Por Héctor Oscar Brondo*
Córdoba sufre desde hace una semana una de las peores catástrofes ambientales de las últimas décadas provocada por los incendios rurales, forestales y serranos (en su inmensa mayoría encendidos de manera intencional, con culpa o dolo de los autores materiales y/o instigadores).
La imposibilidad de controlar la situación infernal no tiene relación directa con la falta de recursos humanos y materiales suficientes.
La razón es que a partir de la aprobación en el Congreso de la Nación de la llamada “Ley Ómnibus”, impulsada por el Presidente Javier Milei, el Sistema de Evaluación de Peligro y Alerta Temprana de Incendios Forestales y Rurales que opera (u debería operar) el Sistema Nacional de Manejo del Fuego quedó prácticamente desactivado y fuera de “porra”.
Cabe recordar que la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (que recibió el mote de “Ley Ómnibus” por la cantidad de artículos y la magnitud de las reformas planteadas) es la herramienta con la que el Ejecutivo Federal encaró su plan de desregulación absoluta de la economía y la reducción (o destrucción) del Estado a su mínima expresión.
De entrada, nomás, el instrumento legal en cuestión logró que el Poder Legislativo declarara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Por ese lapso, además, permitió al Presidente de la Nación y a su Gobierno asumir facultades legislativas en esas y otras materias.
Pechando al ómnibus sin frenos y en bajada
Un dato no menor en este contexto ardiente en la que miles y miles de hectáreas de naturaleza en Córdoba están siendo reducidas a cenizas sin solución de continuidad y nos tiene a los cordobeses y argentinos de bien (en serio) elevando plegarias al cielo rogando que llueva, es que a la Ley Ómnibus la votaron a favor 10 diputados nacionales por Córdoba (de distinta extracción política) y los senadores Luis Juez, Alejandra Vigo y Cármen Álvarez Rivero. Obviamente, el Gobernador Martín Llaryora también le dio su respaldo de manera explícita.
Quizá por eso han adoptado posturas incomprensibles y rayanas en el ridículo con relación a los incendios que han transformado a Córdoba en una monstruosa hoguera en la que se están consumiendo los sueños de tantas familias y lugareños inocentes.
El Sistema de Evaluación de Peligro y Alerta Temprana de Incendios Forestales y Rurales surgió de la necesidad de poder anticipar situaciones críticas en relación al combate de incendios forestales y de campo. Motivó su creación la muerte de 25 bomberos voluntarios del cuartel de Puerto Madryn, Chubut, cuando combatían un incendio rural en las proximidades de dicha ciudad patagónica el 21 de enero de 1994.
A partir de ese hecho trágico se puso de manifiesto en nuestro país que es fundamental caracterizar y monitorear los factores que causan el comportamiento extremo del fuego, pudiendo anticipar así situaciones de peligrosidad.
En 1998 comenzó a sumarse el apoyo meteorológico al manejo del fuego. Así, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), en forma conjunta con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), empezó a confeccionar los primeros pronósticos especiales para incendios. De esta manera se dio inicio al trabajo conjunto entre ambos organismos para brindar el apoyo meteorológico al manejo del fuego, actividad que no funcionó en el caso de los actuales y dantescos incendios en Córdoba porque ambos servicios están prácticamente desmantelados.
Por esa razón, las alertas tempranas no funcionaron, la logística se desplegó a la bartola y el apoyo con brigadistas y equipos específicos llegó cuando las llamas ya se habían descontrolado y se generaban focos por todos lados, casi al mismo tiempo.
Que sea lo que el destino decida.
*Periodista