La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE) amenaza las prácticas de manejo sostenible de las comunidades campesinas de Córdoba, fundamentales para su sustento y la conservación ambiental. Desde el Movimiento Campesino de Córdoba-Somos Tierra, enfatizan: «Defendemos el monte porque es nuestra propia vida». En esta nota, testimonios de campesinos de San Alberto y Pocho reflejan cómo la decisión del gobierno de Javier Milei impactará no solo en su economía, sino también en la salud de los bosques nativos y su lucha contra el avance del agronegocio. «Esperamos que la provincia tome nota de lo que está sucediendo y busque soluciones. El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de atender el Fondo, pero también la Provincia debe buscar recursos en otros lugares», advierten.
A comienzos de octubre, y a través del Decreto 888/2024, el Poder Ejecutivo de la Nación dio de baja el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE), una herramienta creada en 2018 mediante la Ley 27.431 que tenía como objetivo facilitar la gestión del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), establecido por la Ley de Bosques Nativos (n.° 26.331), y gestionar recursos para cumplir con el Acuerdo de París en relación con el Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático.
Para quienes no vivimos en el monte, la noticia de la eliminación del FOBOSQUE fue una indignación más de las numerosas que sentimos desde la asunción de La Libertad Avanza. Pero, en verdad, es poco lo que conocemos acerca de la importancia de este fondo, no solo para los y las campesinas, sino para la conservación del medioambiente y el impacto en los incendios, que tanto dolor han causado en los últimos meses.
¿Para qué sirven ese fondo y la Ley de Bosques? ¿Qué se hacía con esos recursos? ¿Qué no se va a poder hacer? ¿Qué tiene que ver eso con las miles de hectáreas de monte arrasadas por el fuego? La tinta se acercó a escuchar los testimonios de integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba-Somos Tierra (MCC-Somos Tierra), la organización de ya 25 años, conformada por familias que viven en parajes rurales del todo el arco oeste, noroeste y norte de la provincia de Córdoba.
Dentro del Movimiento Campesino de Córdoba, el equipo de trabajo del Eje Bosques está conformado por delegadxs de las comunidades, que acompañan a productores en los trámites necesarios para acceder a los beneficios de la Ley de Bosques: desde hacer las mediciones y la georreferenciación de los campos hasta confeccionar los croquis, observaciones sobre los estados del monte o trámites vinculados a aspectos jurídicos.
«La Ley de Bosques representa una herramienta de defensa de nuestros territorios ante el avance del agronegocio sobre los territorios campesinos, que generó desalojos violentos y silenciosos durante el período de sojización de la región pampeana, y significó un traslado de la actividad ganadera al arco noroeste de la provincia con el modelo de desmonte total (en principio) y rolados o ‘desmonte selectivo’ desde la Ley 9.219 (de prohibición de desmonte total). El desmonte en la cuenca de las Salinas Grandes, por ejemplo, pasó de afectar el 17 % al 44 % del territorio entre 1990 y 2014″, subrayan desde el equipo.
De los 500 planes de conservación que se desarrollan en la provincia, alrededor de 300 pertenecen a predios campesinos o de pequeños productores. En los territorios organizados del MCC, representan 60.000 hectáreas de bosques con Plan de Conservación y el fondo recibido va desde los $4.500 a los $1.750 por hectárea de bosque conservada. Ese ingreso es utilizado para mejorar instalaciones de acceso a agua, prevenir incendios forestales, mejorar la sanidad del bosque, caminos e infraestructura productiva.
Voces campesinas: La defensa del bosque como medio de vida
La reciente disolución del FOBOSQUE, que contaba con un presupuesto de 14.710 millones de pesos para este año, encendió la alarma en las comunidades y los testimonios de los protagonistas reflejan cómo esta decisión afectará sus vidas y su relación con el bosque.
