“Hubo un recrudecimiento de la represión”

El Ejecutivo Nacional se dispuso en 2017 a la modificación del Código Penal. Para ello, creó una comisión de académicos y políticos presidida por el Juez Federal Mariano Borinsky. En el inicio de las Sesiones Legislativas 2018, Mauricio Macri anunció que el proyecto de modificación sería ingresado este año. Nada de eso ocurrió.

Oscar Testa, ex juez de la Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto, aseguró que “no están dadas las condiciones para ser tratado” ya que el mismo “de ninguna manera puede ser impuesto en el Congreso”, sino que “debe discutirse en todos los ámbitos sociales”. “La democratización del discurso penal es absolutamente imprescindible”, aseguró.
Advirtió también que “intensificar la presencia amedrentadora de gendarmería en la calle tiene como finalidad, sin ninguna duda, desalentar las libertades de la gente a reivindicar sus derechos. Se da una impresión de falsa seguridad sin rédito efectivo” en el combate al crimen organizado.

-¿Es necesario un nuevo Código Penal?

-No cabe ninguna duda. El vigente data de 1921 y sus 300 artículos han sufrido unas 900 modificaciones. En promedio cada artículo ha sido modificado 3 veces. Es un Código “emparchado” y muchos parches se han hecho cuando se ha instalado algún tema en la opinión pública, a las apuradas. Se han puesto penas que buscan un efecto que, superado el caso mediático que le da espectacularidad al tema, hay que seguir aplicando la norma día a día. Hoy hay que hacer malabares para hacer justicia penal.

-¿Hay alguna diferencia entre el proyecto del 2012, y el que se desarrolló ahora?

-Todo proyecto de Código Penal es un compendio de normas que regulan las relaciones entre los miembros de una comunidad. Va a regular la convivencia y establecer penas. No hay forma de que todos entendamos lo mismo ante estos aspectos, por ello el Código –o proyecto- tiene un altísimo componente ideológico. Esos componentes ideológicos hacen que el proyecto de Raúl Zaffaroni de 2012 sea totalmente diferente al proyecto de Borinsky. El de Zaffaroni no llegó a ser tratado nunca por ser tildado de garantista –sin ser leído- y el de Borinsky, aún con todo este ruido que se está generando, tampoco están dadas las condiciones para ser tratado. Ese código de convivencia de ninguna manera puede ser impuesto en el Congreso como cualquier otra herramienta de Gobierno, solo a partir de que “dan los votos”. Y eso es así porque un Código trasciende ampliamente la ideología dominante en un momento determinado e impacta en el futuro del país.Borinsky dijo en La Haya hace unos días que el Código es una construcción cultural generada por un grupo de esclarecidos penalistas y con la consulta a sectores políticos de todo el país. Yo creo que el acuerdo entre la academia y la política no es justificativo suficiente. El proyecto de código penal debe discutirse en todos los ámbitos sociales: en los barrios, cárceles, en todos lados. La democratización del discurso penal es absolutamente imprescindible.

-¿Existe una presión mediática para modificar el Código?

-Desde cierto sector de la prensa -especialmente grupo Clarín-, se agitan modificaciones parciales a lo vinculado a la cuestión migratoria -la falsedad de las declaraciones de los inmigrantes cuando ingresan al país y ocultan la existencia de causas penales- y a regulaciones en la protesta social. No se entiende por qué se está mezclando la modificación de estos artículos –como impulsan con tanto ímpetu-, con la modificación integral del Código.

-¿Hay consenso para las modificaciones en lo migratorio y la protesta social?

-Yo creo que estas pocas modificaciones terminarán siendo aprobadas con el acuerdo del Peronismo Federal, al menos, según insinuó Miguel Ángel Pichetto la semana pasada. Con las mismas se busca, pura y exclusivamente, la represión de la protesta social. Se agrega una figura para quien, en condición de interrupción de las calles, arrojara cualquier tipo de objeto sin necesidad de golpear a nadie. Y habría un agravante si esos proyectiles fuesen dirigidos a las fuerzas de seguridad. Vamos a volver a ver, como en fotografías de los años 70, a los colectivos y camiones cargando gente a mansalva porque tenían piedras en los bolsillos.Por otro lado, la restricción a los migrantes va a llegar al Congreso mediante una nueva ley de extranjería, independientemente de las modificaciones al Código Penal. Buscan que haya reciprocidad en el trato de los argentinos migrantes en otros países con el trato de los migrantes de otros países en Argentina. Si en algún país a los argentinos se les cobrara la universidad, nuestro país le cobraría al ciudadano migrante también. Esto iría contra la misma conformación histórica de la Argentina que siempre se nutrió de migrantes de la región y de todo el mundo. El endurecimiento a los migrantes para la obtención de la ciudadanía fomentará el trabajo en negro y mal pago a estas poblaciones que, finalmente, también sus consecuencias recaerán sobre el resto de la ciudadanía.

-¿Por qué se “endurece” el aparato represivo?

-Hay un recrudecimiento en la sociedad civil y la dirigencia política en cuestiones vinculadas a la represión. En este tipo de cuestiones primero se leen las encuestas y después se aplican.

-Hemos visto a la Gendarmería realizando tareas de control ciudadano para combatir al crimen organizado, ¿sirve esta fuerza a dicha tarea?

-Intensificar la presencia amedrentadora de gendarmería en la calle tiene como finalidad, sin ninguna duda, desalentar las libertades de la gente a reivindicar sus derechos. Se da una impresión de falsa seguridad sin rédito efectivo. La vigilancia permanente genera temor y profundiza cuestiones de discriminación y de ninguna manera hay posibilidad de éxito contra el crimen organizado con estas medidas. El crimen organizado se combate con inteligencia, con elementos que no van a encontrar al azar en la mochila de nadie que esté andando en un colectivo. Eso es para la tribuna.

Fuente: www.elmegafono.net