Por Sergio Coria*
Cada vez que un gobierno argentino habla de Reforma Laboral, conviene prestar mucha atención. La historia demuestra que, detrás de la palabra modernización, casi siempre se esconde la misma estrategia: Menos derechos para quienes viven de su trabajo y más margen para quienes concentran poder económico.
El proyecto de Reforma Laboral que hoy se impulsa no es una excepción. Se presenta como una respuesta técnica a un problema real —la informalidad, el cambio en las formas de trabajo, la crisis económica—, pero propone soluciones que avanzan sobre conquistas históricas del movimiento obrero.
La lógica es conocida: Abaratar el despido, flexibilizar jornadas, debilitar convenios colectivos, relativizar el salario y reducir el rol de los sindicatos. Todo en nombre de la competitividad. Pero la pregunta que nunca se responde es sencilla: ¿competitividad para quién?
Porque cuando se debilita la indemnización, se abarata la vida del trabajador.
Cuando se fragmenta el salario con sumas no remunerativas, se hipoteca el futuro jubilatorio.
Cuando se flexibiliza la jornada sin garantías, se legaliza la disponibilidad permanente.
Cuando se debilitan los sindicatos, se deja al trabajador solo frente al empleador.
La reforma no busca equilibrar una relación desigual; busca institucionalizar esa desigualdad.
El Derecho Laboral argentino nació para corregir una injusticia estructural: La desigualdad entre quien vende su fuerza de trabajo y quien compra. Quitar protección en ese contexto no es neutralidad, es tomar partido.
La promesa de que el mercado va a compensar lo que el derecho retira ya fue escuchada demasiadas veces. Y siempre terminó igual: más precarización, más miedo, menos futuro.
Modernizar no puede ser sinónimo de retroceder.Y reformar no puede significar que el ajuste vuelva a caer, una vez más, sobre los mismos hombros.
*Periodista. Ex dirigente del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTAA)