Por Claudio Lozano*
Poner en cuarentena a prácticamente la mitad de la población mundial para afrontar la pandemia del Covid-19, supuso poner en suspenso e interrumpir las condiciones de reproducción del capital. La cuarentena implica un shock simultáneo que desploma ingresos y paraliza la producción, deprimiendo demanda y oferta al mismo tiempo, interrumpiendo los pagos de las deudas de empresas, familias y Estados, pinchando las burbujas especulativas, llevando al sistema económico a una espiral depresiva. Es en este contexto del mundo y de la Argentina que se inscribe el supuesto debate entre la salud y la economía. Decimos “supuesto” –aunque deberíamos decir falaz–, ya que, en realidad, no se trata de una economía neutra o aséptica, se trata de la economía capitalista que trina al percibir que la sociedad mundial, al ser puesta ante la opción de la vida o la muerte, puede tender a subordinar y posponer la maquinaria del rendimiento capitalista. Es tan brutal la contradicción que plantea la pandemia que importantes referentes del sistema de poder mundial han alentado estrategias de todo tipo para evitar las cuarentenas, pasando por alto, incluso, las evidencias de propagación del contagio y las pérdidas en vidas. Los casos dramáticos de Italia, España, Estados Unidos, Brasil e Inglaterra son elocuentes al respecto. Si hay algo que la pandemia ha puesto de manera evidente en el centro de la escena, es la escasa relevancia que la vida tiene para el régimen capitalista.
En nuestro país, el establishment local rápidamente tomó partido en esa discusión y, pese al evidente beneficio que la cuarentena demuestra tener en lo referente a preservar la salud de la población, adoptó una posición reñida con las necesidades de la sociedad, al tiempo que impulsa algunos planteos dirigidos a cuestionas la cuarentena en función de sus intereses. Estos comportamientos se expresan en el aumento ostensible e injustificado del precio de los alimentos, en la decisión de despedir trabajadores por parte de grupos empresarios que han tenido una inmejorable perfomance en facturación y rentabilidad en los años recientes, así como también en la reticencia por parte de los bancos a prestarle a las pequeñas y medianas empresas en crisis pese a las facilidades que en términos de liquidez les brindó el Banco Central. El boicot que estas prácticas suponen, pretende horadar la legitimidad de la medida del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y favorecer la insistente –y para nada ingenua– pregunta instalada por los medios de comunicación hegemónicos respecto a “cuando termina la cuarentena”. A la vez insisten sobre la necesidad de crear un comité de expertos económicos que acompañen al presidente, al igual que el de médicos e infectólogos, para poder salvaguardar la economía. Comité para el cual sólo proponen a quienes protagonizaron y sostuvieron, de manera directa o indirecta, el universo de ideas económicas que gobernaron los cuatro años de la experiencia macrista.
La pregunta acerca de “cuándo termina la cuarentena” pasa por alto que frente a la falta de vacuna y de tratamiento, el ASPO es el único instrumento capaz de reducir el contagio y permitirnos mejorar las condiciones para afrontar sanitariamente el problema. En la Argentina conocemos de sobra la contradicción entre las desigualdades propias del régimen capitalista y el sostenimiento del sistema público de salud. Es la primacía de la pauperización social y las desigualdades, así como el privilegio del negocio de la enfermedad, el que torpedea permanentemente el derecho a la salud y desfinancia el sistema de salud pública.
Es evidente que la cuarentena, con sus efectos en términos de caída de los ingresos y parálisis de la producción, plantea dificultades monumentales en el contexto de una Argentina devastada con más de un 50% de informalidad laboral agravada luego de cuatro años de deterioro social, recesión e industricidio. Pero a diferencia del intento de aprovechamiento de la fragilidad social de la Argentina para exacerbarla y voltear el éxito sanitario de la cuarentena (como lo ha hecho Techint despidiendo o las alimenticias remarcando precios y los bancos retaceando préstamos); la tarea es plantearnos cuáles son aquellas políticas que, atendiendo la fragilidad social de la Argentina, pueden permitir sostener el tiempo que haga falta este instrumento de cuidado poblacional que es la cuarentena. La cuestión, por lo tanto, no es “cuándo termina”, sino “cómo se sostiene”.
