“Durante las últimas dos semanas de diciembre de 2023 el Gobernador Llaryora definió el congelamiento de los salarios de los trabajadores públicos rompiendo acuerdos previos de acompañar el sueldo con claúsulas gatillo según índices inflacionarios mensuales, además se aumentó el porcentaje de aportes a la ya ineficiente obra social APROSS junto con los aportes jubilatorios que luego no tiene alcance real en el salario de nuestros jubilados.
“En la primera semana de 2024 el Gobierno de la provincia de Córdoba decidió dar de baja más de 100 contratos de Personal de Salud de la mayoría de las reparticiones sanitarias de todo el territorio provincial.
“Esto incluye, por más que la versión oficial (a través del diario La Voz del Interior) sea otra, la baja de contratos de personal con mas de 10 años en sus funciones, licencias por embarazo, licencias por enfermedades como tratamientos oncológicos o cirugías etc., pero lo que se objetiva como un hilo común en todos ellos es la falta total de criterio sanitario en cada una de esas bajas. A través de esta medida se obliga a dejar sus funciones a personal de enfermería de áreas críticas como neonatología y clínica médica, médicos de guardia central, uti pediátrica y adultos,
médicos especialistas en regiones de la provincia donde el acceso a ellos seria imposible de otra manera, además se bajó el contrato de kinesiólogos, bioquímicos, personal administrativo y la lista sigue.
“Ante el reclamo de los trabajadores con sus respectivas direcciones hospitalarias, solo obtienen la respuesta de los directores de que estas disposiciones vienen desde instancias superiores de Gobierno y que no responden a disposiciones locales sobre el personal.
“Esta decisión del Gobernador Llaryora no hace más que dejar en evidencia, por un lado, la precarización en la calidad de los contratos de los trabajadores públicos con la inestabilidad total en sus puestos de trabajo donde no se respetan los mínimos derechos dispuestos por convenciones internacionales. Y, por otro lado, el total desprecio por el acceso a la salud a una creciente población que en los próximos meses verán restringidas sus posibilidades de pagar por los distintos sistemas de salud privada.
“Todo lo cual va a redundar en una masiva afluencia de pacientes a un Sistema Público sometido al desguace de personal y recursos técnicos cada vez mayores. En definitiva, habrá una menor calidad de atención en salud para la mayor parte de nuestra población.
“Hoy la sociedad en su mayoría, permanece ajena a estos cambios que se están produciendo de manera abrupta y bajo una discursiva oficial de que hay que optimizar recursos con mayor eficiencia del personal y con un menor costo para el Estado Provincial. La realidad es que, desde hace varios años no solo, no sobran trabajadores de salud, sino que por el contrario hay un marcado déficit de personal en numerosas áreas de todas las reparticiones provinciales lo que claramente redunda en una deficiente atención para nuestros pacientes.
“Revisar y controlar la calidad del trabajo público es una obligación del estado, hacerlo más eficiente también lo es, pero eliminar contratos de manera intempestiva, aleatoria, sin criterios sanitarios y sin el análisis de situación con las autoridades locales junto a sus trabajadores es una práctica de Gobierno que todo el Equipo de Salud a través de sus asambleas hospitalarias no van a dejar de denunciar públicamente para el conocimiento de toda la comunidad”.
Asamblea de Trabajadores Hospital San Antonio de Padua
Río Cuarto, 5 de enero de 2024
Fotografías: Verónica Franco