Por Juan Carlos Giuliani*
El 24 de marzo de 1976 hubo un genocidio, no fue un golpe de Estado en su acepción tradicional. Y el blanco predilecto del terrorismo de Estado fueron los trabajadores y los militantes populares. A 48 años que la oligarquía asestara un golpe de gracia al Estado de Bienestar que se había edificado en nuestro país desde mediados de la década del 40; a 22 años de la creación del espacio de Memoria, Verdad y Justicia; a 20 años de la presentación que realizó la CTA ante el Juez Baltasar Garzón, de España, con la denuncia para que se declarara como genocidio el asesinato y desaparición forzada de miles de compatriotas; y a 18 años de la desaparición de Jorge Julio López, este 10 de diciembre el pueblo va a inundar las calles de todo el país para reclamar por los derechos humanos de ayer y de hoy.
Durante tantos años de lucha popular se ha conseguido sentar en el banquillo de los acusados a las juntas militares de la dictadura, anular las leyes de Obediencias Debida y Punto Final, hacer carne en nuestro pueblo, y sobre todo en los jóvenes, la defensa hasta el hueso de los derechos humanos, instrumentar los juicios por los delitos de lesa humanidad y resistir los embates del actual Gobierno Nacional con su reaccionaria política de derechos humanos que pretende reimplantar la Teoría de los Dos Demonios y reivindicar a los genocidas.
La Carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977 es ilustrativa de lo que se proponía el poder. La destrucción de la organización popular, el desmantelamiento del Estado de Bienestar, la imposición del neoliberalismo para abrir la economía, empobrecer al conjunto de la sociedad y entregar nuestro patrimonio nacional a los monopolios. Tuvo que asesinar a 30.000 compatriotas para poder llevar adelante este macabro plan cuyas consecuencias perduran en el tiempo. Hoy estamos padeciendo medidas antipopulares que traen pérdida de trabajo, baja de salario y entrega de soberanía. La principal herencia que dejó el genocidio del 76 es la pobreza de nuestro pueblo y la dependencia de nuestra Nación.
El Gobierno de Milei y su casta implementa un plan económico que tiene muchos puntos de contacto con el de la tiranía oligárquico-militar. En la época de Martínez de Hoz los funcionarios se ufanaban que para el país daba lo mismo fabricar acero que caramelos, promovían las importaciones en desmedro de la industria nacional y beneficiaban a las exportaciones de materias primas mientras el capitalismo financiero hacia negocios fabulosos a costa del sacrificio popular.
Ese modelo de reprimarización de la economía, sojero, extractivista, se ha prolongado en el tiempo. Ayer y hoy los bancos, las empresas de energía y las petroleras siguen siendo los principales ganadores de este proyecto de dependencia. No es un detalle menor que todavía esté vigente la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz. Ningún gobierno democrático se ha animado a meterle mano y proponer una Reforma Financiera progresiva, donde de una buena vez por todas paguen más los que más tienen.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos proclamamos Memoria, Verdad y Justicia, por la apertura de los archivos, el desmantelamiento de los aparatos represivos y de espionaje a las organizaciones populares, la suspensión del pago e investigación de la deuda externa, la defensa de los bienes comunes, el cese de los despidos y suspensiones, el 82% móvil a los jubilados, la igualdad de género.
Reivindicamos los derechos humanos de ayer pero reclamamos sin concesiones los derechos humanos de hoy: El hambre, el trabajo, la criminalización de la protesta, el gatillo fácil, la falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la negación de la libertad y democracia sindical, el injusto reparto de la riqueza. Repudiamos las políticas negacionistas y de reivindicación de la dictadura implementadas por este Gobierno neofascista y cipayo que ha puesto bandera de remate a nuestra Patria.
*Periodista. Escritor. Congresal Nacional de la CTA Autónoma en representación de la provincia de Córdoba