Por Rodrigo Andrada Savoretti
Con el aval ilegítimo de Gran Bretaña y la inacción del Estado argentino, un entramado corporativo liderado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper avanza en la extracción ilegal de petróleo en Malvinas. Una radiografía sobre el origen diplomático de la usurpación y la complicidad política que entrega la soberanía en el Atlántico Sur.
El saqueo petrolero en las Islas Malvinas ingresa en su etapa decisiva. Con el aval del Rey Carlos III y el de las autoridades ilegítimas de ocupación, un consorcio de capitales extranjeros avanza sobre la explotación hidrocarburifera de la Cuenca Malvinas Norte.
Como detalló en una nota anterior la periodista Agustina Bortolon, en diciembre pasado se aprobó la comercialización del yacimiento Sea Lion, situado a doscientos kilómetros de Puerto Argentino.
En este artículo profundizamos sobre el cártel corporativo que monopoliza los recursos, repasamos el derrotero histórico que posibilitó la usurpación y analizamos la complicidad con la que el Estado argentino convalida el despojo.
La gloriosa perla austral bajo planificación anglosionista
Aunque el proyecto Sea Lion estuvo frenado 15 años por costos y riesgos jurídicos, Navitas recientemente se quedó con el 65% de la operación, dejando el 35% restante a su socia británica Rockhopper Exploration, según constató el sitio Agenda Malvinas.
Ambas empresas aprobaron la primera fase para extraer 170 millones de barriles (con un pico de 55.000 a 80.000 diarios), a los que sumarán otra etapa para alcanzar 319 millones de barriles de un total estimado de 917 millones, proyectando un negocio extractivo por más de treinta años ante la absoluta falta de decisión política del Estado argentino para frenarlo.
Tal como advierte la periodista María Fernanda de la Quintana en un artículo publicado en Tiempo Argentino, la explotación ilegal del yacimiento Sea Lion por parte de estas firmas avanza pese a existir una ley nacional que ya cuenta con antecedentes de aplicación.
Además de que el Estado argentino cuenta con la Ley 26.659 (regula y establece condiciones estrictas para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina) y con un antecedente directo de 2021 donde la misma Navitas fue inhabilitada por operar ilegalmente en la cuenca, la administración de Javier Milei opta por congelar el andamiaje punitivo, limitándose a tibias notas de protesta.
Como señaló el periodista Juan Pablo Kavanagh en Perfil, las contradicciones oficiales están más que expuestas.
Mientras el vocero presidencial balbuceaba desconocimiento y la Cancillería se escudaba en un comunicado formal del 11 de diciembre de 2025 emitido por la cartera de Pablo Quirno -el cual prometía medidas adicionales que nunca llegaron-, el CEO de Navitas, Amit Kornhauser, ventiló ante sus inversores que el proyecto avanzó «sin ninguna interferencia» del gobierno argentino y con «pleno apoyo» británico, interpretando los dichos de Milei como una validación de la autodeterminación isleña.
Asi las cosas, el Estado argentino, en todos sus poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, decide ser cómplice de un saqueo petrolero en nuestras islas.
No sorprende de una clase política gobernante y dirigente que omite un hecho tan crucial como tener el 25% del territorio bajo ocupación militar extranjera. Lo que debería ser un alerta federal y un consenso nacional e intersectorial, no es siquiera una preocupación. No es solo Milei el problema. Está claro, ¿no?
El fantasma del menemismo y la arquitectura del despojo
En la posguerra de Malvinas comenzó lo que Juan Rattenbach identificó como desmalvinización, un proceso político y cultural sistemático orientado a vaciar de contenido patriótico la Causa Malvinas, ocultar las responsabilidades de la dictadura militar en la derrota y disolver en la sociedad el reclamo soberano sobre las islas.
Durante los 80′ y 90′, ese proceso encontró su mayor auge político e institucional. Sin embargo, un hito surgido desde la sociedad civil comenzó a ponerle un freno simbólico crucial:
La reunión de combatientes de Malvinas en la ciudad de Río Grande, la más cercana a las islas, que el 1 de abril de 1995 dio inicio a la histórica Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas, hoy uno de los actos malvinizadores más grandes y emotivos del país.