Puesto en estos términos, el debate pone en el centro de la escena al papel del Estado y las políticas públicas. En ese sentido, es imprescindible recordar que sistemáticamente frente a las crisis capitalistas la apelación hipócrita de los neoliberales a la intervención estatal es, por decirlo de algún modo, una reacción de manual. De la misma manera que en los momentos de bonanza alientan la privatización de los beneficios de la expansión, en las crisis buscan que el Estado le ponga piso a la caída de la actividad, socializando pérdidas a como de lugar. Por eso no debe asombrar que aquellos que hasta anteayer proponían ajustes brutales hoy puedan llegar a proponer la emisión monetaria como garantía de gobernabilidad. El debate sobre el papel del Estado en el marco de la pandemia debe ser profundo y sin concesiones. No se trata de socializar pérdidas para luego mantener el mismo régimen de desigualdades que nos trajo hasta aquí. Se trata de intervenir creando condiciones de mayor igualdad para el devenir de nuestra sociedad.
Ocurre que, si bien siempre ha sido un discurso mistificador aquel que jerarquiza a los mercados, bendice la competencia y pretende la vigencia sin interferencias de la oferta y la demanda (sobre todo en un mundo donde el 35% del comercio mundial es comercio intrafirma, otro 35% es comercio entre corporaciones y un solo fondo de inversión posee acciones del 88% de las firmas listadas en el índice de la Bolsa de Nueva York), la cuarentena de la mitad de la población mundial directamente hace que el mercado desaparezca. En este contexto, donde el mercado no funciona, es el Estado, como expresión de la comunidad, el que debe planificar la producción, el consumo y la inversión necesaria para afrontar este momento. Por todo lo expuesto, y porque objetivamente el Estado pasa a ocupar el lugar central en la discusión de la coyuntura es que creemos que no es momento de parches, sino de profundizar algunas definiciones estructurales que contribuyan a mejorar las condiciones para la salida de la pandemia.
En este marco, y sin pretender agotar lo profundo y extenso de la problemática, nos gustaría llamar la atención sobre los siguientes puntos o propuestas.
- Es imprescindible, aún en contexto de confinamiento, eludir la tendencia a la ocupación del espacio público por parte de militares y fuerzas de seguridad. Así como también a la subordinación de la política gubernamental a una matriz ligada a la expertice científica. Esto no implica perder de vista el aporte que las fuerzas armadas y de seguridad puedan hacer, ni mucho menos prescindir del saber científico. Sólo sostenemos que esto debiera inscribirse en un proceso de constitución de Consejos de Organización de la Comunidad frente a la crisis que permitan superar los límites que hoy exhibe el sistema institucional tradicional, que posibilite ejercer el contralor necesario, tanto sobre las tendencias autoritarias de nuestras fuerzas de seguridad, así como también monitorear que las definiciones que se toman en el terreno sanitario y de las políticas públicas en general, se reproduzcan adecuadamente en los distintos territorios. (En el marco de desigualdades y heterogeneidades vigentes, con un Ministerio de Salud que no tiene hospitales, no monitorear territorialmente lo que ocurre, exacerba la distancia entre el discurso y la realidad y, por lo tanto, debilita la gestión).
