La semana pasada el Tribunal Oral Federal en Tucumán (TOF) dictó el embargo del Ingenio La Fronterita, cuyos exdirectivos están siendo investigados por una posible complicidad con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. En el lugar se instaló una base militar y funcionó un centro clandestino de detención y torturas.
El embargo había sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Pablo Camuña y por la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, dirigida por Carmen Chena. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán hizo lugar al pedido y dispuso medidas cautelares patrimoniales tendientes a la restitución y reparación de las víctimas del caso. Esta es la primera cautelar que se dicta sobre inmuebles propiedad de una empresa cuyos directivos están siendo investigados por este tipo de crímenes.
La Fronterita fue fundada en los años 20 en las afueras de la localidad de Famaillá por la familia Minetti, pero el centro clandestino de detención en su predio comenzó a funcionar ya con el Operativo Independencia, que se lanzó en la provincia en 1975 para luchar contra grupos revolucionarios, y continuó activo durante la dictadura.
La causa por estos hechos fue elevada a juicio en diciembre de 2021 y tiene como imputados a los exdirectivos Alberto Figueroa Minetti (ex administrador), Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos. Entre los delitos por los que se le imputa complicidad se cuentan violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas (en su mayor parte trabajadores del ingenio y dirigentes sindicales.
La fiscalía pidió el embargo preventivo de cuatro paquetes accionarios y de las rentas de propiedad de Jorge Alberto Figueroa Minetti. El casco histórico del ingenio fue vendido en 2016, pero los imputados “pero mantuvieron para sí miles de hectáreas que comprenden el bien inmueble”.
“Los jueces consideraron que se debía proceder al embargo con fines de decomiso del inmueble ya que se trata de un bien utilizado como instrumento del delito, en tanto fue cedido por los imputados -en su calidad de mandatarios, miembros o administradores de la empresa José Minetti & Cía- para el asentamiento de una base militar y centro clandestino de detención y torturas que funcionó allí”, explicaron desde el MPF.
«Para los magistrados, los acusados también colaboraron con la operación logística, dando los permisos y autorizaciones para que las fuerzas militares circularan y ejercieran el control total del predio y sus caminos internos, aportando vehículos de propiedad de la empresa al personal militar para el desarrollo de tareas de represión clandestina; y entregado información general y calificada sobre obreros y empleados del ingenio y sus familias a fin de lograr su identificación y que se ejercieran contra ellos acciones de persecución y represión ilegales», añadieron.
Esta causa puede servir como precedente para eventuales avances contra el ingenio Ledesma, de la familia Blaquier. Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, y Alberto Lemos, el administrador general, fueron procesados en 2012 privación ilegal de la libertad en dos causas, por los secuestros de 29 trabajadores y referentes sociales ocurridos entre marzo y julio de 1976, en el marco de lo que se conoce como “La noche del apagón”. El pasado 8 de julio, con más de seis años de demora, la Corte Suprema revocó el fallo de Casación que había beneficiado con una falta de mérito a los responsables empresariales.
Fuente: www.estadodealerta.com.ar