“El Circulo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA) expresa su profunda preocupación por el procesamiento de pobladores del valle de Punilla que protestaron por el avance de una Autovía
“Los asambleístas resultaron procesados judicialmente por un hecho sucedido el 13 de agosto de 2022, en el marco de múltiples protestas por el desarrollo de un proyecto de Autovía de Montaña promovida por el gobierno provincial, en medio de fuertes cuestionamientos por parte de científicos, técnicos, organizaciones y habitantes del valle que advertían las consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales del proyecto.
“En ese contexto, asambleístas se encontraron con el por entonces intendente de Cosquín en una cafetería y comenzaron a protestar con sus banderas y carteles -de manera pacífica pero con firmeza- reprochándole el otorgamiento del permiso de uso de suelo para que la obra atravesara el territorio.
“Sorpresivamente, luego del hecho 6 asambleístas se vieron imputados en una causa judicial acusados de amenazas y resistencia a la autoridad (entre otros cargos), debiendo comparecer el pasado 29 de julio ante un Tribunal de Villa Dolores para pedir su sobreseimiento en la causa.
“Desde el Cispren llamamos a las autoridades y funcionarios competentes a garantizar el derecho a la libertad de expresión y de la protesta por parte de ciudadanos organizados en asambleas y organizaciones socio-ambientales.
“No debemos olvidar que nuestro país forma parte del Acuerdo de Escazú -el primer pacto regional ambiental de América Latina y el Caribe que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales- que declara que ‘Todas las personas tienen derecho a desarrollar acciones sociales y políticas para defender y cuidar el ambiente’.
“Este principio democrático debe primar ante todo en nuestra provincia en un contexto socio ambiental in conflictivo, exacerbado con discursos teñidos de violencia institucional promovidos desde el Gobierno Nacional
“Estamos convencido que los poderes del Estado de Córdoba no pueden -ni deben- dejar de advertir que la judicialización de ciudadanos ejerciendo su derecho a manifestarse podría generar un antecedente muy peligroso relacionado a la criminalización de la protesta y la persecución judicial hacia los colectivos socio ambientales en los territorios provinciales”.
Fuente: www.cispren.org.ar