Alberto Salas es dirigente del MCC. Vive en el paraje Las Oscuras, departamento Pocho, y destaca la importancia de la gestión ambiental que llevan a cabo las familias campesinas, sobre todo, con relación a los incendios: «No hay incendios donde vivimos porque mantenemos el campo limpio, sin pasto ni yuyo. Los animales, las vacas, cabras y cerdos, ayudan a limpiar el terreno, comen, no dejan que el pasto se amontone, además que nosotros raleamos y cortamos leña seca de árboles viejos. El campo es nuestro trabajo y el uso que le damos al bosque es diverso; recolectamos frutos como algarrobo y chañar, y usamos los árboles para apicultura y como forraje para los animales. Yo le preguntaría a los de la Sociedad Rural si ellos le prenderían fuego a su producción».
Alberto también menciona el impacto positivo de la Ley de Bosques: “Nos sirvió para organizar nuestros planes de manejo. Tenemos delegado de bosque, promotores de bosques, estamos organizándonos y siempre capacitándonos para defensa de nuestra vida, que es el bosque. Más allá del beneficio económico que viene por esta ley, nosotros podemos tener nuestro propio manejo y control en los predios, y eso genera conciencia. Defendemos el monte porque es nuestra propia vida, por los beneficios que nos da, como frutos, leña, madera, contención de los vientos, del agua, oxígeno, sombra».
Romina Barcia, integrante del grupo de territorio y bosques del MCC, vive en el paraje La Concepción, en el departamento San Alberto. Ella enfatiza en el apoyo económico que recibieron a través de la Ley de Bosques. «La ley otorga una ayuda económica anual para los pequeños productores de la zona. Ha sido de gran ayuda para la zona, ya que todos sabemos de la sequía que estábamos y que estamos atravesando. Con ese dinero, fuimos viendo cómo hacíamos las perforaciones, pagar impuestos, mejorar corrales e, incluso, comprar animales. Este último año, se usó mucho para el alimento de los animales porque, como no llovió, no tenían qué comer”.
Ariel Ortega vive en el paraje Chua, en el departamento San Alberto. Es promotor de la Ley de Bosques y recuerda: «Las familias campesinas defienden el monte porque es un medio de vida, es su forma de vivir. Ancestralmente, lo han estado cuidando y ahora más que nunca porque, si sigue avasallando la frontera agropecuaria, nos quedamos sin tierra, se nos va nuestra forma de vida», afirma con profunda convicción.
Ortega resalta la importancia de la educación y la formación en el trabajo de conservación en este contexto. «La tarea de un promotor de Ley de Bosques es capacitarse para acompañar y ayudar al campesinado. Nos organizamos en reuniones, haciendo cursos, todo para adelantar trabajo. Aprender a manejar un GPS, tomar proporcionalidad de suelo, para poder ayudar, porque un campesino no está en condiciones de pagar un ingeniero agrimensor”, comenta.
La desaparición del FOBOSQUE tendrá consecuencias directas sobre su producción. «El dinero que viene de la Ley de Bosques ha servido para que quienes tienen problemas puedan mejorar todo lo que es para la producción. En caso de no haber habido ese fondo, mucha gente, a lo mejor, hubiera disminuido su producción, hubiera tenido que echar mano a otra cosa, como vender sus animales porque no tenía agua o porque no tenía alimento», señala Ariel.
La derogación no solo representa un retroceso en la protección ambiental, sino que también afecta la estabilidad económica de los campesinos de Córdoba. Las voces de Alberto, Romina y Ariel evidencian el compromiso con el lugar que habitan, con su conservación y con el desarrollo sostenible, hoy amenazado por decisiones políticas que ignoran realidades y necesidades.
Desafíos estructurales y sostenibilidad
Además de la producción ganadera, los campesinos recolectan leña, han comenzado con la apicultura y también a desarrollar pequeñas industrias lácteas. «Producimos entre 5.000 y 6.000 kilos de queso de cabra al año. Este sector tiene un gran potencial; en toda la cuenca, se podrían procesar hasta 1.6 millones de litros de leche”, afirma una de las técnicas. Esto no solamente es vital para la economía local, sino que también promueve una diversidad de productos, como el dulce de leche de cabra, que se comercializa en zonas turísticas y en la ciudad de Córdoba.
Sin embargo, el desarrollo de estos sistemas productivos enfrenta importantes dificultades. «No es que no sean rentables, sino que hay cuestiones estructurales presentes en todo el arco noroeste de la provincia, en todas las comunidades campesinas, que limitan su crecimiento», señalan. Entre estas dificultades, se encuentran el mal estado de los caminos rurales, la falta de acceso a energía eléctrica y la carencia de educación adecuada, lo que obliga a muchos jóvenes a trasladarse a las ciudades para estudiar.
Quienes llevaban adelante planes de conservación recibían un subsidio económico anual, que se traducía en mejoras en la infraestructura de sus predios, como alambrados, captación de agua y producción ganadera y apícola. «Pero estas mejoras no solo incrementaron los ingresos familiares, sino que también ejercieron menos presión sobre los recursos naturales», señala un responsable del área de Bosques y Territorio.
Las familias campesinas han mantenido un modelo productivo opuesto al del agronegocio. Este enfoque, que se ha desarrollado a lo largo de generaciones, está profundamente arraigado en el respeto por el bosque nativo y su biodiversidad. “Estos sistemas se han ido acoplando a los ritmos del bosque durante generaciones, lo que les confiere una gran estabilidad”, explica una de las responsables del área de Bosques y Territorio del Movimiento.
Desde el equipo, hacen alusión a que la Ley de Bosques «también ha sido importante por el reconocimiento que hizo de la vida campesina indígena como protectora de los bosques y correrse de la estigmatización de los hacheros destruidores del monte», lo que es leído como uno de los logros más destacados. «Esto es un impacto que se valora en el campo», subrayan y enfatizan que los trabajos de conservación se realizan con mano de obra local, fortaleciendo así el tejido social de las comunidades.
¿Qué va a pasar ahora? ¿Y la Provincia?
La preocupación refleja el impacto inmediato de esta decisión, que amenaza el sustento y las prácticas de manejo del bosque que han sido fundamentales para la economía local.
“Claramente, la provincia se queda sin una herramienta muy importante para el desarrollo territorial en el arco noroeste. Es gracias a la Ley de Bosques que la Secretaría de Ambiente tiene un panorama bastante claro de la vida de las comunidades y de sus ingresos”, explican desde el Movimiento Campesino. Esta herramienta no solo permitió el financiamiento de proyectos, sino que también facilitó un conocimiento profundo sobre las necesidades y realidades de las familias que habitan en esta región.
A pesar de los recursos siempre escasos del fondo nacional, los responsables del movimiento destacan que “fue una política que llegó a la gente”. Se refieren a cómo, a pesar de las limitaciones financieras, el FOBOSQUE logró un impacto tangible en la vida de las comunidades, permitiendo que los campesinos gestionaran de manera sostenible sus recursos.
Ante esta situación, desde el MCC-ST dicen: «Esperamos que la Provincia tome nota de lo que está sucediendo y busque soluciones. El Gobierno nacional tiene la responsabilidad de atender el Fondo Nacional de Protección de los Bosques, pero también la Provincia debe buscar recursos en otros lugares», subrayan. La protección de los bosques, afirman, es un compromiso que trasciende fronteras y existen recursos a escala internacional que podrían ser utilizados para implementar políticas públicas efectivas.
«La agenda de la protección de los bosques está en la mira mundial y es vital que Argentina no se quede atrás en esta lucha», concluyen, acentuando en la necesidad de un compromiso renovado por parte de todos los niveles de gobierno.
Imagen de portada: Movimiento Campesino de Córdoba
Fuente: www.latinta.com.ar