El ministro de Defensa, Agustín Rossi, en una videoconferencia organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), señaló que el Gobierno Nacional, cumplirá con las indemnizaciones establecidas por ley para quienes se adhirieron a la misma por el atentado de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero.
Participaron profesionales de distintos medios, entre ellos del diario Puntal de Río Cuarto. En la nota del mismo, firmada por el periodista Marcelo Irastorza, que siguió tanto la causa penal como la civil desde el comienzo, se indica que Rossi respondió a la pregunta de ese matutino. “Estamos trabajando para pagarles este año a las víctimas y familiares de la explosión de Río Tercero. Hay una Unidad de Ejecución dedicada a esto”, dijo el responsable de la cartera de Defensa, de la que depende Fabricaciones Militares.
El director de la empresa estatal, Iván Durigón, hace algún tiempo, consultado por Tercer Río Noticias sobre la ley que establece resarcimientos para quienes demandaron al Estado por la voladura en 1995, adhiriendo a la norma y desistiendo de la prosecución judicial, dijo a este medio que se estaba avanzando con un “grupo de trabajo”.
“Había que corregir alguna situación que la administracíón anterior había hecho mal”, expresaba el funcionario antes de cerrarse 2020. Y agregaba que se había iniciado esa tarea con cada expediente de los demandantes. Indicaba que el proceso para abonar los montos establecidos por la ley comprendía varios pasos legales. El primero -explicaba-, incluía a unos tres mil expedientes corregidos y los primeros certificados a firmar.
Luego de la firma de los mismos, el proceso -señalaba Durigón entonces-, implicaba que retornaran los expedientes rubricados al Ministerio de Defensa de la Nación. Allí se realizaría una segunda revisión y, posteriormente, se firma el segundo formulario pasando luego a Economía para que se realice el pago “después de una serie de controles”.
Destacaba que tanto el personal de Fabricaciones Militares como el del Ministerio de Defensa, trabajaban para concluir con este tema. “Y muchos trabajadores de Río Tercero se han sumado voluntariamente”, recordaba.
Además, aclaraba que todo ese trámite que se está realizando, es necesario legalmente que pase por los organismos de control. “Se trata de los controles internos de la administración pública, que tienen que ver con auditorías y la Sigen (el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional). Luego de esos controles pasan a Economía, que ya es un organismo distinto al que trabajó el expediente internamente”, detallaba.
Un largo proceso
La ley por las indemnizaciones surgió de un acuerdo entre la Comisión de Damnificados y el Estado Nacional en 2007. Al mismo se arribó en el Juzgado Federal de Río Cuarto, durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando era interventor de la entonces Dirección General de Fabricaciones Militares, Arturo Puricelli, que rubricó el mismo con el abogado Mario Ponce, patrocinante de más de 10 mil demandantes por daño moral y psicológico.
Luego de diferentes correcciones, se elaboró un proyecto de ley elevado por el Ejecutivo ya en la presidencia de Cristina Fernández a la Cámara de Diputados. La iniciativa y su envío al Congreso había sido un anuncio de la entonces primera mandataria en una visita en el año 2008 realizada a la Fábrica Militar Río Tercero, en ocasión de inaugurarse la nueva planta de reparación y producción de vagones que posee la industria estatal.
Ya en el recinto, el tratamiento perdería estado parlamentario. Ponce, además, solicitaba que debían actualizarse los montos establecidos por la ley. Finalmente, a instancias del entonces diputado y actual ministro del Interior, Eduardo de Pedro, se aprobaba la norma en julio de 2014 en Diputados y en 2015 era sancionada en la Cámara de Senadores. La misma era promulgada por el Ejecutivo, antes del cierre de ese año.
Restaba la reglamentación de la ley, para que esta pudiera entrar en vigencia. Asumido el nuevo gobierno, con la presidencia de Mauricio Macri, ese trámite se dilató. Ponce insistió ante quien era el primer interventor de la ex DGFM, Héctor Lostri, para que se cumpliera con ese paso legal. En 2016, el letrado presentaba un recurso de amparo en la Justicia Federal de Río Cuarto, para que se reglamentara finalmente la norma. El magistrado Carlos Ochoa, hacía lugar al amparo y le otorgaba al Gobierno 60 días para la reglamentación.
