La Legislatura de Córdoba sancionó el 2 de septiembre una normativa que modifica y deroga artículos de la Ley 11.035, que regula el sistema Procesal Penal Juvenil en la provincia para adecuar la legislación local a la Ley Nacional 27.801, que comenzó a regir el 5 de septiembre y establece un nuevo Régimen Penal Juvenil. La adecuación provincial se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos al nuevo Régimen Penal Juvenil Nacional, particularmente por el cambio de paradigma que supone respecto de adolescentes de 14 y 15 años. Uno de los aspectos más sensibles de la Reforma Nacional es la incorporación de adolescentes de 14 años al Sistema de Responsabilidad Penal. Hasta ahora, bajo el paradigma de protección integral de derechos, la intervención estatal debía priorizar respuestas no penales y garantizar condiciones para el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
El debate se inscribe, además, en un clima social donde se profundiza la asociación entre juventud y peligrosidad, especialmente cuando se trata de adolescentes pertenecientes a sectores populares. Desde esta mirada, se instala la idea de que la violencia tiene como explicación principal la falta de castigo y que el problema radica en que determinados jóvenes “no son punibles”.
Esa simplificación deja en segundo plano problemáticas sociales mucho más complejas. Los consumos problemáticos, la falta de dispositivos de salud mental, la desigualdad y las múltiples violencias que atraviesan a numerosos barrios suelen encontrar respuestas estatales insuficientes fuera del Sistema Penal.
Así, el miedo aparece como un factor que acelera decisiones políticas y restringe la discusión sobre las causas profundas de los conflictos. Cuando la inseguridad se convierte en el principal marco para pensar las políticas públicas, el riesgo es que las respuestas punitivas desplacen a las estrategias de cuidado, prevención y acompañamiento.
En Argentina, millones de niñas, niños y adolescentes viven atravesados por la pobreza y la desigualdad. Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser bajar la edad para castigar ni llenar las cárceles de adolescentes. En nuestro país 4 de cada 10 chicos viven en hogares pobres. Son 5,1 millones de pibes y pibas. Y cerca de 1,1 millones viven en hogares indigentes. La pobreza también es violencia. La pobreza infantil no es solamente falta de ingresos. También implica dificultades para acceder a educación, salud, vivienda, alimentación, protección y oportunidades.
Nos oponemos al punitivismo porque no resuelve las causas de la violencia ni garantiza mayor seguridad. Necesitamos un Estado presente que llegue antes: Con educación pública, salud, alimentación, vivienda, deporte, inclusión y oportunidades. Antes que castigar hay que garantizar derechos.
Bajar la edad no garantiza mayor seguridad. No hay evidencia que demuestre que bajar la edad de imputabilidad genere una mayor seguridad. UNICEF señala que en 2023, solo el 2 % de las investigaciones penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires correspondió a adolescentes.
No son “aultos pequeños”. La adolescencia es una etapa de desarrollo y formación. Por eso la Justicia Juvenil debe ser especializada, educativa y orientada a la reinsersión social, con la privación de libertad como último recurso. Castigar más temprano no significa prevenir mejor.
Las infancias y adolescencias necesitan derechos, no abandono. Necesitan oportunidades, no exclusión. Necesitan políticas de prevención, no más cárceles. La seguridad también se construye garantizando derechos.