- Antes de la pandemia ya era absolutamente imprescindible suspender los pagos de la deuda pública con el objeto de liberar la presión que los vencimientos ejercían sobre el Presupuesto y por la imperiosa necesidad de transformar a éste en herramienta central para una política de ingresos e inversión pública que propiciara la reactivación de la economía. A la vez, dicha suspensión posibilitaba la utilización de las divisas para sostener, vía equipamiento e insumos importados, la mencionada recuperación. Si esto era ya central antes de la pandemia, hoy resulta también clave que los dólares disponibles se destinen a las prioridades que la emergencia sanitaria determine. En este sentido, es importante sostener la definición que ha planteado la oferta argentina a los acreedores privados bajo legislación extranjera, según la cual nuestro país no pagará ni intereses ni capital hasta el 2023.
No obstante, corresponde agregar dos cuestiones centrales. La primera, que la oferta en cuestión refiere a sólo el 20% de la deuda pública, quedando pendiente el resto y sin que se haya resuelto aún la situación con el principal acreedor de los próximos años que es el FMI. Acreedor flojo de papeles, para el cual tampoco se posee capacidad de repago y al que no debe aceptársele ningún condicionamiento relativo a la política fiscal y económica en general. En segundo lugar, no parece muy razonable en el contexto que la pandemia le impone al mundo y al país, emitir bonos de deuda soberana hasta el 2047 sobre hipótesis de pago construidas en base a proyecciones de superávit fiscal y externo de dudosa –por no decir de imposible– predicción. Máxime cuando los bonos que van a emitirse en base a escenarios casi de ficción, incluyen la cesión de soberanía jurídica en favor de tribunales extranjeros, así como la inclusión de condicionalidades y construcción de mayorías que limitan las posibilidades de discusiones futuras, que seguramente deberán darse frente a la modificación del escenario nacional e internacional.
La dificultad de saber con qué situación económica mundial y nacional nos vamos a encontrar dentro de tres años, debería ser un elemento a considerar para establecer la necesaria suspensión de pagos y acordar una tregua en las negociaciones hasta que la situación se normalice. Como decía el General “desensillar hasta que aclare”.
- El gobierno viene impulsando distintas políticas de ingresos con el objeto de compensar el deterioro que producto de la pandemia. No obstante, entendemos que en un país donde más del 50% de la fuerza laboral ocupada se encuentra en situación de informalidad y que, según datos al primer trimestre del 2019, el 57,4% de la población transita situaciones de vulnerabilidad y fragilidad social (situación que hoy es aún más grave), lo lógico sería abandonar el criterio de ir superponiendo distintas políticas e instrumentos para garantizar de inmediato una renta universal que sostenga como mínimo la canasta alimentaria para el conjunto de los hogares. Podría pensarse en una transferencia de $5.000 por persona para todos los habitantes de nuestro país, sin ninguna condicionalidad, es decir, $20.000 para un hogar tipo durante la vigencia de la pandemia.
- Sostener el tejido social y productivo asociado a las micro, pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas de trabajo y a las unidades económicas autogestionadas. En el segmento de MiPymes, a comienzos de abril, apenas el 10% de éstas se encontraban plenamente operativas. El 56% restante estaba completamente paralizado y el resto funcionaban de manera parcial. En este marco es imprescindible intervenir con política fiscal y con la regulación pública garantizando la reducción de la carga tributaria, el sostenimiento de los servicios públicos pese al no pago de tarifas, la prórroga para el pago de los alquileres y el sostenimiento de la nómina salarial. A la vez, debería concentrarse el crédito bancario en aquellas actividades que mantienen algún nivel de funcionamiento, en aquellas que son esenciales en la pandemia y, además, sosteniendo el capital de trabajo a partir del comienzo de la recuperación.
