“Después de años de lucha pacífica y sostenida, seis compañeros y compañeras —entre ellos, tres miembros de la conducción de la CTA Autónoma Punilla y representantes de comunidades indígenas— serán llevados a juicio por resistir el avance ilegal y destructivo de la Autovía de Punilla.
“Lo que se criminaliza no es un delito. Es la defensa de la Madre Tierra. Es el ejercicio del derecho a la protesta, consagrado en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que el Estado argentino ha suscrito. En particular, el Convenio 169 de la OIT, que obliga a consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios ante cualquier intervención que afecte sus territorios. Esta omisión sistemática fue denunciada ante la OIT y reconocida por un tribunal ad-hoc.
“El compañero procesado —comunero de la comunidad indígena Isqon Killa–9 Lunas, referente de la organización Kami Henen e integrante de la Mesa Nacional del Parlamento Indígena Argentino— es uno de los imputados por esta causa. Su accionar, lejos de ser ilegal, estuvo amparado por el respaldo de su comunidad, por las leyes vigentes y por el principio ético de cuidar los sitios sagrados, el bosque nativo, el agua y la vida.
“Pero no sólo se criminaliza a un comunero indígena. También están imputados otros cinco compañeros, tres de ellos parte activa de nuestra CTA Autónoma de Punilla, por participar en acciones legítimas de resistencia popular. Son los mismos que pusieron el cuerpo frente a las topadoras, acompañando a las asambleas y comunidades que durante años advirtieron sobre los impactos irreversibles de esta obra, hecha a espaldas del pueblo.
“Mientras tanto, los verdaderos responsables políticos y empresariales de este ecocidio gozan de total impunidad. Intendentes y concejos deliberantes del Valle de Punilla aprobaron con absoluta arbitrariedad y sin consulta alguna los cambios en el uso del suelo que permitieron avanzar con el proyecto. Lo hicieron en reuniones exprés, entre gallos y medianoche, sin escuchar a las vecinos y los vecinos, ignorando las denuncias, escondiendo estudios de impacto ambiental, y acompañando al gobierno provincial en esta avanzada extractivista que busca convertir el valle en un corredor para los negocios inmobiliarios y turísticos.
“Este manejo oscuro y persecutorio, que hoy tiene a nuestrxs compañerxs en el banquillo, también es parte del juicio político que nosotros —y la historia— le va a hacer a esta casta de intendentes y concejales que entregaron el territorio.
“La persecución no es nueva. En 2022, las represiones, desalojos y detenciones arbitrarias marcaron cada intento de los pueblos por defender lo suyo. Y ahora, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, el propio Juan Pablo Quinteros salió a cuestionar públicamente el fallo que absolvió a seis dirigentes sociales en otra causa por protestas. Esa resolución —firmada por los camaristas Carlos Salazar, Maximiliano Davies y Patricia Farías— golpeó de lleno al ‘Protocolo Antipiquetes’ del Gobierno y desnudó lo que venimos denunciando: Una interpretación restrictiva, regresiva y anticonstitucional del derecho a la protesta por parte de sectores del poder judicial, alentados por el Ejecutivo Provincial.
“No se trata solo del pasado. La obra sigue. Y con ella, la destrucción. Los sitios sagrados del Yuspe y Santa María han sido arrasados. Las máquinas no se detienen. Pero nosotros tampoco.
“Por eso, desde la CTA Autónoma de Punilla, decimos con fuerza:
* “Exigimos el desprocesamiento inmediato de todos los compañeros imputados.
* “Exigimos que se respete el Convenio 169 de la OIT y la consulta a los pueblos.
* “Exigimos que se frene esta obra de saqueo y devastación.
* “Y exigimos que se ponga en el centro la vida, no los negocios.
“Defender la vida no es delito. Porque el único delito es destruir. Porque el territorio no se vende, se defiende. Porque este juicio no es solo contra seis personas, es contra todos los que luchamos por un futuro digno para nuestras comunidades, nuestras infancias y nuestras montañas”, finaliza la declaración de la CTA-A Punilla.