Por María Karina Lucero*
El segundo femicidio registrado este año en el Valle de Punilla volvió a dejar una pregunta que ya no admite postergaciones: ¿Cuántas mujeres más deberán ser asesinadas para que el Estado asuma plenamente su responsabilidad en la prevención de las violencias por razones de género?
La respuesta no puede buscarse únicamente en la conducta criminal de quienes ejercen la violencia machista. Cada femicidio es responsabilidad directa de su autor, pero también interpela al Estado cuando éste incumple su obligación de prevenir, proteger, investigar y garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Por eso vuelvo a sostener lo que expresé públicamente el pasado 3 de junio: en Argentina asistimos a la consolidación de un Estado feminicida. No se trata de una consigna ni de una exageración retórica. Se trata de una definición política y jurídica que describe una realidad: el Estado también produce las condiciones que permiten que los femicidios ocurran cuando incumple deliberadamente las obligaciones que le imponen la legislación nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
Los recientes asesinatos de Rocío Belén Gómez, en Santa María de Punilla, y de Agostina Vega, en la ciudad de Córdoba, vuelven a evidenciar esa responsabilidad institucional. En ambos casos trascendió que los agresores registraban antecedentes por violencia de género y permanecían en libertad antes de cometer los crímenes. Cuando las señales de riesgo existían y las respuestas estatales no fueron suficientes, resulta imposible no preguntarse si esas muertes pudieron haberse evitado.
La provincia de Córdoba registra siete femicidios en lo que va del año, seis de ellos ocurridos en localidades del interior. Este dato revela una profunda desigualdad territorial en el acceso a las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar las violencias por razones de género.
Mientras la ciudad de Córdoba concentra buena parte de los recursos institucionales, el interior provincial continúa afrontando enormes limitaciones. En el Valle de Punilla, el Polo Integral de la Mujer con sede en Cosquín cuenta apenas con siete profesionales —entre abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales— para asistir a toda la región, desde Punilla Norte hasta Punilla Sur. La demanda supera ampliamente la capacidad de respuesta de un equipo reducido que debe intervenir en una problemática cada vez más compleja.
A esta situación se suma el escaso compromiso que aún demuestran algunos gobiernos locales. Aunque la mayoría de los municipios y comunas firmó convenios con la Provincia para la creación de los denominados Puntos Mujer, todavía existen localidades que carecen de estos dispositivos, entre ellas Santa María de Punilla, Casa Grande y Charbonnier.
Los Puntos Mujer constituyen una herramienta esencial para garantizar la primera escucha, el asesoramiento, la orientación y el acceso a las políticas públicas provinciales. Su ausencia representa una barrera concreta para mujeres que muchas veces atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.
El panorama se agrava con el progresivo desfinanciamiento de las áreas locales de género. La reducción presupuestaria destinada a estas políticas deriva en condiciones crecientes de precarización laboral para los equipos interdisciplinarios. Se reducen jornadas de trabajo, disminuyen horas de atención y, como consecuencia directa, también se restringen los tiempos de acompañamiento para quienes necesitan asistencia urgente.
Esta realidad ya puede observarse en localidades como Capilla del Monte y guarda similitudes con lo ocurrido recientemente en el Hospital Municipal de La Falda, donde la reducción salarial aplicada al personal profesional terminó afectando la prestación del servicio. Cuando el ajuste alcanza a las políticas públicas esenciales, el impacto recae directamente sobre derechos fundamentales.
La preocupación también alcanza al funcionamiento del Poder Judicial.
Rocío Gómez junto a su asesino, Maximiliano Baudraco.
En el Valle de Punilla persiste un verdadero mapa de la impunidad. Los casos de Andrea Castana, Cecilia Basaldúa y Eliana Luján continúan siendo emblemas de investigaciones que aún no han logrado brindar respuestas satisfactorias. A ellos se suma el caso de la mujer hallada enterrada en La Falda, cuya identidad todavía no había sido oficialmente confirmada al momento de escribir estas líneas.
Cada expediente sin resolver prolonga el dolor de las familias, pero además genera un profundo mensaje de desprotección para todas las mujeres de la región. La impunidad también produce violencia.
A ello se agrega una situación estructural que merece atención urgente. La Cámara Criminal de Cruz del Eje funciona con una única Fiscalía de Cámara para todas las causas provenientes de Punilla Centro, Punilla Norte y del departamento Cruz del Eje. La acumulación de expedientes genera demoras y favorece la utilización creciente del juicio abreviado.
En numerosos procesos vinculados con violencia de género y delitos sexuales, esta modalidad procesal reduce considerablemente los tiempos judiciales, pero también limita la participación efectiva de las víctimas y de sus familias. Lo que nació como un mecanismo excepcional para racionalizar recursos termina beneficiando, en muchos casos, a personas imputadas por delitos de extrema gravedad mediante reducciones de condena, mientras quienes sufrieron la violencia quedan prácticamente excluidas de las decisiones.
La sobrecarga del sistema judicial es un problema objetivo. Sin embargo, esa realidad no libera al Estado de su responsabilidad. Los derechos de las mujeres no pueden quedar subordinados a la falta de recursos humanos o presupuestarios.
La Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ambas incorporadas al ordenamiento jurídico argentino, obligan al Estado a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar toda forma de violencia contra las mujeres. Esa obligación no se cumple únicamente mediante la sanción de leyes. Exige recursos suficientes, políticas públicas sostenidas, equipos especializados, dispositivos territoriales accesibles y un Poder Judicial capaz de brindar respuestas oportunas y eficaces.
Cuando esas obligaciones son incumplidas mediante recortes presupuestarios, debilitamiento institucional, ausencia de dispositivos de atención, escasez de personal especializado o respuestas judiciales tardías, el Estado deja de ser solamente un espectador de la violencia. Se convierte, por acción u omisión, en parte del problema.
El contexto actual resulta profundamente revictimizante. La violencia machista alcanza niveles de crueldad cada vez más extremos y exige una respuesta integral de todos los niveles del Estado: Municipal, Provincial y Nacional, junto con un Poder Judicial comprometido con la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres.
No alcanza con expresar condolencias después de cada femicidio. No alcanzan los minutos de silencio, los comunicados oficiales ni las promesas que nunca llegan a concretarse. La prevención requiere inversión pública, decisión política, fortalecimiento institucional y políticas sostenidas en el tiempo.
Los nombres de Natalia Delso, Agostina Vega, Legendra Villarreal, Iris Blanco, Delfina Aymino, Rocío Belén Gómez y de la mujer hallada enterrada en La Falda no pueden convertirse en una lista más. Detrás de cada uno de esos nombres hay una vida truncada, una familia atravesada por el dolor y un Estado que debe rendir cuentas.
Las mujeres de Punilla seguiremos organizándonos para exigir lo que no constituye un privilegio, sino un derecho humano fundamental: Vivir una vida libre de violencias.
Porque las políticas públicas de prevención no son una concesión de los gobiernos de turno. Son una obligación legal. Y porque el Estado no solo tiene el deber de reaccionar cuando ocurre un femicidio; tiene, sobre todo, la responsabilidad de impedir que suceda.
*Directora del Centro de Protección Familiar La Falda. Candidata a Secretaria General de la CTA Autónoma Punilla Norte