- Declarar de interés público y de utilidad pública todas aquellas actividades que resultan esenciales para afrontar la pandemia: alimentación, salud pública, medicamentos, equipamiento médico, higiene, sistema financiero y transporte, son algunas de ellas. Esta definición apunta a orientar los recursos con objetivo de favorecer estas actividades, pero también a dotar de herramientas al gobierno para disciplinar a los sectores dominantes, los cuales, como ya planteamos, no estuvieron a la altura de las circunstancias. El objetivo debería permitir reforzar el control sobre los precios (en cuestiones centrales para la emergencia como alimentos, medicamentos, higiene, entre otras), prohibir taxativamente los despidos, garantizar el abastecimiento, evitar el corte de servicios públicos frente al no pago de las tarifas y propiciar que las deudas que se acumulen sean absorbidas por aquellas empresas que, tarifazos mediante, se expandieron de manera descomunal en los últimos años. Así como también obligar al conjunto del sistema financiero a garantizar los créditos que defiendan el capital de trabajo y establecer un bono a través del cual el Tesoro Nacional capture parte importante de los pesos disponibles que los bancos no prestan, para que sirvan de fondeo para el Estado y permitan sostener su intervención.
Otra cuestión imprescindible es monitorear que los sectores de mayor capacidad económica mantengan el pago de impuestos en un contexto donde muchos sectores en dificultades o paralizados van a dejar de pagar. Es momento también de evaluar la conveniencia de retomar el control sobre cuestiones que se perdieron en el proceso de las privatizaciones. En este sentido, la crisis mundial evidenciada en la caída de los precios del petróleo posibilita la recuperación del 49% de las acciones de YPF a efectos de socavar la presión que fondos de inversión, petroleras y otros accionistas ejercen sobre la empresa, obligándola a mantener un comportamiento de carácter comercial y limitando la posibilidad de que opere como un instrumento de planificación para la construcción de un nuevo sistema energético. El descenso en el valor de las acciones permite encarar la recuperación y la transformación de la firma en una empresa pública con control político y social y dedicada a la cuestión integral de la energía.
Planteadas estas definiciones, queremos señalar que la combinación entre el planteo del punto 3, de garantizar una Renta Universal en el marco de la pandemia, y lo expuesto en el último punto, es decir, declarar de interés y utilidad pública las actividades esenciales, permitiría promover una contribución especial por parte de las grandes fortunas para garantizar la alimentación del conjunto de la población. Objetivo éste indispensable a ser abordado en una Argentina que se encamina a superar el 40% de pobreza y el 10 % de indigencia. Poniendo el foco sobre los 114 mil argentinos que tienen más de un millón de dólares de acuerdo a la información internacional disponible, y contrastándolos con los 32 mil que están registrados en la AFIP, es posible enfatizar el comportamiento de fuga y evasión que practican las grandes fortunas. A partir de tal constatación y sobre la base de los conceptos de renta mundial junto al de patrimonio y renta presunta se podría establecer un tratamiento especial que eleve las alícuotas sobre los bienes personales y que, por única vez, se implemente también una contribución especial sobre las principales firmas y bancos del país.
Lo recaudado permitiría sostener una renta de $5.000 por persona y $20.000 pesos por hogar. Las estrategias impositivas que aquí se plantean resultan importantes, pero no deben interpretarse como alternativas al uso de la emisión de moneda. Profundizando el control sobre el mercado cambiario y la oferta de divisas, reforzando la regulación sobre el sistema de precios y en el marco de una capacidad ociosa superior al 50% no hay razones para que la emisión tenga un efecto inflacionario. En la situación en la que nos encontramos la emisión viene a compensar la caída de los ingresos y, por lo tanto, en el mejor de los casos a evitar una caída mayor de la demanda. En ningún caso a aumentarla. Por otro lado, en el marco de la parálisis de la producción y de la capacidad ociosa, hay siempre, mas allá de casos puntuales, posibilidad de respuesta por parte de la oferta. Además, la eventualidad de una crisis por escasez de divisas parece casi imposible ya que, si bien van a descender las exportaciones, en mayor medida lo harán las importaciones en el marco del parate generalizado de la producción. Por lo tanto, la emisión no es un problema, el debate es qué destino se le da a esa emisión.
