El trabajo contiene los aportes de: Sindicato del Personal de Servicio Doméstico de Río Negro y Neuquén; Sindicato de Empleadas Casas de Familia de San Juan; Asociación del Personal de Casas de Familia de Río Cuarto; Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Entre Ríos; Sindicato de Empleadas Casas de Familia de San Nicolás; Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma; y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma.
“Planchar, cocinar, limpiar el piso, lavar la ropa, cuidar de una persona adulta, de un niña/o o de alguien enfermo, son algunas de las actividades reproductivas que muchas personas tienen que realizar en sus hogares para que cada integrante esté en condiciones de ir a trabajar y/o para la atención/cuidado de quienes requieren asistencia”, comienza el informe sobre el estado de situación actual y explica que: “Esas tareas, muchas veces, son tercerizadas mediante la contratación de una empleada de casas particulares, quien permite aminorar o resolver la carga de las tareas reproductivas de algunos individuos y/o familias. El trabajo que realizan, implica un desgaste de su fuerza de trabajo y requiere el pago de un salario por el tiempo utilizado, como le sucede al resto de los y las trabajadoras”.
En la actualidad existen al menos 658.360 personas empleadas en el sector, y casi la totalidad (97.9%) son mujeres, siendo el sector más feminizado del mercado de fuerza de trabajo. Sus ingresos promedio mensuales y diarios son los más bajos de todos los ocupados/as del país, incluso, están por debajo de la línea de pobreza; acompañados por los niveles más altos de informalidad. “La gran mayoría de trabajadoras se encuentra no registrada (76.8%), es decir que tienen una gran desprotección frente a despidos, no tienen cobertura de obra social, ni aseguradora frente a accidentes de trabajo, no cuentan con aguinaldo o vacaciones pagas, etc”, indica el informe y describe la caída del empleo que ocurrió durante la pandemia, donde en las trabajadoras registradas de sector perdieron 20.706 (- 3,9%) puestos de trabajo formales y las no registradas alcanzaron los 250.290 (- 20,6%).
Asimismo indica que solo el 50% se encuentra ocupada en forma plena, es decir que trabajan entre 35 y 45 horas semanales, el 29% trabaja menos de 35 horas semanales y está en búsqueda de más horas de empleo y sólo el 6% supera las 45 horas semanales. La mayoría de estas trabajadoras desarrollan sus tareas en un solo domicilio (85.9%) mientras que una minoría se emplea en dos o más hogares. En materia de categorías, la mayoría se encuentra registrada en el escalafón más bajo de la legislación (tareas generales, 72%) y sólo a un 25% se las registra como cuidadoras.
El informe rebela que además de recibir bajos ingresos y estar mayormente no registradas, las trabajadoras de casas particulares tienen una alta responsabilidad económica y reproductiva. “Sus hogares están compuestos por más de dos o tres integrantes (93%) y la mayoría tiene hijas/os menores de cinco años a cargo (87%). Muchas son el principal sostén de sus hogares (48.4%) y también se encargan de las tareas reproductivas de sus familias (83.3%), es decir que duplican sus tareas dentro y fuera de sus casas”.
Esta situación compleja “coloca al conjunto de empleadas de casas particulares a una mayor exposición a situaciones de violencia y acoso laboral y a grandes dificultades para contar con algún tipo de protección en esas situaciones”.
Principales problemas y reclamos vigentes
La sanción de la ley 26.844 en 2013 fue un reconocimiento del trabajo de las trabajadoras de casas particulares, que permitió contar con un piso mínimo de derechos y recomposiciones salariales mediante la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares. No obstante, existen situaciones urgentes, en materia salarial y no salarial, que las trabajadoras del sector vienen manifestando hace tiempo.
Salario: “uno de las principales demandas de los sindicatos afiliados a la CTA-A sea la equiparación de los salarios al valor de la canasta básica, de modo tal que cada trabajadora tenga asegurado: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión, tal como establece el artículo 14 BIS de la Constitución Nacional. Otro reclamo salarial histórico es el pago de la antigüedad equivalente a un 1% por año trabajado. Otro adicional en disputa es el de zona desfavorable, que si bien en el caso de las trabajadoras de casas particulares los valores son bastante inferiores y aún así las patronales se resisten a pagarlo. También existen reclamos administrativos que impactan directo en los salarios”.
