentado durante la actividad, que recopila testimonios recogidos en la reunión multiactoral celebrada el 5 de diciembre en Córdoba, detalla experiencias de personas afectadas por la construcción de la autovía. Entre los daños denunciados, se subraya la destrucción de ecosistemas locales, incluidas áreas protegidas, vertientes de agua y la flora y fauna nativa. Además, se mencionaron los efectos negativos de las detonaciones constantes y la contaminación que produce la obra vial.
Testimonios: Daños humanos y patrimoniales
Los testimonios también pusieron en evidencia la afectación de sitios arqueológicos y patrimoniales, como morteros y pircas precolombinas, que fueron destruidos o severamente dañados por el avance de la autovía. A esto se suman denuncias de represión policial y hostigamiento hacia manifestantes y denunciantes que defienden el territorio.
Entre las voces que se destacaron, Omar Grillo, del Movimiento Popular La Dignidad, sostuvo que “este es un buen momento para reunir nuevamente los esfuerzos contra la autovía del Corredor Bioceánico”. Remarcó que este conflicto, que el Gobierno intentó aislar, necesita ser visibilizado como una lucha colectiva en articulación, defensa del territorio y la vida. Estuvo presente también la autoridad local de la comunidad Ishqom Quilla, del Pueblo Kamiare de San Esteban en representación de las comunidades afectadas por la represión y los incendios.
Otro vecino de la localidad de San Esteban, que no se identificó, señaló que a pesar de la falta de recursos técnicos, de logística y de control para evitar los incendios. La intencionalidad y la metodología mediante la cual se efectuó la última propagación de los incendios en el Norte de Punilla dan cuenta de una intencionalidad manifiesta.
Por otro lado, se denunció el impacto en la salud mental y física de los habitantes locales, en particular de niños y personas con discapacidades, debido al ruido, la contaminación y la inseguridad provocada por la obra vial.
Paula Rodríguez, del Movimiento la Dignidad, pidió la palabra para afirmar que habría que tomar con la misma seriedad que se asumen las catástrofes vinculadas al cambio climático, los crímenes cometidos contra las mujeres y disidencias. Y que en Capilla del Monte cuentan con los índices de Violencia de Género más altos de la región.
Reflexiones y próximos pasos
La charla dejó en claro que el conflicto socioambiental en el Valle de Punilla está lejos de resolverse. Las exposiciones y testimonios subrayaron la necesidad de continuar visibilizando las violaciones a los derechos humanos y ambientales que trae aparejada la construcción de la autovía.
En este sentido, la participación de organizaciones sociales, académicas y territoriales resulta clave para fortalecer la resistencia y aportar herramientas concretas a las comunidades afectadas. Como plantearon los presentes, la lucha por el territorio no solo busca detener el avance de una obra destructiva, sino también proteger los bienes comunes, el ambiente y la calidad de vida de las generaciones futuras.
El llamado final fue claro: Construir una oposición colectiva, diversa y activa que pueda enfrentar el avance de proyectos que vulneran el derecho a la tierra, al ambiente y a la autodeterminación de las comunidades.