La coyuntura de la pandemia obliga a desplazar aquellas argumentaciones que buscan terminar con la cuarentena, o que pretenden compatibilizarla con la recuperación de la economía. El momento que transitamos es incompatible con una idea de recuperación. Obliga a transitar un tiempo de contención; encaminar todos los esfuerzos a evitar que los ingresos de la población se desplomen, a que las actividades centrales para la reproducción de la vida se garanticen y que las instituciones que concentran el saber hacer de la sociedad (empresas, cooperativas, etc) no se destruyan. Si logramos este cometido realista, estaremos en mejores condiciones para afrontar el futuro posterior a la pandemia. Un futuro que, a no dudarlo, seguramente nos deparará la necesidad de replantear muchas cosas.
En el plano mundial, la pandemia es una advertencia expresa para todos aquellos que parecen escaparle a la idea de que el carácter depredador del capitalismo contemporáneo pone en cuestión hasta la propia supervivencia de la especie. Sería un grave error considerar que el coronavirus es una suerte de agente externo y natural que se interpuso en nuestro camino. Sería un acto de enorme torpeza disociar lo ocurrido de los problemas del cambio climático, de la invasión y depredación de los ecosistemas y del carácter que adopta el sistema alimentario industrial. Sería suicida no asumir que las epidemias tienen que ver con la destrucción ambiental y que la salud de la humanidad esta asociada a la salud del planeta.
Es en este marco que la Argentina del extractivismo, del agronegocio, la megaminería y el fracking merece una profunda reflexión. Las visiones que, en los últimos tiempos, pasando por alto todas las consideraciones sociales y ambientales, pusieron expectativas en una salida exportadora sostenida en el maná de Vaca Muerta, se han caído a pedazos. La crisis mundial y el cambio en curso de la matriz energética del mundo, con su efecto en los precios del petróleo, obligan a abandonar esas ilusiones propias de la cultura rentista del capitalismo argentino.
A la vez, el coronavirus no es la explicación de la crisis mundial. En todo caso, es un catalizador de las profundas contradicciones que arrastra la sociedad a nivel mundial y que promueven mutaciones profundas que ponen en cuestión los predominios planetarios y la propia civilización. La incertidumbre que caracteriza al contexto internacional hace imposible pensar que pasada la pandemia todo vuelva a la situación anterior. No hay, por lo tanto, contexto mundial para una salida exportadora de la Argentina. Esto obligará a pensar en el mercado interno como orientación central para la recuperación de la economía, exigirá entender que la ampliación de este pequeño mercado interno se vincula con un cambio fuerte en la distribución de los ingresos que mejore de manera sustantiva el poder adquisitivo de la población y que transforme a la sustitución de importaciones, a la redistribución poblacional en el territorio y a la apropiación comunitaria y pública de los bienes naturales y comunes, en claves para una transformación profunda de nuestra sociedad.
* Político y economista. Integra el directorio del Banco Nación, donde coordina el Consejo Consultivo PyMES. Habiendo participado de la Juventud Universitaria Peronista, a fines de 1975 formó parte de la Juventud Guevarista. Fue detenido por la dictadura en 1976. Tras un forzado exilio interno, en 1978 ingresó al Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) conducido por Adolfo Pérez Esquivel. En 1984 asumió como director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE, siendo elegido en 1991 como miembro de la conducción nacional de ese sindicato y, desde ese lugar, formó parte de la fundación de la CTA. Fue electo Diputado Nacional en el 2003 por la CABA. En 2008 recibió el Premio Konex al mérito como legislador. En 2011 fue cofundador del Frente Amplio Progresista y nuevamente electo diputado nacional con el 17% de los votos en CABA. Durante sus tres mandatos recibió en nueve ocasiones el Premio Parlamentario. En el año 2012 fundó el Partido Unidad Popular junto a Víctor De Gennaro. Actualmente es Dirigente Nacional de UP y Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). Publicó La deuda ilegítima. Renuncia del parlamento y desafío de la democracia (Autonomía, Red Editorial, 2019).
Fuente: www.rededitorial.com.ar/revistaignorantes