Registración laboral: “Frente a la situación generalizada de informalidad en el sector, las trabajadoras demandan una campaña de registro y fiscalización por parte del Gobierno. Otro de los reclamos resulta de los descuentos salariales que se les aplica a muchas trabajadoras al momento del registro. Es por esto, que reclaman que el Gobierno aclare que el registro de una trabajadora no puede implicar una merma en sus ingresos. En el mismo sentido, plantean la necesidad de aclarar que las cargas sociales no pueden ser descontadas del salario de las trabajadoras y es una obligación del empleador asumir la totalidad del monto”.
Obra Social: “Otra problemática del sector es la cobertura de salud de las trabajadoras. Por un lado, si bien existe la libre elección de una obra social, la AFIP condiciona a las trabajadoras a registrarse en la obra social OSPAC. Esta obra social, que administra el sindicato con personería gremial, tiene un déficit de centros de salud en distintos territorios, esto hace que las trabajadoras carezcan de atención médica, debiendo atenderse en los hospitales públicos cuando se les presentan problemas de salud. Por este motivo, muchas trabajadoras optan por elegir otras obras sociales”.
Despidos: “Durante el último año se registraron miles de despidos en el sector. Pese a la prohibición de despidos dispuesta por el Gobierno y la doble indemnización, muchas trabajadoras perdieron su fuente de ingreso sin recibir la compensación correspondiente, situación que se agrava para quienes trabajan en la informalidad. Si bien los gremios acompañan los reclamos de las trabajadoras, urge que el Estado fiscalice el debido registro y los despidos en el sector”.
Planes sociales: “En algunas provincias existe una incompatibilidad entre el registro de las trabajadoras y el cobro de algunos planes sociales. Esto genera que muchas continúen en la informalidad, es decir, en una situación de precarización de derechos para no perder ninguno de los ingresos. En este sentido, plantean la necesidad de un ajuste de los planes sociales para el sector, considerando que la amplia mayoría se encuentra por debajo de la línea de pobreza, y contar con un trabajo registrado no debería empeorar la situación de ninguna trabajadora”.
Vacunación: “Durante la pandemia, el personal dedicado a tareas de cuidado de personas fue considerado como personal esencial y además, tuvo una mayor intensidad de trabajo, debido al encierro y a la falta de colegios y espacios de recreación. El rol de esencialidad desde el confinamiento, no tuvo un reconocimiento en el plan de vacunación como ocurrió en otros sectores. Frente al avance de los contagios, y por tratarse de trabajos esenciales, resulta urgente que se priorice la vacunación de estas trabajadoras para cuidar de sus vidas como de la quienes cuidan a diario”.
Organización sindical: “La organización de las trabajadoras viene creciendo en las distintas provincias. Allí, el rol de las dirigentes gremiales es fundamental para atender y acompañar las distintas problemáticas. Para promover la organización y proteger a trabajadoras, militantes y referentes de despidos, suspensiones u otras prácticas antisindicales, es fundamental que en la Comisión de Casas Particulares se avance en el reconocimiento económico de las licencias gremiales para que las dirigentes sindicales, y en el funcionamiento de delegadas en el sector. En ambos casos, se trata de derechos fundamentales reconocidos en la ley de asociaciones sindicales 23.551, la Constitución Nacional y en los convenios y tratados internacionales”.
Propuestas y desafíos para la acción
Se vuelve fundamental pensar en la necesidad de fortalecer la organización y los lazos entre trabajadoras para poder mejorar las condiciones del empleo y los salarios, y para cuestionar la valoración social que se tiene sobre su trabajo.
Históricamente, las respuestas más efectivas se han conseguido de forma colectiva y a través de la acción. No obstante, existen algunos desafíos que se imponen a la hora de pensar de qué modo es posible fortalecer la organización colectiva: “la dispersión geográfica; las altas tasas de no registro donde el despido como respuesta disciplinadora es mucho más fácil de ejecutar; el tiempo disponible para dedicar a las tareas gremiales, entendiendo que se debe compatibilizar con otras tareas (con el trabajo y las tareas domésticas en sus propios hogares, por ejemplo); los escasos recursos que recaudan las organizaciones, teniendo en cuenta la falta de aportes y las bajas cuotas que implica la registración; el reconocimiento y pago de las licencias gremiales para las dirigentes del sector; la realización de campañas por el derecho integral de la salud; la visibilización, acompañamiento y abordaje de la violencia de género como de la violencia y el acoso en el sector”.
Fuente: www.ctaa.org.ar