Fue en esos años de contradicciones estructurales, disputas por el sentido común y una indisimulable subordinación a las potencias noratlánticas cuando la planificación del saqueo petrolero en Malvinas obtuvo el visto bueno del gobierno argentino.
Como bien remarca el sitio Agenda Malvinas, cuyo director periodístico es el combatiente Daniel Guzmán, la historia regulatoria de estas áreas marítimas comenzó en la política de acercamiento diplomático al Reino Unido promovida durante la gestión de Carlos Menem y el cancillerGuido Di Tella.
Tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el imperio británico bajo los Acuerdos de Madrid, la diplomacia de ambas naciones buscó encauzar la exploración hidrocarburifera en el mar austral.
El hito político de ese proceso se formalizó el 27 de septiembre de 1995, cuando Di Tella y el secretario del Foreign Office británico, Malcolm Rifkind, firmaron la Declaración Conjunta sobre Cooperación en Actividades Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental.
Un mes después, el Reino Unido y el gobierno ilegítimo e implantado en las islas lanzaban unilateralmente la Primera Ronda Licitatoria Offshore.
Fue allí, detalla el sitio Agenda Malvinas, cuando -amparadas en las relaciones carnales de la época-, las corporaciones petroleras acudieron a la convocatoria colonial y, en julio de 1997, otorgaron formalmente la licencia PL001 a un consorcio internacional liderado por la estadounidense Amerada Hess, en el que participaban Shell, Lasmo y la firma británica Argos Resources Limited.
Tras perforar sin éxito en 1998, las multinacionales abandonaron el área y la firma Argos Resources retuvo el bloque durante más de veinticinco años mediante extensiones coloniales y especulación financiera en Londres.
Recién en 2023, Argos vendió la licencia a la canadiense JHI Associates. Y finalmente en 2026, la israelí Navitas Petroleum asumió el sesenta y cinco por ciento del control operativo y la canadiense Eco Atlantic absorbió el resto (a diferencia del yacimiento petrolero vecino Sea Lion donde la británica la británica Rockhopper Exploration).
Navitas, la cara sionista del saqueo
La petrolera israelí Navitas Petroleum encarna la expansión de un modelo extractivo global que conecta de manera directa la usurpación del Atlántico Sur con los intereses corporativos en Medio Oriente.
Fundada en 2015 en Herzliya, la compañía opera como una sociedad bursátil enfocada en la apropiación de yacimientos costa afuera de alta rentabilidad. Su estructura combina sofisticados instrumentos financieros en las bolsas de Tel Aviv, Londres y Estados Unidos con una lógica de menosprecio sistemático por las normativas de soberanía de los Estados periféricos.
El timón estratégico de la compañía pertenece a Gideon Tadmor, cofundador y presidente ejecutivo de Navitas, reconocido como uno de los máximos pioneros del lobby energético en Israel.
Como detalla el análisis del economista Oscar Ugarteche (OBELA), la trayectoria de Tadmor hunde sus raíces en el desarrollo del gas en el Mediterráneo oriental a través del Grupo Delek, siendo el artífice central del descubrimiento y posterior saqueo de los gigantescos yacimientos marítimos palestinos, Tamar y Leviatán.
Junto a Tadmor, figuras como el cofundador Koby Katz y el actual director ejecutivo Amit Kornhauser -provenientes de los mismos conglomerados energéticos de Israel- administran un portafolio de grandes activos.
Tal como subraya la investigación de Ugarteche sobre la geopolítica de los combustibles fósiles frente a Gaza, estas redes corporativas guardan estrecha vinculación con el control militar y económico de las cuencas frente a las costas de Palestina.
La franja marítima palestina, que alberga el yacimiento Gaza Marine y colinda con los bloques explorados por los círculos de poder energético israelí, sufre un bloqueo sistemático que impide el desarrollo soberano de su población.
Mientras los recursos gasíferos de ese territorio son confinados o militarizados bajo la estrategia de Tel Aviv, los mismos grupos empresarios exportan su experiencia de despojo hacia otras latitudes coloniales: ¿ahora le toca el turno al Mar argentino?
Fuente: www.elresaltador.com.ar