Por Cynthia Benzión*
La crisis que vivimos en nuestro país desde hace años se agravó con la pandemia. Miles de puestos de trabajo se perdieron a pesar de las medidas adoptadas para proteger el empleo. Y se estima que se perderán muchos más.
Los indicadores ya muestran un significativo aumento de la pobreza y la exclusión sin que nada indique que esto podrá revertirse en el corto y mediano plazo.
La normativa de emergencia no alcanzó para mitigar los efectos devastadores que el Covid-19 causó en los más débiles del sistema, trabajadores y trabajadoras que en muchos casos fueron declarados esenciales y debieron continuar trabajando para que la economía siguiera produciendo, sin la necesaria protección de su salud y, en muchos casos, con reducción de sus salarios.
El sistema de cobertura de riesgos del trabajo que rige actualmente no impidió los contagios masivos y fueron los propios trabajadores los que debieron participar activamente en la elaboración de protocolos y controlar su implementación en los lugares de trabajo.
Y en muchos de ellos fueron desconocidos sus derechos laborales.
Es fundamental el rol de los sindicatos, la implementación en todos los lugares de trabajo de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene, en los que las trabajadoras y los trabajadores con sus organizaciones sean parte de las decisiones en materia de la protección de su salud psicofísica.
Y hacerlos obligatorios por ley nacional, como existe en Santa Fe y en la Provincia de Buenos Aires.
Es claro que en pandemia han ganado las empresas, especialmente las que continuaron produciendo y en muchos casos, a costa de la salud de las personas trabajadoras. Es imprescindible poner un freno a un sistema que mostró hace tiempo y especialmente en esta crisis, su fracaso en términos de derechos humanos, económicos y sociales de las personas que trabajan.
*Presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas
Fuente: www.trabajodiario.com.ar