El Estado apelaba y en instancias superiores de la Justicia se dejaba en firme lo dispuesto por el magistrado riocuartense. Finalmente se advertía que existía un “borrador” del decreto reglamentario, aunque el mismo establecía el concepto de “causa vigente”, generándose una polémica y reclamos. En conclusión, si aquel decreto prosperaba, volvía abstracta a la propia ley, ya que los demandantes habían desistido de la acción civil.
Se pronunciaban autoridades, como el gobernador Juan Schiaretti. La Legislatura de Córdoba, consensuaba un proyecto en donde le solicitaban al presidente Mauricio Macri que se elaborara el decreto respetando la letra de la ley, aprobada, sancionada y promulgada en el año 2015. Finalmente llegaba la respuesta del Ejecutivo.
Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, entonces a cargo de Oscar Aguad, se informaba que no se trataba de un “proyecto de decreto”, sino de “un borrador que se había filtrado” y que la ley sería finalmente reglamentada, respetando el espíritu original de la misma, como había sido aprobada en el Congreso de la Nación.
El juez Ochoa, agotados los tiempos que le había otorgado al Gobierno, lo intimó con un último plazo para reglamentar la norma. La notificación llegaba a la Casa Rosada. El tiempo para efectuar ese trámite era de 10 días. El martes 17 de abril de 2018 finalmente se conocía que el decreto reglamentario ya estaba publicado.
Si bien se publicó una resolución de Fabricaciones Militares, firmada antes de dejar la función las anteriores autoridades del Gobierno, con una nómina de personas que podían cobrar, era cuestionada por el abogado Ponce por dos motivos.
La resolución, firmada por Luis Riva, exdirectivo de Fabricaciones Militares, salía publicada en el Boletín Oficial el 11 de diciembre, un día después de dejar el Gobierno la anterior administración. Ya, de hecho, claro está, se encontraba preparada. Generaba expectativas entre quienes aguardaban desde hacía años que se abonaran esos resarcimientos.
Los titulares de los diferentes medios del país coincidieron en que después de 24 años, “cobrarían los primeros damnificados por las explosiones de Río Tercero”. Sin embargo, lo que parecía ser una buena noticia, dejaba de serlo, o lo era a medias, en la medida en que se conocieron detalles sobre lo publicado. No eran las primeras que se abonarían. Ya se habían pagado por sentencia judicial otras, previamente, desde el Estado Nacional.
La Comisión de Damnificados, a través de Ponce, aclaraba que no era la primera resolución, ni la primera lista de demandantes civiles que se beneficiarían, vía ley, con los resarcimientos, pero sí, llamativamente, la primera en ser publicada. Señalaban que, casualmente, se había firmado poco antes de dejar el gobierno la anterior gestión.
La resolución, se indicaba desde dicha Comisión, no establecía que cobrarían en lo inmediato quienes integraban dicha lista, además, sino que era el inicio del proceso para que ello efectivamente sucediera. Es lo que está ocurriendo actualmente: un proceso que precisamente implica varios pasos antes de efectuarse el pago. Cuando asumió el actual gobierno, se aclaró, como está indicado, de una corrección en ese trámite.
Desde la Comisión de Damnificados, se cuestionada, además, que se hubiera hecha pública por parte del anterior Gobierno, la nómina de quienes supuestamente cobrarían en lo inmediato en bonos del Estado, exponiendo a decenas de personas, no solamente con sus nombres y apellidos, sino con el monto que percibirían por dichos resarcimientos.
Ahora, se asegura desde la actual gestión (lo hizo el ministro Rossi), se avanza para totalizar los pagos a más de 12 mil personas en el transcurso de este año, para cerrar un proceso de más de dos décadas, con demandas iniciadas poco después de la voladura.
Fuente: www.3rionoticias.com.ar