Según un informe de Claudio Lozano, en 2021 se produjo una transferencia explícita de recursos del trabajo asalariado a las empresas. En plena puja por un acuerdo de precios, el director del Banco Nación pide “regulaciones y controles” que le pongan “límites a la voracidad del capital concentrado”.
En medio de una escalada de tensión entre el Gobierno y las empresas alimenticias por el congelamiento de precios durante 90 días, un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) arroja, datos mediante, cierta luz sobre la responsabilidad empresaria en la inflación de los últimos meses.
“Desde el comienzo de la pandemia a mitad de este año, el producto creció un 17,9% llegando casi a recuperar los niveles de la prepandemia, sin embargo, la distribución de lo producido ha pronunciado la desigualdad existente”, sostiene el estudio titulado Ampliación de la desigualdad y expansión brutal de las ganancias. La irracionalidad empresaria que se niega a acordar un congelamiento de precios, elaborado por Claudio Lozano, director del Banco Nación, Agustina Haimovich, Ana Rameri y Mariana Rivolta.
En él, Lozano asegura que “redistribuir el ingreso exige superar escollos de carácter político construyendo regulaciones y controles que permitan establecer límites ciertos a la voracidad del capital concentrado”.
Lo anterior se sustenta en que, para el IPyPP, hay datos fehacientes de que existió una transferencia explícita de recursos desde el trabajo asalariado al capital. En números interanuales, la participación de la masa salarial cayó 10 puntos porcentuales en el PBI, mientras que el excedente bruto de explotación (EBE) aumentó en 3,9 puntos.
De acuerdo con el informe, esta caída en el ingreso “es el resultado de una estrategia empresarial que trasladó a precios el equivalente de la menor percepción de subsidios dejando fuertemente afectados a los/as trabajadores/as que padecen por doble vía, la menor asistencia del Estado y el proceso inflacionario desatado”.
En efecto, se trata de uno de los pisos históricos de la participación asalariada en el PBI y, al mismo tiempo, de un pico histórico en la apropiación a favor del excedente empresario. “El 40% de la participación asalariada, que llega al 31,1% si se detrae al sector público, no se verifica por lo menos desde el 2005 o 2006, al tiempo que un margen de explotación tan elevado no tiene antecedentes en ninguna de las metodologías que dispone el INDEC”, asegura el IPyPP.
Por otro lado, destaca que “si descontamos el efecto de los precios sobre las masas de ingresos del factor trabajo asalariado y sobre el excedente empresario queda claro que la inflación no afecta a todos por igual: mientras la masa salarial quedó prácticamente estancada, el margen empresario se amplió un 39% en términos reales”.
Más empleo y más precarización
En lo que a simple vista parece una paradoja, al mismo tiempo que la participación de la clase trabajadora disminuyó, los puestos de trabajo crecieron.
Si bien desde 2020 se recuperaron cerca de 2,9 millones de puestos de trabajo –fundamentalmente en el comercio, la construcción, las actividades inmobiliarias y empresariales y algunas ramas industriales–, esa recuperación trajo, según el informe, “un contenido de mayor precarización”: 1,3 millones de esos puestos fueron asalariados no registrados y 1,4 millones ocupaciones no asalariadas vinculadas a estrategias laborales de subsistencia. Es decir, la recuperación del empleo se debió, sobre todo, a actividades precarias.
Ese dato juega un rol en la pulseada entre el Gobierno y las alimenticias. “El aumento del EBE no fue generalizado para todos los sectores de la economía, sino que se concentró, no casualmente, en los sectores que detentan una estructura de mercado fuertemente concentrada”, afirma el IPyPP.
Desglosado, se trata del sector agropecuario (+3,18% del PBI), seguido de algunas ramas de la industria (sobre todo alimenticias) con un aumento del 2,26%, y el sector de minas y canteras (petróleo) con una expansión del 1,3%.
“Resulta conveniente advertir, por lo tanto, que son justamente los sectores (que embolsaron cuantiosos excedentes) aquellos con los que actualmente el Gobierno busca acordar mayores beneficios, exenciones y prerrogativas impositivas, concretamente con el Consejo Argentino Agroindustrial y a partir del proyecto de Ley de Hidrocarburos a la medida de las petroleras”, resalta el estudio.
“La encerrona que el gobierno nacional tiene que resolver es la partida principal en la que se juega el sesgo de la gestión. Si elige una posición conservadora entonces dará lugar a la actitud hostil y extorsiva de los principales grupos empresarios por la vía de mayores concesiones impositivas, subsidios y permisividad en los precios. Una posición transformadora que busque fortalecer efectivamente los ingresos de los sectores populares, el mercado interno y reactivar sostenidamente a la economía requerirá dejar de sujetar la opción distributiva a la disponibilidad de dólares”, finaliza Lozano.
Ilustración: Marcelo Spotti
Fuente: www.canalabierto.com.ar